La consejera canaria Migdalia Machín, durante su defensa de la Ley de Ciencia en el parlamento autonómico.
Canarias presenta al parlamento su Ley de Ciencia, anunciada hace un año y que aún afronta su fase de debate
'Primera lectura' del cuerpo legislativo que pretende que el 3% del presupuesto autonómico se dedique a la disrupción.
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Cuántas veces habremos empezado un artículo como este diciendo aquello de 'las cosas de palacio…'. Pues aquí va un ejemplo más. Hace más de un año, concretamente en mayo de 2024, el gobierno de Canarias autorizó el inicio de la redacción de su ley autonómica dedicada a la ciencia y a la innovación.
Pues bien, no ha sido hasta este mes de julio cuando el cuerpo legislativo ha hecho su entrada por primera vez en el parlamento de la región insular. Todo un avance, sí; pero no esconde una realidad: no les resulta fácil a las administraciones levantar iniciativas de gran magnitud como esta.
Por suerte, como sucede en este tipo de leyes, la espera valdrá la pena, ya que pone los cimientos para el desarrollo de la disrupción en este territorio, lo cual acabará favoreciendo otros aspectos como la retención de talento o la atracción de inversiones.
Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, fue la encargada de defender el proyecto de Ley Canaria de la Ciencia, durante su debate en primera lectura.
Se trata de una norma estratégica con la que el ejecutivo autonómico busca consolidar un modelo de I+D+I fuerte, planificado y capaz de responder a los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del archipiélago.
Machín calificó esta jornada como "un día histórico para la ciencia en Canarias" y subrayó que la ley "es la oportunidad de contar, por primera vez, con una radiografía real de nuestro ecosistema científico, sobre la que construir una estructura sólida, con respaldo jurídico y vocación transformadora".
En su intervención, destacó que el texto presentado "es fruto de un trabajo conjunto, sereno y riguroso, en el que han participado todos los agentes implicados, con voluntad de consenso y mirada de futuro".
Reivindicó que el proceso ha sido "participativo y transparente", guiado por el equilibrio entre el "sosiego necesario para una norma de largo alcance y la celeridad que exige la situación actual del sistema".
Machín expresó su convicción de que "la ciencia debe ser un motor de transformación para Canarias" y subrayó que la futura ley incorpora herramientas clave como la simplificación administrativa, una nueva gobernanza con órganos colegiados, incentivos fiscales al I+D+I y objetivos vinculantes en materia presupuestaria. Entre ellos, el compromiso de alcanzar progresivamente el 3% del presupuesto autonómico destinado a investigación, desarrollo e innovación.
Asimismo, explicó que, una vez aprobada la ley, se pondrá en marcha el Plan Canario de I+D+I 2030, el principal instrumento de planificación científica de la próxima década. "Este plan reconoce el papel central de las universidades públicas y consolida la cooperación entre todos los agentes del sistema, reforzando su estabilidad y proyección", señaló.
La futura Ley Canaria de la Ciencia nace con el propósito de modernizar la política pública en materia de conocimiento. Permitirá orientar las decisiones estratégicas en ciencia, innovación y transferencia de forma coherente, evaluable y comprometida.
Como ya se avanzó en su día, la Ley Canaria de la Ciencia garantizará con esta norma una mejora de la inversión destinada a innovación. Además, para fortalecer el ecosistema I+D+i en Canarias, pondrá en marcha un paquete de medidas entre las que se encuentra un "fondo de fondos" que reforzará la financiación pública de proyectos empresariales innovadores.
El objetivo es "poner mecanismos eficaces sobre la mesa" para respaldar iniciativas tecnológicas innovadoras que aún se encuentran en fases iniciales y lograr asociaciones estratégicas entre lo público y lo privado, ha resaltado el presidente.
El gobierno canario ha reafirmado su compromiso "firme y decidido" con el desarrollo de la innovación en las islas. Esta apuesta se traducirá en la aprobación, durante esta legislatura, de una normativa que sustituya a la Ley de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación de 9 de junio de 2001.
