Recreación de lo que será el proyecto Altamira.
Los nuevos hubs autonómicos de centros de datos, entre la ilusión por el futuro y el desencanto con el Gobierno
Extremadura, Aragón, Cantabria o Castilla-La Mancha están sentando las bases para futuros ecosistemas ante las inversiones comprometidas, pero el decreto de Sánchez no ha sentado nada bien.
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El año 2025 acabó con un balance muy positivo en cuanto a inversiones comprometidas para la construcción de centros de datos en determinadas comunidades autónomas.
Se confirmaban varias cosas. La primera, que si bien España se posicionaba como un punto estratégico para este sector, su ubicación no iba a ser solo cosa de las grandes regiones (Cataluña o Madrid), sino que las regiones iban a tener un protagonismo especial.
La segunda, que a estas regiones se les abría un interesante futuro que exige compromiso de sus gobiernos autonómicos a la hora de complementar esas inversiones comprometidas con el desarrollo de ecosistemas.
Sin embargo, hay un factor que quizá no habían tenido en cuenta. Y ese factor tiene forma de Real Decreto firmado por el Gobierno central que preside Pedro Sánchez.
Un decreto, está de sobra explicado, que va "en la dirección contraria al camino industrial, empresarial y económico que está demandando la sociedad actualmente". Son palabras de la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán.
Desde el gobierno extremeño han recordado que esta comunidad autónoma cuenta actualmente con importantes proyectos de centros de datos en marcha y ha considerado que la situación planteada responde a "una falta de planificación ajustada a la realidad y adaptada a las necesidades del momento actual".
Cabe recordar que Fotowatio Renewable Ventures (FRV), Merlin Properties e Ingenostrum han comprometido hasta 6.000 millones en sus proyectos, un hito histórico para la región, que queda en una "posición privilegiada para aprovechar la oportunidad que representan estas infraestructuras, gracias a factores como la disponibilidad de suelo y la abundante generación de energía renovable".
![Jorge Azcón, presidente de Aragón, durante su intervención en el congreso de la patronal tecnológica Ametic.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11051076.jpg?p=w:320\/h:240&h=nrnDSWfK"])
Desde la Junta avisan que "no podemos estar produciendo energía limpia para que el valor añadido y el empleo se generen en otros territorios", al tiempo que defienden que los centros de datos representan una oportunidad para transformar la ventaja energética de Extremadura en "inversión, industria, innovación y empleo".
Si hablamos de futuros centros de datos hay que hablar también del que seguramente sea uno de los más importantes, el que la multinacional Meta tiene previsto ubicar –en formato campus- en Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha).
Este proyecto, del que por cierto la compañía guarda un mutismo absoluto, sigue avanzando en el terreno burocrático. El año pasado se aprobó la declaración de impacto ambiental que garantizaba el uso eficiente de recursos hídricos y hace escasas semanas, la Junta de Castilla-La Mancha concluyó sus responsabilidades con todo el desarrollo con la aprobación del proyecto de reparcelación.
En este caso, estamos hablando de una inversión privada que supera los 750 millones de euros. A ello se suman los efectos indirectos derivados de la actividad económica asociada. Y eso es un común denominador en todas las regiones pujantes en el sector de los centros de datos: la atracción de talento especializado, el impulso a la formación vinculada al ámbito tecnológico y la generación de nuevas oportunidades empresariales en sectores relacionados con la economía digital.
En el caso castellano-manchego, el hecho de que el ejecutivo regional sea del mismo color político que el Gobierno central no ha sido óbice para que el decreto no se haya puesto en el foco político en los últimos días.
Así, la pasada semana, el gobierno que preside Emiliano García-Page cargó contra el real decreto, asegurando que "presentarán alegaciones" y "eventualmente" acudirán a los tribunales. El propio presidente reconoce que le parece "bastante dramático" para vertebrar y cohesionar un país que "se esté diseccionando y se quiera pilotar el proceso y el mapa industrial en España divorciando las fuentes primarias de donde termina radicada la riqueza".
La vertebración territorial que va a suponer el desarrollo de gigantescos proyectos de centros de datos en la periferia peninsular tiene otra de sus paradas en Cantabria. Allí, otra multinacional, Google, tiene instalado un cable submarino que une EEUU con Europa con parada en Santander.
Más allá de entrar en tecnicismos sobre lo que supone que Cantabria tenga un cable submarino, lo mejor es resaltar que solo el hecho de contar con él supuso inmediatamente la atracción de una inversión de más de 3.600 millones en un campus de centros de datos en esta comunidad autónoma.
El proyecto se llamará Altamira, está promovido por la empresa XDC Properties y ya ha generado mucha expectación en tierras cántabras, que se ha convertido ya en una de esas regiones que, si todo sale como está previsto, va a tener un papel fundamental en el sur de Europa si hablamos de centros de datos.
Por eso tampoco en esta comunidad autónoma ha sentado nada bien el Real Decreto. Reflexionan en este caso sobre los criterios objetivos para impulsar centros de datos. "En ese sentido, el centro de datos Altamira debería figurar entre las instalaciones seleccionadas porque, aunque no fuera el mejor, se encontraría entre los proyectos punteros", explican fuentes del gobierno cántabro.
"No se puede pedir a un promotor que el 80% de la potencia que demanda tenga que ser de origen renovable y además instalada en los 18 meses anteriores al inicio de la actividad. Más restrictivo aún es exigir que en cada hora al menos el 80% de la energía eléctrica consumida proceda de generación renovable producida en esa misma hora", ha opinado el consejero de Industria, Eduardo Arasti.
Otro de los gobiernos autonómicos que ya están claramente posicionados como pilares del sector español de los centros de datos es el de Aragón. De hecho, muchos hablan de que esta es la región con mayor proyección en este sentido.
Desde tierras aragonesas tampoco ha sentado muy bien el real decreto. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha incidido esta tarde en que "de aprobarse como está se coloca a España en clara desventaja frente al resto de Europa".
La consejera ha advertido que la propuesta estatal "cambia radicalmente las reglas del juego y lo hace sin ningún tipo de diálogo previo ni con el sector ni con las administraciones públicas. La normativa contradice las propuestas anteriores para proyectos que llevan trabajándose y comprometiendo recursos desde hace años".
Además, Valle ha defendido la necesidad de establecer un marco regulatorio que combine los objetivos de sostenibilidad con "la seguridad jurídica, la estabilidad y la previsibilidad necesarias para atraer y mantener inversiones".
La opinión aragonesa en este ámbito debería contar y mucho como voz autorizada de todas esas regiones posicionadas para dar el gran salto tecnológico gracias a los centros de datos.
No en vano, cabe recordar, que es allí donde compañías como AWS o Microsoft tienen interesantes planes de desarrollo de data centers. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha reivindicado los 44.300 millones de euros asociados a grandes inversiones de empresas tecnológicas, de los cuales 15.700 millones proceden de AWS, otros 10.000 de Microsoft y aproximadamente 11.000 de Blackstone.
En todos los casos mencionados se trata de proyectos que no estarán acabados hasta dentro de algunos años, pero lo cierto es que la prosperidad que auguran en las zonas donde están previstos hace que prime la ilusión. Con lo que no contaba casi nadie es con que viniera un Real Decreto a salpicarlo todo con una pátina de desencanto por los planes del Gobierno.
