La presidencia española del Consejo de la UE: seis meses para reescribir las leyes de la era digital

Era la gran apuesta de Pedro Sánchez por consolidar su perfil internacional. La oportunidad de marcar el paso en el Viejo Continente hacia la era digital y verde, protagonizando el resurgir económico tras las consecutivas crisis provocadas por la pandemia y la guerra de Ucrania. Una ocasión excepcional para copar titulares y ganar influencia en algunos de los grandes debates sociales y legislativos de nuestro tiempo.

Hablamos de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), una responsabilidad que recae en España desde el uno de julio y hasta final de año. Se trata de una posición poco más que representativa y de coordinación, que implica presidir las sesiones en todos los niveles de esta institución y colaborar con la Comisión y el Parlamento en la organización de distintos encuentros y a la hora de llevar a buen término las distintas iniciativas comunitarias previstas para este período.

Sin embargo, el Ejecutivo español había dado una importancia mayúscula a esta presidencia, elevándola incluso como el gran hito político del curso y, quizás, la mejor baza para revertir las encuestas de cara a los comicios de diciembre del año. Con el adelanto electoral al 23 de julio, esta carta bajo la manga queda inoperativa y, lo que es peor, crea incertidumbre incluso sobre quién estará al mando durante estos meses que iban a ser tan cruciales.

Cruciales en muchas áreas pero, especialmente, en dos de ellas. Por un lado, en fortalecer la transición energética y la independencia en ese terreno de países como Rusia. Por otro, el que nos ocupa: cómo hacer de la digitalización un nuevo acicate económico para Europa, acelerar el paso para no perder el tren de la innovación y, al mismo tiempo, regular avances como el de la inteligencia artificial para garantizar que se mantengan los valores democráticos y de igualdad en estos nuevos entornos.

La anterior presidencia (Suecia) no es que se haya prodigado demasiado en estos menesteres. Durante su mandato, el Parlamento votó la AI Act -que analizaremos a continuación- y se impulsó la Gigabit Infraestructura Act para fomentar el despliegue de conectividad en toda la región. Poco más: todas las miras estaban puestas en el turno español, que además tiene a Nadia Calviño y a Carme Artigas como relevantes interlocutoras en Bruselas.

Pero estamos ante una presidencia que tiene en el tiempo su mayor virtud... y también su mayor enemigo. En torno a la primera de ellas, Jose Antonio Cano, director de Análisis e Investigación de IDC, explica que esta labor que comienza ahora tiene más importancia "de la que en un principio se pudiera pensar porque coincide con el último ciclo de presidencia completa de un país antes de que, en mayo de 2024, se celebren elecciones al Parlamento Europeo y, por ende, lleguen al final de su mandato tanto la presidenta de la Comisión Europea como el presidente del Parlamento Europeo". El analista cree además que la presidencia del Consejo de la Unión Europea otorga a España la oportunidad de "ejercer liderazgo, influir en la agenda europea y representar los intereses de los países de habla hispana y mediterráneos".

En la misma línea se muestra Leopoldo Maestu, presidente de Alstom España y Portugal y vicepresidente de la Fundación I+E: "Más allá de las normas concretas, debemos ser conscientes de que su éxito residirá tanto en la refundación de una economía más inteligente y competitiva como en una mayor capacitación y bienestar de las personas. En especial, la necesaria formación en esas tecnologías debe ser entendida como un proyecto de país, de cada país y de toda la UE, abordándolo desde la esfera pública y privada".

Sobre los designios del tiempo en su vertiente menos positiva profundizaremos en breve.

Qué ha hecho España en otras presidencias europeas

Esta no es la primera ocasión en que España ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, sino que en cuatro ocasiones anteriores hemos tenido ya este honor (1989, 1995, 2002 y 2010). Cabe decir que, en ninguna de ellas, la innovación, la tecnología o la ciencia fueron campos cruciales en el trabajo realizado y los hitos perseguidos por los respectivos gobiernos del país (Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero).

Por ejemplo, el gran logro de la presidencia de 1989 fue sentar las bases para la futura Unión Económica y Monetaria que, en última instancia, acabaría dando vida al euro (el cual fue acuñado como tal en el siguiente turno español al frente del Consejo, en 1995). Poco más de aquella presidencia, marcada por los últimos coletazos de la guerra de Yugoslavia.

Y es que con el euro tenemos una historia de amor, ya que sería con Aznar presidiendo el Consejo de la UE en 2002 cuando la moneda finalmente entrara en circulación. Una etapa que estuvo protagonizada también por esfuerzos en coordinar las respuestas contra el terrorismo internacional que entonces estaba en plena ebullición. 

Foto de familia de los Jefes de Estado y Gobierno en la reunión del Consejo Europeo, celebrada en Madrid en 1989, que puso fin a la primera presidencia semestral de España de la Comunidad Europea. EFE

De la de 2010, poco hay que subrayar: con la crisis económica como telón de fondo, la presidencia de Zapatero fue eclipsada por el núcleo duro de Bruselas y la intervención en Grecia.

En ese sentido, José Antonio Cano recuerda las cuatro prioridades que España se ha marcado durante la actual presidencia. Sin grandes sorpresas respecto a lo ya descrito en la Agenda 2025 y los planes de desarrollo regionales: reindustrialización de Europa ("para garantizar la autonomía estratégica abierta"), reforma del mercado eléctrico y más renovables, avanzar hacia una economía más justa y solidaria ("para evitar la evasión fiscal de las multinacionales") y la integración de la unión bancaria y mercados de capitales. Como ven, lo digital sobrevuela muchos de estos aspectos, pero sigue sin protagonizar ninguno de ellos.

Reescribir el futuro digital 

La relación de España con la digitalización es, particularmente, estrecha. El país ha hecho un gran esfuerzo por avanzar en esta carrera y, lo cierto, es que los datos hablan por sí solos de los buenos resultados obtenidos con la estrategia elegida. 

En tiempo récord esta región ha pasado de ocupar la onceava posición del Índice DESI (Índice de Economía y Sociedad Digital) en 2019 a subir hasta la séptima en 2022, convirtiéndose en uno de los líderes de la UE en aspectos como la conectividad o los servicios públicos digitales. 

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La Unión Europea, de hecho, felicita a la región en la última publicación de este informe por tener uno de los planes de recuperación "más grandes y ambiciosos en materia digital", donde se dedica el 28,2% (19.600 millones) del total a este sector. A la par, el organismo celebra las "importantes reformas y estrategias" que el país ha puesto en marcha en este sentido dedicadas a facilitar la "transición digital de la economía y la sociedad", entre ellas, la Estrategia España Digital 2026, el Plan Nacional de Competencias Digitales o la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 

Como resultado de estas políticas, el sector tecnológico-digital facturó en España 114.493 millones de euros en 2021, un 5,2% más que en el ejercicio anterior, por encima de la media de la economía nacional, según datos de la patronal tecnológica Ametic. A ello contribuyen alrededor de 36.541 empresas, que dan empleo a unos 582.412 trabajadores.

Además, el gasto de las Administraciones Públicas en este sector durante ese mismo año quedó cerca de los 5.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 96% interanual que se produjo como consecuencia de los fondos europeos y los grandes PERTE promovidos por el Ejecutivo. 

La palabra 'digital' no fue ni mucho menos la protagonista en la presentación de las prioridades para la presidencia europea que hizo Pedro Sánchez.

Así, teniendo en mente la remarcada apuesta que ha hecho España en los últimos años por digitalizarse y avanzar en el desarrollo y legislación de las nuevas herramientas tecnológicas, era de suponer que la región iba a mantener esta prioridad durante los seis meses que presidirá el Consejo de la UE. 

No obstante, en la presentación por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las líneas de actuación que seguirá el Ejecutivo durante este período la palabra "digital" no fue, precisamente, la protagonista. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta las prioridades de la Presidencia española del Consejo de la UE, en Moncloa, este jueves. E.P.

Hay que remitirse ante el documento que envió la delegación española al Consejo a principios del mes de junio, que se ha hecho público posteriormente, para conocer las prioridades que abordará España en dichos seis meses para reescribir el futuro digital de la región. 

D+I - EL ESPAÑOL ha tenido acceso al mencionado dossier, donde se mencionan los objetivos del país en relación a leyes que marcarán el futuro de Europa en el sector tecnológico. Entre ellas, el Reglamento de Inteligencia Artificial, la Ley de Ciberresiliencia, la Ley de Cibersolidaridad, la Ley de Ciberseguridad, la Ley de la Europa Interoperable o la Gigabit Infraestructure Act. 

También, se hace referencia otras líneas de actuación como el refuerzo del sistema de startups, en línea con el objetivo de duplicar el número de unicornios en la UE recogido en la Década Digital 2030, o estrechar lazos con América Latina y el Caribe mediante la EU-CELAC Digital Alliance.

Aunque todas tienen su grado de importancia para el futuro europeo, lo cierto es que hay una que destaca entre las demás, especialmente, a raíz de los últimos debates generados a su alrededor.

El Reglamento de IA, la joya de la corona...

La inteligencia artificial (IA) y, en concreto, su vertiente generativa, se han convertido en protagonistas del panorama digital, ocupando titulares de noticias y conversaciones y creando una conciencia mundial sobre los beneficios que puede aportar a empresas y usuarios, pero también alrededor de los riesgos que plantea en materia de seguridad o derechos de los usuarios. 

Ante este contexto, la Unión Europea ha querido dar un paso al frente en la regulación de esta herramienta con el objetivo de garantizar mejores condiciones en el desarrollo y uso de esta tecnología innovadora. Aquí es donde nace el Reglamento de Inteligencia Artificial (IA Act, en inglés).

El origen de esta legislación se remonta a abril de 2021, cuando la Comisión propuso un primer marco regulador en el que se abordaban estos sistemas, que ha ido evolucionando hasta la actualidad, y que busca convertir a la UE en la primera región en el mundo en poner reglas sobre las oportunidades y riesgos derivados de esta tecnología que avanza imparable. 

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Sin embargo, no ha sido hasta hace relativamente poco, el pasado 14 de junio, cuando los eurodiputados han adoptado una posición negociadora sobre dicha ley. A partir de ese momento, comenzaron las conversaciones sobre la forma en la que la legislación con el objetivo de alcanzar un acuerdo a finales de este año. 

El camino trazado por los organismos europeos para la adopción de esta ley coincide, de lleno, con la presidencia española de la UE. De hecho, el Ejecutivo español ha afirmado, en varias ocasiones, que sacar adelante este Reglamento constituye una de sus "principales metas" a abordar en este período. 

"España hará sus mejores esfuerzos para concluir las negociaciones del IA Act con el Parlamento Europeo, garantizando que no menoscabe la innovación y, al mismo tiempo, que proteja los derechos fundamentales de las personas", apuntan desde la delegación española en el mencionado documento remitido al Consejo con sus prioridades.

La vicepresidenta Nadia Calviño conversa con el ministro alemán, Christian Lindner, durante una reunión del Eurogrupo Unión Europea

"Aunque los hitos legislativos específicos pueden variar dependiendo de la agenda y las prioridades establecidas durante ese período, el primer hito con el que se encuentra España es la ley de IA que se ha aprobado recientemente y que ha suscitado un debate interesante que de seguro servirá para adaptar el camino a seguir en este aspecto", añade José Antonio Cano, de IDC.

"Lo más probable es que el Reglamento de IA se apruebe bajo la presidencia española. España alberga muchas empresas prometedoras que trabajan en IA, y el Gobierno ha tomado la iniciativa estableciendo la primera Agencia Nacional de Supervisión de IA de Europa y liderando el sandbox regulatorio", destacan por su parte dos de las patronales del sector, Adigital y Ametic.

... que aprobará Bélgica

No obstante, al final el tiempo es el que es y, si bien el Ejecutivo y el tejido empresarial español en un primer momento hablaban en términos que daban a entender que esta ley se llevaría a término durante la presidencia española, lo cierto es que esta situación es altamente improbable. 

Según fuentes de la UE consultadas por D+I - EL ESPAÑOL, es "bastante improbable" que España pueda aprobar la ley de inteligencia artificial durante su presidencia rotatoria

Según fuentes de la UE consultadas por este medio, durante los seis meses que durará el mandato, lo que se espera conseguir es un acuerdo político provisional del proceso de trílogo (es decir, las conversaciones entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea) en el mejor de los casos. Esto significa que la ley no será adoptada formalmente hasta la presidencia belga.

"La adopción es un proceso complicado y largo que requiere una meticulosa revisión jurídica y lingüística del texto, algo que tarda entre dos y tres meses tras el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento", precisan dichas fuentes. Así, es "altamemente improbable" que se apruebe hasta "una fase posterior" que, seguramente, tendrá lugar bajo el siguiente mandato. 

Fortalecer la ciberresiliencia y la interoperabilidad de Europa 

No obstante, la inteligencia artificial no será la única protagonista de la presidencia española del Consejo de la Unión Europa. El país también ha señalado que otra de las prioridades que afrontará en este período será el refuerzo de la ciberresiliencia de la región. 

Con este objetivo en mente, el Ejecutivo nacional ha precisado que continuará las negociaciones sobre la regulación de los productos que dispongan de algún tipo de elemento digital a través de la Ley de Ciberresiliencia (CRA, por sus siglas en inglés).

Junto a ella, se posiciona la ciberseguridad, una de las principales preocupaciones de los organismos europeos en los últimos años debido al notable incremento de los ciberataques. De hecho, según datos de la propia Comisión Europea, se produce un ataque de ransomware en la actualidad cada 11 segundos. 

Este contexto ha dado como resultado la necesidad de crear normativas que obliguen a los fabricantes a crear productos y servicios más seguros en todo su ciclo de vida útil. Así, en septiembre de 2022, nace la CRA. 

En concreto, esta ley obliga a las empresas que fabrican este tipo de artefactos a que eliminen las vulnerabilidades de sus artículos y a que faciliten a los usuarios servicios de ayuda técnica e información actualizada sobre las especificaciones de los mismos con el objetivo de que puedan elegir aquellos que son más seguros. 

[Europa pone el foco en la regulación de la ciberseguridad de los dispositivos conectados]

Respecto a esta normativa, las mismas fuentes de la Unión Europea señalan que se espera alcanzar un acuerdo en la posición negociadora durante la presidencia española del Consejo de la UE, algo similar a lo que se avanza en relación a la Ley de Ciberresiliencia, ambas muy relacionadas. Según precisan, dependiendo del calendario de actuaciones que se lleven a cabo, las negociaciones con el Parlamento Europeo podrían iniciar y concluir durante el mandato español, aunque creen que es "bastante improbable".

Desde Adigital y Ametic defienden al respecto que la recién publicada Política Europea de Ciberdefensa ha sido un paso histórico, "pero ahora necesitamos definir los vínculos formales con ciberexpertos en empresas". Proponen la creación de un sistema de adquisición de defensa rápido y flexible, similar al DIANA de la OTAN, y más campus centrados en cibernética para hacer frente a la escasez de personal cualificado.

Y, respecto a la Ley de Ciberresiliencia, consideran que si bien es algo bienvenido, "la presidencia española debería garantizar que las normas de cumplimiento sean realistas a la hora de su aplicación tanto para las empresas como para las autoridades nacionales".

Bruselas es la capital de la Unión Europea.

En la misma línea, el Ejecutivo español también incluye la interoperabilidad en la región europea entre las prioridades que marcarán su mandato en el Consejo de la UE. En concreto, su objetivo pasa por avanzar en el mandato de negociación sobre la Ley de la Europa Interoperable. 

La propuesta de esta normativa fue aprobada por la Comisión Europea a finales de 2022 con el objetivo de mejorar la capacidad de las administraciones para cooperar y hacer que los servicios públicos funcionen a través de fronteras, sectores y organizaciones.

Víctor Calvo-Sotelo, director general de la asociación DigitalES, explica a D+I- EL ESPAÑOL que esta legislación será una de las que más impacto generarán en el futuro digital europeo porque favorecerá la sostenibilidad de las inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones, las que, según recuerda, "soportan el desarrollo de toda la actividad digital". 

De la misma forma que con las anteriores, se espera que en el mandato español se alcance una posición negociadora común y, dependiendo de los tiempos, que las negociaciones con el Parlamento se inicien y concluyan bajo la presidencia española, de acuerdo con las fuentes de la UE consultadas. Según precisan, esta situación es más probable que las anteriores, aunque puntualizan que, a pesar de que se llegue a un acuerdo político provisional con el Parlamento, la adopción formal tendrá lugar bajo la presidencia belga.