Este hecho da cuenta del crecimiento exponencial que está experimentando la cantidad de información genera por los seres humanos y las máquinas. De hecho, según la revista Nature, se espera que los datos creados, capturados y replicados anualmente en todo el mundo aumenten de los 33 zettabytes de 2018 a los 221 zettabytes en 2026. 

Sin embargo, a pesar de que se han convertido en un elemento clave para la industria, los expertos señalan que, actualmente, no se está aprovechando el gran potencial que tienen para impulsar la innovación y el crecimiento económico debido a que la mayoría están en posesión de las grandes compañías. 

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En este contexto, aparece la Data Act, una normativa propuesta en 2022 por la Comisión Europea como parte de la estrategia europea para fomentar el flujo de datos entre los estados miembros y reforzar los derechos de los consumidores, las empresas o el sector público ante su uso. En concreto, se aplicará a la información derivada de los dispositivos conectados, por ejemplo, los vehículos inteligentes o los electrodomésticos ‘smart’, quedando fuera otros como los móviles o los ordenadores de uso personal. 

Según recuerda la misma revista, la Comisión espera que todas las iniciativas emitidas alrededor de los datos generen alrededor de 270.000 millones de euros adicionales en el producto interior bruto de los Estados miembros de la UE hasta 2028 al desbloquear la información que hasta el momento no está utilizada en todo su potencial. 

No obstante, algunos científicos han denunciado que esta legislación no les concede esos derechos prometidos ni saca el máximo partido a dichos macrodatos y, por tanto, supone una oportunidad perdida para acelerar la disrupción en áreas como la salud pública o la lucha contra la desinformación. 

Una ley "decepcionante" para la investigación

La Data Act establece que las autoridades públicas pueden solicitar información a las empresas en caso de "necesidad excepcional", por ejemplo, ante emergencias sanitarias o catástrofes naturales. Además, la ley también permite el acceso a datos comerciales de grandes firmas en caso de que sean necesarios para cumplir tareas de interés público. 

Así, los expertos precisan que los académicos no podrán acceder a estos elementos para sus investigaciones porque las instituciones a las que pertenecen no están incluidas en la definición de "organismos del sector público", por lo que no podrían pedirlos directamente a las empresas. 

De acuerdo con las quejas de algunos expertos, solo podrían acceder a los datos que les facilitasen desde los organismos públicos y aplicarlos, específicamente, a los fines determinados en un principio. 

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Julien Chicot, senior policy officer en la Guild of European Research-Intensive Universities de Brussels, cuenta a Nature que la nueva ley "es decepcionante" porque se olvida de la investigación y refuerza el muro entre los investigadores y los datos. "Las universidades y otros organismos centrados en la investigación deberían tener la posibilidad de solicitar el acceso a los datos ellos directamente a los titulares de los mismos", denuncia. 

De la misma forma, Viivi Lähteenoja, presidenta de MyData Global, señala que el impulso político de la estrategia de datos se ha centrado específicamente en la información procedente de la industria y a la innovación empresarial, sin tener en cuenta a los investigadores. 

Algunos científicos precisan que los Estados miembros solo alcanzarán los objetivos que persigue la Data Act (por ejemplo, desplegar innovaciones sanitarias o en eficiencia energética a través de los datos) si se introduce una modificación que les permita solicitar esta información directamente a las empresas y en un conjunto más amplio de circunstancias. 

Los expertos denuncian que esta situación, en la que se prioriza la capitalización de los datos por el sector privado, mientras se deja a la ciencia financiada con fondos públicos atrás, no es nueva, sino que ya ha pasado con otras propuestas legislativas (como la primera versión de la AI Act).

No obstante, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo Europeo han sugerido enmiendas a la propuesta de ley para poder llegar a una posición común.