Esta iniciativa es una de las acciones clave de la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea, que busca acrecentar la protección de los ciudadanos que forman parte de dicha región. 

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En un contexto donde, cada año, millones de pasajeros entran, salen o viajan a través del espacio comunitario, la información relativa a los turistas ha ayudado históricamente a mejorar los controles fronterizos y, por tanto, a reducir los casos de migración irregular e identificar a las personas que puedan suponer un riesgo. 

Así, el procesamiento de estos datos ha demostrado su eficacia para agilizar los trámites de los pasajeros y asignar más recursos y tiempo para aquellos que necesiten una atención más completa.

No obstante, la evaluación llevada a cabo en 2020 sobre la Directiva API reveló que la normativa actual ya no es completamente adecuada para su propósito. 

Cerrará "una brecha importante"

En este sentido, las nuevas normas propuestas mejorarán el uso de los datos API empleados para realizar controles a los pasajeros, así como un mejor enfrentamiento contra el terrorismo y la delincuencia grave. 

"Esto cerrará una brecha importante en el marco legal actual, a la vez que mantiene los estándares de la UE para la protección y transmisión de información", precisan desde la Comisión Europea.  

En concreto, la propuesta del organismo contempla normas unificadas a la hora de recolectar los datos, entre ellas se incluye la determinación de los medios concretos para pedirlos y un único punto de transferencia de los mismos.

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También, la obligatoriedad de reunir este tipo de información en todos los vuelos que entren en el espacio Schengen, con especial foco en las normas de protección de datos presentes en la Unión Europea. "Esto facilitará los desplazamientos de las personas con tiempos reducidos en el desembarque y en los controles fronterizos", precisan desde la Comisión Europea. 

Las nuevas reglas contemplan información de mejor calidad, ya que las compañías aéreas tendrán que reclamarlos por medios automatizados, y una transmisión más simplificada a las autoridades nacionales a través de un nuevo "router", gestionado por eu-LISA, una agencia de la UE. 

Según apuntan, la solución técnica propuesta cumple con la garantía de protección de datos porque solo transmitirá y no almacenará ningún API. 

A partir de 2028

Los siguientes pasos, tal y como avanzan desde el organismo, pasan por el análisis de la propuesta por parte del Parlamento y el Consejo Europeo y, una vez sean adoptadas, su aplicación directa en todo el territorio afectado. 

En concreto, se espera que el "router" esté operativo en 2026, a partir de lo cual las autoridades públicas y compañías tendrán dos años para adaptarse a los requisitos antes de su despliegue. Así, previsiblemente, las nuevas normas se aplicarán, en su totalidad, a partir de 2028. 

Según han apuntado algunos medios, el coste previsto es de 45 millones de euros para el desarrollo y otros 9 millones para su puesta en marcha a partir de 2029. Los estados miembros tendrán que gastar alrededor de 27 millones para hacer que los sistemas sean compatibles y 5 millones más al año para cubrir los costes operacionales a partir de 2028. 

Esta iniciativa viene a complementar a otros sistemas que pondrá en marcha la UE a lo largo del próximo ejercicio relacionados con la gestión de la seguridad en las fronteras, entre ellos, el Entry Exit System o el European Travel Information Authorisation System. 

"Estamos dando un paso más en el camino para que nuestras fronteras sean más inteligentes y para luchar contra los criminales", afirma Ylva Johansson, Comisaria Europea de Asuntos de Interior. "A través de este nuevo sistema, los agentes fronterizos sabrán, exactamente, quién está en el avión y se cerrará la brecha entre la compra del billete y el vuelo real, adelantándose a los delincuentes".