Una foto del centro de Londres.

Una foto del centro de Londres. iStock

Europa

El ejemplo británico de 5.400 millones que podría seguir España para modernizar la Administración Pública

La agencia tributaria de Reino Unido busca acabar con todas las infraestructuras tecnológicas heredadas, un imperativo para reducir costes y mejorar la eficiencia que también comparte la Administración española.

18 agosto, 2022 00:50

El gobierno británico dio luz verde la pasada semana al que promete ser uno de sus grandes proyectos en materia digital para los próximos años: 5.360 millones de euros (4.500 millones de libras esterlinas) para acabar con todo el 'legacy' de su agencia tributaria.

El 'legacy' es toda aquella infraestructura tecnológica heredada; sistemas por lo general con muchos años de vida a sus espaldas, escaso o costoso soporte técnico en la actualidad y enormes dificultades para operar con eficiencia junto a aplicaciones o desarrollos modernos. Un lastre en toda regla que acumulan no sólo gobiernos, sino también muchas empresas, y cuya reducción es una eterna aspiración para los CIO de turno.

En este caso, Reino Unido ha decidido coger el toro por los cuernos y lanzar este contrato, uno de los mayores que se conocen en estas lides, para tratar de "ser menos dependiente de las tecnologías heredadas". Será un proyecto a cuatro años, a partir de julio de 2023, con un gasto máximo de 1.300 millones de euros en cada ejercicio y que, si bien tendrá al Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC) como destinatario, será ejecutado por los Crown Commercial Services del propio gabinete del primer ministro.

[Carme Artigas: "Vamos a cambiar todo el 'legacy' de la Administración Pública, pero no se puede hacer en 24 horas"]

Tal es la importancia dada a este programa que hasta ha recibido un nombre propio: DALAS (siglas en inglés de Digital and Legacy Application Services). Y, también, se recoge una definición muy clara de los propósitos de esta iniciativa:

"El marco proporcionará un vehículo comercial para reemplazar los acuerdos contractuales existentes que vencerán entre septiembre de 2023 y enero de 2025, y proporcionar una puerta de enlace estratégica para respaldar la entrega de futuros servicios de aplicaciones y mover al HMRC hacia un modelo de aplicaciones que dependa menos de las tecnologías heredadas", remarca el contrato.

La cuestión no es baladí. La agencia tributaria de Reino Unido (cuya parte tecnológica es dirigida por Daljit Rehal) es reconocida internacionalmente como la flamante dueña de una de las infraestructuras tecnológicas más complejas e ineficientes del mundo. Cuenta con más de 600 sistemas diferentes que manejan alrededor de 800 terabytes de datos. Además, se trata de una función crítica para los 45 millones de ciudadanos y 5 millones de empresas que operan a diario con el HMRC, con lo que cualquier interrupción en el servicio o problema con las migraciones supondrá un enorme inconveniente para el país en su conjunto.

DevOps, nube y formación

El proyecto DALAS se dividirá a su vez en cinco grandes bloques. Uno de ellos estará enfocado en la consultoría y diseño de la arquitectura tecnológica que se busca establecer para futuro, así como en los planes para desmantelar el 'legacy' actual. Otro de los lotes hará lo propio con la gestión del ciclo de vida del software, desde su gestación hasta su entrada en producción, basado en la filosofía DevOps con el "lanzamiento rápido de productos y microservicios estables".

En tercer lugar, el gobierno británico impulsará la construcción de plataformas y API que permitan la modernización de las aplicaciones actuales, con especial detalle a aquellos desarrollos personalizados que son más complicados de migrar. A su vez, encontramos otro bloque destinado al soporte especializado y la contratación de licencias de software, con ahínco en los servicios en la nube y el software como servicio (SaaS).

Por último, y porque un proyecto de digitalización de tal envergadura no se puede hacer a lo loco, también se encuentra una parcela dirigida a la formación y certificación de los técnicos de la propia Administración en las nuevas versiones de las plataformas que se van a implantar, anticipando ya algunas de ellas como SAP, Microsoft Dynamics o ServiceNow.

Ambición compartida por España

El camino emprendido por Reino Unido y su agencia tributaria bien podría considerarse un anticipo de lo que ocurrirá en España si se cumplen las promesas hechas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en concreto, en el Plan de Digitalización de la Administración Pública 2021-2025.

En entrevista con D+I, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial -Carme Artigas- reconocía la necesidad de reducir la dependencia de las infraestructuras heredadas para ofrecer servicios públicos electrónicos verdaderamente eficientes.

"El sector público todavía estaba con su legacy, que vamos a cambiar. Pero no se hace en 24 horas. Hay todo un programa de modernización de toda la AAPP para permitir que se ponga al día en experiencia de usuario, que es cierto que se había quedado atrás", explicaba a este medio.

El plan español, amparado en los fondos europeos de recuperación, se compone de 17 medidas para la "transformación digital de todo el sector público; de los sectores de mayor impacto de la Administración (sanidad, justicia, empleo, inclusión, Seguridad Social y migraciones y servicio consular) y la modernización de los servicios centrales de la Administración General del Estado y el apoyo a la transformación de las administraciones territoriales".

En concreto, se habla de la creación de una factoría para el desarrollo de apps (que haga que en 2025 la mitad de los servicios públicos estén disponibles para smartphones), la mejora de la experiencia de usuario, la creación de un laboratorio ciudadano de innovación tecnológica (GobTechLab), un nuevo modelo de identidad digital o un servicio de automatización inteligente.

El departamento que dirige Carme Artigas también aspira a mejorar la gestión y el intercambio de datos entre distintas AAPP, promover el uso de la nube (pública y privada), modernizar el puesto de trabajo de los funcionarios y dar vida a un Centro de Operaciones de Ciberseguridad para toda la Administración General del Estado.