El Gobierno ha dado a conocer las candidaturas que ha recibido para la ubicación física de la Agenda Espacial Española y de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). En concreto, para la primera se han presentado 21 y para la segunda 14, cuya admisión estará condicionada a que la Comisión consultiva verifique que cumplen con los requisitos establecidos. 

El Ministerio de Política Territorial, uno de los organismos al frente de esta iniciativa, ha calificado de "éxito" el procedimiento para determinar las sedes de las nuevas agencias estatales públicas. "Ha tenido gran acogida", han apuntado desde el organismo a través de una nota de prensa. 

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En concreto, para la Agencia Espacial Española se han presentado Cabanillas del Campo (Guadalajara); Cebreros (Ávila); Ciudad Real (Ciudad Real); Elche (Alicante); Estella-Lizarra (Navarra); Huelva (Huelva); Jerez de la Frontera (Cádiz); L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona); Las Palmas de Gran Canaria/Agüimes/ San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas); León (León); Ourense (Ourense); Palencia (Palencia); Puerto del Rosario (Las Palmas); Puertollano (Ciudad Real); San Javier (Murcia); Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife); Sevilla (Sevilla); Teruel (Teruel); Tres Cantos (Madrid); Vitoria (Araba/Álava); y Yebes (Guadalajara). 

Mientras, para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se han postulado A Coruña (A Coruña); Alicante (Alicante); Barcelona (Barcelona); Gijón (Asturias); Granada (Granada); Guadalajara (Guadalajara); Jerez de la Frontera (Cádiz); Leganés (Madrid); Ourense (Ourense); Palma (Illes Balears); Salamanca (Salamanca); Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife); Segovia (Segovia) y Zaragoza (Zaragoza).

Además, el Gobierno ha precisado que, en caso de que haya, se sumarán a las ya indicadas otros posibles lugares que se hayan presentado al margen de la sede electrónica del Ministerio. 

El foco puesto en la descentralización

Este listado se ha dado a conocer con motivo de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, que empezó a principios de octubre, con la publicación en el BOE de los criterios que determinarán la elección, y culminó ayer, 7 de noviembre. 

En concreto, las particularidades fueron definidas por la Comisión consultiva, presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y de la que forman parte representantes de los Ministerios de Política Territorial; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Asuntos Exteriores; Unión Europea y Cooperación; Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Presidencia; Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y Derechos Sociales y Agenda 2030. 

Ahora, la Comisión solicitará un informe, que deberá emitirse en el plazo de 10 días, a los Ministerios de adscripción (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el caso de la AESIA y a los Ministerios de Ciencia e Innovación y Defensa para la Agencia Espacial). 

Tras ello, se elaborará un dictamen que analizará las posibles sedes para la entidad afectada, donde el Gobierno precisa que se podrán tomar en consideración localidades que no se hayan postulado, pero que cumplan con los criterios. 

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El dictamen se remitirá a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y se elevará al Consejo de Ministros que, tras valorarlo, adoptará su decisión.

En concreto, el Ejecutivo precisó cuando dio a conocer los criterios que la decisión final se conocerá en un plazo máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento, por lo que se espera que a lo largo del primer trimestre del año se conozca la localidad que albergará ambas agencias.

Desde el Ejecutivo reiteran que la desconcentración de organismos públicos es una de las principales metas que quieren alcanzar con este procedimiento, ya que está demostrado el impacto positivo de las instituciones en el entorno físico de su ubicación, así como la creación de empleos directos e indirectos. 

Según precisan, este principio fortalecerá la igualdad de oportunidades al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.