Una luz roja de emergencia, en un entorno natural. Foto: Lucas Law / Unsplash.

Una luz roja de emergencia, en un entorno natural. Foto: Lucas Law / Unsplash.

España

España apura los plazos pero tendrá su sistema de alerta pública: Everbridge es el 'elegido' por el Gobierno

La Unión Europea obliga a los países a contar con un sistema de avisos a la ciudadanía en 2022. España ha resuelto el concurso iniciado en julio.

26 octubre, 2021 12:03

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El Gobierno de España ha resuelto el concurso público, convocado el pasado mes de julio, para dotarse de un Sistema Nacional de Alerta Pública. Un sistema, obligatorio el próximo año en todos los países de la Unión Europea, con el que poder comunicarse con la ciudadanía en caso de emergencias, catástrofes o riesgos de toda índole

Apurando por tanto los plazos, como ya publicamos en D+I, España contará con este sistema a tiempo, desplegado por la multinacional Everbridge y con la infraestructura de los cuatro operadores de telecomunicaciones como telón de fondo.

Se trata de la misma compañía que presta este servicio en ocho países europeos, como Reino Unido y Estonia.

'Cell broadcast', web y alerta móvil

El sistema de alerta pública que se implantará en España usará tanto cobertura de 'cell broadcast' a nivel nacional, como publicación de las alertas vía web y la aplicación de alerta móvil de Everbridge.

"La configuración del sistema aprovecha la característica de España como el país europeo con más teléfonos inteligentes por habitante (55% en nuestro país, cuando la media europea es de 46%). El porcentaje de españoles con teléfono móvil, asimismo, es del 96%, superior a países como EEUU, Francia o China", afirman desde Everbdrige.

Y es que, aunque el mensaje que le llegue al ciudadano sea similar -con el correspondiente texto informando de la emergencia en cuestión y las medidas a tomar-, lo cierto es que por debajo, a nivel técnico, existen dos aproximaciones muy distintas entre sí: los sistemas de ‘cell broadcast’ y los SMS basados en la localización.

Ambas tecnologías aprovechan las redes de las ‘telecos’, solo que de manera diferente. El funcionamiento de la difusión celular, la primera de esas fórmulas, es relativamente sencillo: el operador de emergencias de cada país o región envía un mensaje a las células de radio, no a un terminal específico. En función de las células a las que se dirija el envío, este llegará a todas las personas ubicadas en esa área geográfica.

Imagen del panel de control de un sistema de alertas públicas.

A su favor, la tecnología de ‘cell broadcast’ usa un canal específico para sus comunicaciones. Así, si las redes se saturan (por un pico de llamadas e incluso de SMS durante una crisis), estas alertas seguirán llegando a sus destinatarios.

Esa es la aproximación generalizada y por la que más países han apostado en la última década, incñuyendo ahora a España.

En paralelo, encontramos los SMS basados en la localización, sin un canal específico dedicado, pero que permiten que la gente pueda responder a los servicios de emergencia. Es especialmente útil para después del evento, por ejemplo en la fase de evacuación, para saber si hay personas aisladas que necesitan asistencia.

En contra de esta propuesta: es más lenta que la difusión celular (hasta diez minutos puede tardar la alerta en llegar a un grupo de millones de personas), puede sufrir más problemas en caso de que colapsen las redes móviles y es más susceptible tanto a falsificaciones (al poderse imitar la forma de entrega con un SMS al uso) y a que pase desapercibida para el ciudadano (que puede tener silenciadas las notificaciones de mensajes de texto en su móvil).

Un imperativo europeo

El movimiento de España para hacerse con un Sistema Nacional de Alerta Pública responde a la urgencia de contar con esta tecnología antes de junio de 2022, dentro de apenas un año, cuando entre en vigor el artículo 110 de la European Electronic Communications Code (EECC). 

Esta norma obliga a todos los países de la región a operar un sistema de alerta pública que pueda enviar alertas geolocalizadas a los teléfonos móviles de todos los usuarios afectados por un desastre, natural o provocado por el hombre.

El proyecto está financiado con cargo a los fondos del Plan de Recuperación y se ha puesto en marcha gracias al acuerdo firmado el pasado 8 de julio entre los ministerios de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital y el del Interior.