España ocupa el segundo puesto en la Unión Europea en materia de servicios públicos digitales, muy por encima de la media registrada por los países de la UE, según recoge la última edición del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) elaborado por la Comisión Europea (CE). Un indicador que constata un nivel alto de interacción en línea entre las autoridades públicas, los ciudadanos y las empresas.

Este escenario es fruto del trabajo desarrollado en las dos últimas décadas por los distintos Gobiernos, que han ido adoptando programas para el avance digital alineados con las agendas digitales europeas, en todos los cuales ha estado presente la mejora de la Administración electrónica.

La estrategia de España se ha basado en el impulso de una tramitación electrónica completa y en el desarrollo de servicios que pueden ser utilizados libremente por todas las Administraciones públicas, alineados además con los esquemas de interoperabilidad europeos. Todo ello, con el fin de ofrecer cada vez mejores servicios, más adaptados a las demandas de ciudadanos y empresas, y más eficientes.

Gracias a estos programas, España se encuentra en un punto de partida favorable para abordar la siguiente fase del proceso de transformación digital del país y, en particular, de la administración pública. De hecho, este es uno de los aspectos claves tanto de la Agenda España Digital 2025 lanzada el pasado verano por el Gobierno, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para avanzar hacia una Administración Pública "digital, moderna, accesible y personalizada a las necesidades de los distintos colectivos sociales", este viernes entra en vigor el nuevo Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por real decreto el pasado martes en Consejo de Ministros y publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

El Reglamento aborda la regulación "global y unitaria" del funcionamiento del sector público por medios electrónicos, tanto en el ámbito interno de las Administraciones como en las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos y empresas. Además, consolida la normativa relativa a servicios electrónicos a la ciudadanía y empresas e impulsa el uso y los beneficios de la digitalización en la Administración.

Entre otros avances, el Reglamento, que es aplicable a todos los entes públicos, tanto estatales como autonómicos y locales, facilitará que la ciudadanía no tenga que volver a aportar información de la que ya disponga la propia Administración, así como que pueda consultar las notificaciones en una dirección de notificaciones única y acceder a un punto único de información a través del PAGe (Punto de Acceso General electrónico).

El Gobierno defiende que este reglamento dota a España del "marco regulatorio imprescindible" para afrontar los grandes desafíos que plantean la evolución de tecnologías disruptivas, su aplicación a la gestión de la información y la ejecución de políticas públicas, los nuevos modelos de relación de ciudadanos y empresas con las Administraciones públicas y la reutilización eficiente de la información.

"Su entrada en vigor eliminará definitivamente la superposición de regímenes jurídicos distintos y facilitará a ciudadanos, empresas y administraciones el desarrollo reglamentario básico en un solo texto, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica, que es uno de los objetivos de la norma", asegura.

Principales objetivos del reglamento

El Reglamento que entra en vigor este viernes tiene cuatro objetivos principales, entre los que se encuentra mejorar la eficiencia de la Administración electrónica. Para ello, facilita el derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones públicas, la obligatoriedad de relación electrónica de las personas jurídicas y de algunas categorías de personas físicas y la tramitación electrónica de los procedimientos como actuación habitual de las dichas administraciones. 

En este sentido, las Administraciones contarán con un archivo electrónico de expedientes que correspondan a procedimientos finalizados y todas las notificaciones se realizarán por medios electrónicos, salvo que se trate de personas físicas no obligadas a ser notificadas electrónicamente.

El segundo objetivo es que tanto el funcionamiento interno, como las relaciones de las Administraciones públicas entre sí, se realice electrónicamente. Esto implica la interoperabilidad como principio básico y determinar las condiciones e instrumentos de creación de sedes electrónicas, así como los supuestos de utilización de los sistemas de firma de sello o código seguro de verificación, y los propios sistemas de firma electrónica.

Otro de los objetivos es incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de las personas en la Administración electrónica. Para ello, se desarrolla el funcionamiento del Punto de Acceso General electrónico (PAGe) y la Carpeta Ciudadana en el Sector Público Estatal. También se regula el contenido y los servicios mínimos a prestar por las sedes electrónicas y asociadas y el funcionamiento de los registros electrónicos.

En cuarto lugar, el nuevo Reglamento que entra en vigor este viernes busca disponer de servicios digitales fácilmente utilizables y accesibles, de modo que se pueda conseguir que la relación del interesado con la Administración sea "fácil, intuitiva y efectiva" cuando use el canal electrónico.

Todo este conjunto de medidas tendrá un impacto positivo a distintos niveles, ya que, por ejemplo, incrementará la seguridad jurídica, así como la predictibilidad de la actuación de las Administraciones públicas, contribuyendo a "mejorar el servicio a los ciudadanos, la imagen institucional de España y la confianza".

Igualdad y defensa de los derechos individuales

Asimismo, el Reglamento favorece la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, dado que los medios electrónicos proporcionan una vía alternativa de comunicación con la Administración Pública.

A la vez, refuerza la defensa de derechos individuales. Es el caso del derecho a un acceso rápido, eficaz y eficiente a los servicios públicos a través de los medios electrónicos; el de disponer de unos servicios web de calidad que sean útiles y satisfagan sus necesidades; el de recibir una información transparente y veraz; y, al mismo tiempo, el derecho a preservar la privacidad de los ciudadanos y sus datos personales.

Sin embargo, el Reglamento tiene también un impacto ambiental positivo al reducir la huella de carbono de la tramitación tradicional en la que se emplea masivamente el papel, la impresión láser y la logística. Frente a esta tramitación tradicional, propone eliminar el papel para la mayoría de los procesos administrativos, algo que permite eliminar la impresión y los procesos logísticos y su consiguiente impacto ambiental.