Hacer posible la prestación de servicios de la Administración Pública en el ámbito digital y al mismo tiempo mantener la seguridad de la información que maneja el empleado público y garantizar la confianza digital que demanda el ciudadano. Estos son los tres pilares sobre los que debe asentarse la transformación hacia administración digital “abierta, eficiente y segura”.

En un informe que ha preparado IDC Research España sobre el impacto del Plan España Digital 2025, se destaca que el sector público “pone el foco en la eficiencia de los procesos para establecer la hoja de ruta”. El objetivo es desarrollar “resiliencia empresarial necesaria para impulsar la recuperación hacia la normalidad”, ha explicado en esta presentación Jorge Gil, director general de IDC Research en España.

Así, España se encuentra en estos momentos en “un estado de búsqueda de eficiencia de procesos” para dar continuidad a las operaciones del sector público, así como para habilitar la flexibilidad que la tecnología puede aportar al espacio de trabajo del empleado público.

Este proceso de transformación está ligado a los puestos de trabajo, con el objetivo de lograr el llamado puesto inteligente y/o en remoto. “Está búsqueda está orientada hacia el incremento de la productividad del empleado público, más allá del engagement; hacia la eficiencia del empleado público”, ha apuntado José Antonio Cano, director de Consultoría y Análisis de IDC Research.

Y en este marco de futuro hay que encuadrar también la seguridad y privacidad de los datos que maneja este trabajador público en su puesto, a través de una “automatización de los procesos para la detección de amenazas y evitar la pérdida de información”. Esto es una amenaza global, pero en el caso del sector público “hablamos de datos del ciudadano”, ha apostillado Cano.

Confianza digital

Al tratarse de la Administración Pública se trata de la llamada “doble transformación digital”. “Hay que ser capaz no solo de abordar la transformación de puertas hacia dentro para adaptarse al contexto actual, sino que se debe conseguir al mismo tiempo apalancar e impulsar el cambio digital del país”, ha incidido.

“Ante un auge de los datos, la seguridad y la privacidad son clave como catalizadores de la confianza digital”, ha apuntado Cano. En este sentido, ha subrayado que el Gobierno digital tiene ante sí seis grandes retos estratégicos para llevar a cabo su transformación y mitigar la brecha digital que ahora persiste entre los ciudadanos.

Así, la formulación de políticas basadas en datos; la creación de plataformas e infraestructuras ágiles e inteligentes; fomentar la seguridad y la confianza digital; establecer nuevos flujos de trabajo, adecuados a nuevo futuro; la creación de una experiencia ciudadana personalizada, así como una inclusión digital.

Estos son los pilares para poder dar el paso a una administración digital e inteligente. “La transformación hacia modelos ágiles e inteligentes va a venir, sobre todo, a partir de la evolución de la automatización de todos los procesos” administrativos, ha señalado Cano.

En este sentido, ha puntualizado que para lograr una administración digital hay que “interconectar todos los sistemas de gestión para ser capaces de habilitar el trabajo colaborativo y el trabajo en remoto, así como para eliminar los silos de información para tener la homogeneización del dato”.

Más de la mitad de las organizaciones y Administraciones públicas en Europa, un 54% están inmersas en procesos de desarrollo ágil de aplicaciones, mientras que en España el porcentaje baja al 40%.  “El entorno multicloud tiene que ser orquestado y gestionado”, ha destacado el responsable de IDC Research.

El uso de los datos

Así, Cano describe el entorno actual como “explosión incontrolada de datos”, ya que la esfera de datos que un usuario es capaz de generar en un solo año alcanzaba en 2019 los 43 Zettabyte en 2019, pero esta cifra se va a multiplicar hasta superar los 138 ZB en 2024.

“El 80% de estos datos son no estructurados y, en esencia, los están utilizando todas las organizaciones, incluido el sector público, para sus tomas de decisiones basadas en datos”. Además, ha subrayado que el 10% de estos datos ya serán generados por ecosistemas externos (internet de las cosas, principalmente). El 20% de estos datos se recopilan en tiempo real y el 15% son de carácter critico para el ciudadano.

Estos datos se están empleado en el sector público, a través de tecnologías de inteligencia artificial, para reducir el fraude en el pago de impuestos y el abuso financiero; para mejorar la recaudación de ingresos, así como para poder realizar seguimientos en tiempo real de incidencias y eventos.