Cuenta atrás para la puesta en marcha del sandbox financiero en España. A mediados de noviembre se aprobó la normativa que lo regula (Ley 7/2020 para la Transformación Digital del Sistema Financiero), pero ése fue sólo el primer paso. Hoy se ha publicado la resolución acerca de cómo y cuándo podrán empezar a presentarse las solicitudes, y bajo qué requisitos. La convocatoria estará abierta entre el 13 de enero y el 23 de febrero. Finalizado este plazo, transcurrirá otro mes, ampliable a dos meses, para que los supervisores emitan su fallo sobre cada una de las candidaturas recibidas. En los 15 días posteriores, el Tesoro publicará el listado de los proyectos admitidos. 

El sandbox tampoco arrancará en ese momento. Concluido ese tiempo, los promotores procederán a la firma de protocolos con el regulador financiero correspondiente a su actividad. Esta última fase podría alargarse hasta tres meses. En definitiva, el sandbox en España será una realidad en torno a verano de 2021. 

Un sandbox regulatorio es un espacio de experimentación para promover la innovación en los servicios financieros dentro de un entorno seguro y controlado. Es decir: un espacio donde, previa autorización del Gobierno, desplegar proyectos disruptivos. Está dirigido tanto a startups como a entidades financieras. El sandbox español no es en absoluto pionero en Europa, pero sí uno de los más ambiciosos. De hecho, ha sido muy bien recibido: fue aprobado por unanimidad en el Parlamento y la industria al completo también lo ha aplaudido. 

Para la selección de proyectos en esta primera convocatoria, se priorizarán aquellos para los que actualmente no existe regulación. Al fin y al cabo, se trata de testear nuevos productos, códigos y tecnologías, de modo que las startups puedan probar modelos de negocio innovadores, las entidades financieras puedan validar rápidamente proyectos o alianzas, antes de invertir grandes cantidades de financiación, y la Administración pública pueda aprender de todo ello, antes de instaurar nuevas leyes. 

“No habrá límite en el número de iniciativas”, avanzan fuentes de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pero sí que habrá condiciones. Así, tal y como se recoge en la mencionada Ley 7/2020, sólo se aceptarán proyectos tecnológicos que ofrezcan una puesta en marcha inmediata y que cumplan al menos una de las siguientes condiciones: suponer un beneficio para los usuarios (ya sean consumidores finales o empresas que buscan financiación, por ejemplo), facilitar el cumplimiento normativo por parte de los supervisores, aumentar la eficiencia de las entidades o proporcionar mecanismos para la mejora de la regulación. Adicionalmente, las startups deberán contar con garantías financieras suficientes para cubrir los gastos en los que pueda incurrir el test durante un año.

La resolución publicada hoy, además, añade en su anexo el modelo de formulario que habría que rellenar para presentar las solicitudes. Se admitirán candidaturas en español y en inglés, así como proyectos de promotores internacionales.