Nos encontramos en pleno avance tanto en apertura, como en resolución de diferentes convocatorias de programas de ayudas en el marco de los denominados PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, apodados), regulados en el marco del RDL 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En ese Real Decreto Ley surge esta nueva figura de colaboración público–privada, de carácter estratégico e importante potencial de arrastre para el resto de la economía; el cual exige además la colaboración entre Administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen sus operaciones en nuestro país, siendo muy importante la participación de las pymes. Además, ha de englobar a proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre sectores estratégicos o con fases de investigación e innovación disruptivas y ambiciosas, más allá del estado de la técnica en el sector, seguidas de un primer despliegue industrial.

Estamos en pleno proceso de emisión de las propuestas de resolución definitivas en el marco del Programa de Cadena de Valor Integral del VEC (PERTE VEC), a la espera de las convocatorias del Programa de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario (PERTE Agro) y actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval (PERTE Naval) o a la espera de la Orden de bases para las ayudas al impulso de la Economía Circular (PERTE EC).

La complejidad de estos programas se está viviendo desde la definición de sus bases reguladoras y convocatoria, conceptualización y estructuración de los proyectos, con unas “reglas del juego” nada sencillas. Ocurre así, por ejemplo, en la negociación para la obtención de las garantías sobre los importes anticipados, en ocasiones muy relevantes, anticipos que pueden suponer el 90% del total de la ayuda propuesta (PERTE VEC), y donde la falta de constitución de estas garantías tendrá como efecto la consideración del solicitante como desistido de la solicitud.

Me detendré en el proceso tan arduo que esencialmente para las pymes representa la negociación y obtención de estas garantías, que puede suponer en muchos casos tras el análisis de riesgos una “pignoración” del 25% al 50%, del importe garantizado. La pignoración consiste en dejar como fianza, por el aval que extiende el banco o SGR (Sociedad de garantía Recíproca), un depósito realizado “ad hoc”, que quedará inmovilizado mientras se mantengan las garantías sobre el importe de la subvención o préstamo.

Este hecho supone esencialmente para las empresas: a) que deba adelantar este importe para conseguir la garantía y b) que una vez cobre este anticipo, este se verá minorado en la cuantía de la pignoración, lo que en la práctica se traduce en una reducción de la ayuda y mayor esfuerzo financiero para la ejecución de las actividades comprometidas al proyecto.

En definitiva otro obstáculo más en un camino que no está siendo nada fácil, e incluso en algunos casos puede suponer la imposibilidad de aceptar la ayuda, porque las condiciones de la garantía no sean factibles para la empresa.

El importe de las garantías pueden suponer el 100% del anticipo de la subvención a fondos perdido, y el 20% del anticipo del prestamos, como ha sido en la convocatoria de Cadena de Valor del PERTE VEC, están por determinar los importes para el PERTE Naval y Agro, y en el proyecto de orden de bases para la convocatoria de ayudas para la concesión de ayudas al impulso de la Economía Circular, se recoge la obligación de constituir una garantía cuyo importe debe cubrir al menos el 10 % de la cantidad anticipada.

Es destacable que incluso en algún programa de ayuda, como es el de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás (PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento), se exige la constitución de garantías por un 10% del importe de la ayuda total solicitada del proyecto. Y la falta de constitución en el supondrá la imposibilidad de participar en esta convocatoria.

Considero importante aprender de las experiencias que se están viviendo al respecto, para contar con posible “lecciones” para futuras convocatorias, y tratar de establacer, por parte de los ministerios involucrados y la CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento), un diálogo con las entidades financieras, de seguro de crédito y las Sociedades de Garantía Recíproca para flexibilizar condiciones y tiempos, así como buscar fórmulas alternativas.

Estamos antes un momento único, donde debemos abordar retos ambiciosos. En un marco de programas complejos, la colaboración entre todos los actores es vital (Administración, empresas, centros tecnológicos, OPIs, asociaciones, … ), así como lo es la identificación de aspectos que puedan significar obstáculos adicionales, obteniendo lecciones para buscar soluciones y tratar de mitigarlos.

*** Noelia Escobar es responsable de Institucional e Intangibles en Incotec.