Ha habido compromiso y gasto, claro que sí, pero los grandes beneficiarios han sido las propias administraciones públicas, al menos de momento, o, en su defecto, las grandes empresas. ¿Por qué? Viven dentro del sistema, crean su propio lenguaje y no se hacen trampas al solitario: no son sospechosos de ellos mismos.

Según un reciente estudio de tufinanziacion.com, montar un proceso integral que vaya desde la convocatoria hasta la resolución de una ayuda pública puede conllevar la realización de hasta 29 procesos y 130 tareas administrativas. Burocracia. No hay más. Y así es imposible.

Posiblemente las causas de esta hiperburocratización de todos nuestro ciclo integral de ayudas públicas la encontremos en el pasado: nos pasamos tanto engañando a Europa y ocultándonos a nosotros mismos que el legislador ha diseñado el ciclo como un campo de minas: la Administración no se fía de ti así que si quieres conseguir este premio vas a tener que pasarlas canutas: 29 procesos y 130 tareas administrativas.

En la propia Administración no son pocos lo que ven este jeroglífico como la gran losa para dar rienda suelta a la ejecución de los Next Gen. Se intentó a través de la creación de unas reglas del juego separadas pero ha sido imposible. La Ley General de Subvenciones y la Ley de Contratos del Sector Público son las principales cariátides de la arquitectura en su conjunto y nadie quiere hacerles una muesca.

Esto, trasladado al mundo de una empresa cualquiera podría ser más o menos así: industria del sector agroalimentario solicita una ayuda para modernizar sus procesos de fabricación, prevé una inversión de un millón de euros de los que aportará más del cincuenta por ciento. Le ha costado bastante decirse por uno de los diversos programas que adornan nuestra atomizada oferta pero al fin se ha decidido. Un consultor le ha guiado en el proceso y ahora esperan. Están esperando. Siguen esperando. Ha pasado más de un año y nadie les ha dicho nada. Mientras tanto su principal competidor no esperó, hizo directamente la inversión total (sin ayudas) y desde hace unos meses es más eficiente, contamina menos, produce más. Esta empresa no volverá a solicitar jamás una ayuda pública. Mala ayuda es la que llega después de ser tan necesaria…

Y es que el sistema entero está pensado para especialistas. Hay un estudio interesante que la tecnología de datos nos permitiría llevar a cabo con facilidad. Se trata de ver qué empresas reciben las ayudas: de qué sectores y tamaños, en qué territorios, etc. Mi hipótesis es que el grado de repetición es elevadísimo. Las empresas que están dentro del sistema, por lo general, ya saben que tendrán que esperar mucho y que les financiarán menos de lo que solicitaron pero les importa poco, para éstas las ayudas serían una fuente más de financiación desvinculada de sus estrategias de I+D.

Con esta enorme losa que heredamos del siglo XX es difícil desenvolverse mejor en la gestión de los fondos europeos, pero es una obligación que no debemos dejar pasar. La situación no va a hacer sino empeorar en los próximos meses: subirá el precio del dinero y las empresas tendrán más caro e inaccesible el crédito, se retraerá el consumo y todo hibernará hasta que se acabe la guerra de Ucrania.

Nadie tiene una varita mágica para cambiar el color y el movimiento de un plumazo pero haría bien el gobierno en asumir parte de la crítica y comenzar a desplegar nuevos proyectos y estrategias que permitan una mayor ejecución de los fondos para empresas en el menor tiempo posible. Aquí van algunas ideas.

1) Creación de la Agencia Next Generation. Agencia que centralizaría todo lo que pasa alrededor del Plan de Recuperación y que podría, entre otras cosas: publicar pliegos estandarizados para que todo vaya más rápido, dar continuidad a la ejecución presupuestaria, de modo que no se pierda lo que no se gasta sino que se pasa al año siguiente, coordinar la ejecución en relación con otros fondos (MFP) y programas de ayudas públicas a nivel regional.

2) Un papel más relevante a las CC.AA, por ejemplo, identificando PERTEs regionales, con una vocación transformadora a nivel territorial e interregional (colaboración entre varias regiones) que puedan ser directamente financiados por los NextGen. El embrión de todo esto lo podemos ver en la actual convocatoria RETECH

3) Reforzar la cooperación con las entidades financieras para anticipar la llegada de los fondos. Según los datos del I Informe sobre la financiación pública empresarial de tufinanziacion.com, la mitad de los fondos concedidos a las empresas en 2021 no ha llegado a las mismas. Esto debe corregirse con urgencia acelerando la llegada de los fondos, y, cuando no sea posible, anticipando su ejecución con mecanismos simplificados de pignoración de las ayudas que aporten garantías de cobro a las entidades bancarias que los operativicen.

4) Definición del Plan España Next para relacionar la ejecución del MRR con la del MFP y los Programas Europeos, de modo que se generen sinergias, se eviten duplicidades y se aumente el impacto de los fondos en función del tipo de destinario y de la intensidad financiera en cada eje de desarrollo.

5) Es necesaria una revisión en profundidad de los hiperburocratizados reglamentos de gestión de los fondos estructurales y sus reglas de reparto. La forma en que la UE ha tenido que movilizar rápidamente fondos para hacer frente a situaciones sobrevenidas, como la pandemia, debería inspirar una intensa actualización de estas normas, facilitando una gestión más rápida y flexible, acorde con la velocidad con que, a nivel global, se está haciendo necesario afrontar los grandes retos globales. En este sentido, la participación privada “permitida y buscada” en los Next Generation está resultando ser muy beneficiosa a la hora de traccionar proyectos que incrementen los niveles de ejecución. Esto podría replicarse para los fondos del MFP.