Tendrá que salir el presidente Pedro Sánchez a poner orden en la estrategia tecnológica de su propio Gobierno, como se ha comprometido hacer en la negociación de la reforma laboral.

Mientras áreas como la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, de Carme Artigas, o la Secretaría General de Ciencia e Innovación, de Teresa Riesgo, ambas con una larga y prestigiosa experiencia en el sector privado y con formación de élite, respetadas por empresas y centros de investigación, lanzan programas solventes, serios y creíbles para promover la transformación digital de la economía y la sociedad, con visión transversal y voluntad de innovar en otros departamentos adyacentes, como Educación, mientras eso sucede, digo, la ministra Diana Morant pronunciaba esta frase en un evento público reciente: “Ningún trabajador va a ser sustituido ni por un algoritmo ni por un robot”.

Hay que ser conscientes de la gravedad que tiene que un responsable público pronuncie estas palabras en un momento como el actual, en el que tantos están trabajando para configurar proyectos de país y se necesita todo el respaldo institucional posible para cohesionar, para lograr esa ansiada colaboración interterritorial e intersectorial. Iniciativas que buscan recabar apoyo público en las que se implican empresas, centros tecnológicos y universidades. Como el Instituto Ricardo Valle de Innovación (IRV), que promueve Ametic y que pretende potenciar en España una industria de componentes de vanguardia en campos como la microelectrónica, las baterías, la inteligencia artificial o las redes 5G.

También los proyectos que se articulan en torno a la línea de financiación Transferencia Red Cervera del CDTI, siempre insuficiente, pero con un incremento de dotación presupuestaria considerable este año, que trabaja en esa complicada misión de articular la I+D que se realiza en los centros tecnológicos de diferentes comunidades autónomas (hoy en día, es más fácil que cooperen con fondos europeos que con estatales). O propuestas más informales como Cre100do, promovida por el Círculo de Empresarios y el ICEX, en la que se reúne esa clase media empresarial española en la que reside ahora fundamentalmente el impulso innovador y la agilidad para el cambio de modelo productivo.

Es grave, asimismo, exponer en público un discurso neoludita en un momento en el que tantos directores generales de Innovación de comunidades autónomas chocan diariamente con la asincronía entre sus urgencias territoriales, que les apremian para aprovechar los fondos europeos del Plan de Recuperación, y los tiempos en los que se mueve la Administración General del Estado. El nivel de frustración es evidente.

Preocupa mucho la falta de personal para gestionar los fondos, pero también la implicación de la Abogacía del Estado, que es una pieza absolutamente clave en todo este proceso. Se alzan voces que instan a apoyarse en el sector privado en esta operativa, lo que no significa obviamente privatizar la gestión del Plan de Recuperación, vade retro, sino apoyarse en las asociaciones empresariales, cuya capilaridad y equipos técnicos y administrativos podrían coadyuvar en un proceso clave para nuestro país. Nada de ello es posible sin pasar por los servicios legales del Estado, como tiene que ser.

En su día se anunció que las comunidades autónomas gestionarían una parte de los fondos, para lo cual se afanaron en recopilar proyectos estratégicos, pero, según el testimonio de un director general, siguen saliendo de las reuniones sin saber qué va a suceder. Por no hablar de otros hechos dramáticos colaterales, como esa partida de más de 200 millones de euros de fondos europeos indebidamente concedidos hace casi una década en el ámbito de las telecomunicaciones que el Gobierno español tiene que reclamar en un plazo establecido por Bruselas, sin que las Administraciones territoriales que los concedieron hayan recibido aún las instrucciones para hacerlo.

Si queremos que tengan un verdadero efecto transformador, los PERTE (sólo hay uno aprobado y tres en estudio, recordémoslo) y el resto de actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación deben servir de palanca para auténticos proyectos tecnológicos de país, deben ser capaces de aglutinar y coordinar a todos los actores de referencia. Las ayudas no pueden convertirse en lineales de hipermercado a los que cada cual acude para recoger su parte alícuota del pastel. Es una oportunidad histórica para que se articule realmente un ecosistema de ecosistemas territoriales de innovación. España aún no es eso.

Sólo así podremos aspirar a situar a nuestro país en el mapa, en un momento en el que se están decidiendo en Europa tantas inversiones estratégicas en el campo de los semiconductores, las gigafactorías o el hidrógeno verde.

Sí, habrá puestos de trabajo que dejen de ser necesarios porque se automatizarán, gracias a los robots y los algoritmos. Ha sido así durante siglos, no es un asunto actual. Pero si adoptamos las medidas necesarias se crearán empleos de alto valor añadido que compensarán de sobra la pérdida. De hecho, uno de los grandes problemas para la robotización industrial es la escasez de profesionales que sepan, precisamente, gobernar a los robots.