Si tienes o vas a lanzar una startup, o eres un inversor dispuesto a invertir en ella y te haces la siguientes preguntas: ¿Trabajas en un sector o vertical con fuerte intervención pública? ¿Tu producto, servicio o modelo de negocio está regulado? ¿Crees que una acción del gobierno puede alterar sustancialmente el contexto de tu negocio? ¿Te gustaría tener como cliente a la administración? ¿Te gustaría cambiar la regulación que te afecta para acelerar tu modelo de crecimiento? Entonces necesitas incorporar la visión de los Asuntos Públicos en tu cuadro de mandos. Si no te haces estas preguntas, entonces esa necesidad es aún más apremiante.

La última vez que pregunté a un grupo de emprendedores y fundadores de startups qué pedirían al gobierno si tuvieran ocasión para hacerlo, con el fin de mejorar el clima general de emprendimiento en España, la respuesta casi unánime no dejó lugar a dudas: “Que nos deje en paz”.

Más allá de la opinión que tengamos al respecto, convengamos que esta es la visión más generalizada en el ecosistema de emprendimiento innovador. Algo muy comprensible por otro lado, teniendo en cuenta las innumerables trabas que existen para poder emprender con éxito en nuestro país, lastrado por un modelo de regulación anclado en otra época y con una burocracia exasperante.

Siendo lo anterior cierto, creo que hay que ser conscientes del escenario actual y tener en cuenta el contexto socioeconómico en el que uno se encuentra. Cuando tengo la ocasión de dar charlas y compartir ideas con emprendedores siempre les digo lo siguiente: no vamos precisamente en la dirección de tener menos regulación, al contrario, cada vez habrá más regulación (esperemos que sea más inteligente y neutral, eso sí), especialmente en los sectores y verticales más disruptivos.

¿Por qué ocurre esto? ¿De dónde procede esa falta de alineamiento entre unos, los emprendedores, y otros, los reguladores? De estos últimos, apenas señalaré que aunque se mueven lentos, están dando los primeros pasos para modificar sus criterios y ser más conscientes de que deben cambiar su modus operandi. Eso sí, les queda mucho camino por recorrer.

Cuando los emprendedores acuden a Escuelas de Negocio, Startups Schools o lugares similares aprenden muchas competencias que no tienen: marketing, modelos de crecimiento, tecnología, comunicación, etc. Lo que nadie cuenta a los futuros emprendedores es que ahí fuera se van a encontrar con unos seres extraños y ajenos a ese mercado en el que quieren entrar a competir; agentes tan raros como los gobiernos, los sindicatos, las ONGs, las asociaciones de vecinos o de ciudadanos (ojo, no confundir con consumidores o potenciales clientes), que pueden echar por tierra el proyecto incluso en sus primeras semanas de vida en cuanto lo dan a conocer (aunque también pueden ayudar a tu modelo si se conoce cómo activar una serie de palancas).

Cuando se pretende resolver un problema social y económico a través de un nuevo producto o modelo de negocio por el que un grupo de personas está dispuesto a pagar por él (este suele ser el inicio de cualquier startup) es muy probable que se puedan estar generando conflictos, aunque el emprendedor no sea plenamente consciente de ello.

Conflictos que impactan en otros grupos sociales y económicos, ante los que éstos últimos no van a quedarse quietos. A partir de ahí la gestión del problema ya no tiene tanto que ver tanto con Excels, KPIs financieras o impactos económicos concretos, donde los gestores de una startup y sus mentores se mueven como peces en el agua, sino que el asunto pasa al terreno de la esfera pública, del debate entre el conjunto de ciudadanos, empresas y administraciones, así como de las informaciones en los medios de comunicación o en las redes sociales. Es entonces cuando una idea o proyecto innovador puede encallar si nadie del equipo se ha preocupado nunca por este aspecto.

Cada vez va a ser más necesario que las startups contemplen en sus proyectos, en sus equipos, en sus modelos de negocio y en sus estrategias la variable de Asuntos Públicos o Public Affairs. En el contexto de sociedades complejas como las nuestras -países europeos con una creciente carga regulatoria y donde los mercados distan mucho de funcionar bajo la estricta ley de la oferta y la demanda (son mercados intervenidos o complejos)- esto no es ya una opción, sino una necesidad, es decir, se ha convertido en una competencia core, nuclear, que hay que incorporar al cuadro de mandos de la startup.

Asistimos en los medios de comunicación a un flujo constante de noticias que nos hablan de estas problemáticas. Desde los modelos laborales de los llamados riders, los conflictos en torno a la protección de datos y las regulaciones sobre el límite en los usos y aplicaciones de la inteligencia artificial, hasta el nuevo conflicto que aflora entre vecinos y las llamadas cocinas fantasmas en el pujante negocio del FoodTech, las severas regulaciones que afrontan las startups en el sector de ehealth, y otros nuevos que apenas están comenzando a gestarse en estos momentos. Todos ellos constituyen buenas muestras de la importancia que ya tiene disponer en una startup de una adecuada gestión y estrategia de estos asuntos públicos.

La era de “hacer algo rápido, romper cosas y correr, correr, correr “ ya forma parte del pasado. El ethos de la “innovación sin pedir permiso” y del “hackeo regulatorio” ya no va a ser por más tiempo el nuevo normal. Durante muchos años el sector tech ha tenido una imagen muy positiva asociada a la idea de modernidad, de ahí que esas disrupciones se vieran con agrado en la sociedad, pero eso está cambiando. Muchos conflictos protagonizados por las grandes tecnológicas están comenzando a afectar también a la reputación de las startups. Y en la sociedad crece la conciencia ciudadana y, en consecuencia, la acción de los gobiernos, que tratan de que estas empresas internalicen el impacto de determinadas externalidades negativas.

Soy consciente de que estas palabras pueden generar mucho escepticismo entre fundadores e inversores, seguramente alguno estará pensando que este planteamiento es demasiado formalista. Quizá desconozcan la avalancha de nueva regulación que se está gestando en los ámbitos europeos y nacionales en todos los sectores y nuevos verticales donde trabajan.

Se puede seguir jugando a una suerte de anarcocapitalismo, o se puede comprender que en numerosas ocasiones es mejor tratar de colaborar con los gobiernos, y el resto de stakeholders, en vez de enfrentarse a ellos. Y esto va más allá del compliance, de cumplir con la norma y de los asuntos legales.

Los asuntos públicos no versan sobre cómo cumplir con la legalidad o, más precisamente, no sólo tienen que ver con eso, sino que también ayudan a una compañía a disminuir el riesgo de conflicto o colapso regulatorio; a encontrar fórmulas más adecuadas para acelerar el time to market de los productos; a trabajar con nuevos aliados entre los stakeholders para desarrollar los modelos de negocio; a tener como clientes al sector público, por lejano e inhóspito que les parezca ese caladero a los fundadores de las startups; a ayudar a los responsables de comunicación a encontrar nuevas narrativas que posicionen mejor a la compañía; a incrementar la venta de los bienes y servicios y que al mismo tiempo se alineen con los valores, tendencias y preferencias dominantes en la sociedad. A todo eso, y mucho más.

Los Asuntos Públicos, a pesar de lo que suele pensarse, no tienen que ver sólo con el lobby y la regulación, y por tanto constituyen ya un elemento central en la estrategia de muchos modelos de negocio. Muchas startups ya son conscientes de las ventajas competitivas que tiene haber introducido esta variable en su estrategia de crecimiento. Y no sólo las startups: algunos fondos de inversión están comenzando a preguntar de manera más profunda y seria a sus potenciales invertidas por sus planes en la materia. Algunos incluso, como Andreessen Horowitz, han creado sus propias divisiones de asuntos públicos. No es una moda incipiente, ha venido para quedarse.

*** Agustín Baeza es director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups