No es una percepción. Es lo que figura en la última memoria anual disponible de este plan, la de 2022, y a la que ha tenido acceso D+I. La de 2023, previsiblemente, se publicará en los próximos meses, pero, de momento, el nuevo equipo de gobierno regional surgido de las elecciones del pasado mayo ya ha tomado una decisión: ese plan ya no vale.

En la citada memoria hay un indicador que parece haber sido crucial a la hora de que la Junta de Extremadura presidida ahora por María Guardiola haya decidido empezar a plantear la elaboración de una nueva estrategia.

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Ese indicador es, como indicábamos al principio, el de si se cumplen o no los objetivos de seguimiento y actualización. Pues bien, la memoria es clara: no se cumplen.

El informe revela que el Comité Estratégico del plan se reunió seis veces y se celebraron un total de 12 subcomisiones. Junto a esos datos, aparece el resultado aplicable a esos indicadores: "No cumple".

También en relación a factores de seguimiento, la Memoria advierte que no constan incrementos porcentuales de recursos para la mejora continua de soluciones tecnológicas para los órganos de gobierno.

También refleja que el porcentaje de aplicaciones sustituidas ha sido del 10% o que la valoración de los servicios por parte de la ciudadanía y empleados es de 3,7 sobre 5, por debajo del objetivo inicial, que se situaba en un 4.

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No todo el informe es negativo. También hay datos que evidencian que apostar por un plan de modernización digital tiene consecuencias positivas. Como por ejemplo la de un ahorro de 60 millones de euros para la sociedad -aunque no determina cómo se extrae esa cifra-.

O como que se han gestionado más de 812 millones de euros telemáticamente en ayudas a ciudadanos y empresas; o como que se han firmado on line casi 1 millón de documentos; o como que se han incorporado 4.500 nuevos equipos tecnológicos; o como que el 51% de los empleados públicos ya participan en acciones de concienciación o formación relacionados a la modernización.

Concluye la Memoria de 2022 con una visión del vaso medio lleno. Remarca que "hay un incremento de la digitalización de servicios y procesos, así como de la corresponsabilidad entre las áreas administrativas, lo que se evidencia en el ahorro neto para la sociedad y el alto porcentaje de necesidades de servicios atendidas y en ejecución".

Reafirma que "la gestión pública electrónica está priorizada por su adecuación al marco normativo", aunque "sin embargo es limitado el impacto que puede verificarse respecto a la reducción de tiempos de respuesta, reordenación de tareas, sustitución de aplicaciones y satisfacción de la ciudadanía".  

Todo lo anterior, puesto en una coctelera por los nuevos dirigentes extremeños ha dado como resultado un replanteamiento de la situación.

Hace unos días, el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, subrayó que la Junta de Extremadura está comprometida con una Estrategia de Transformación Digital "que permita la monitorización y revisión continua, que impulse la ciberseguridad y la economía digital, que propicie el desarrollo del talento digital y que avance hacia una administración ágil, eficiente y proactiva".

Crítica abierta

Preciado, que compareció a petición propia ante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea de Extremadura, criticó abiertamente el Plan de Modernización Digital 2020-2024 diseñado por el gobierno anterior.

Lo definió como "deficiente por su falta de concreción, claridad y efectividad". Para el secretario general, el plan anterior se caracterizó "por la opacidad en la gestión de proyectos, por la ineficacia de las métricas utilizadas para evaluar el avance y por dar prioridad a los intereses políticos por encima de las necesidades reales de digitalización regional y de la administración".

Juan Carlos Preciado lamentó, asimismo, el tiempo perdido para llevar a cabo un proceso de transformación digital "desde un planteamiento ambicioso, con sentido, eficiente, que nos permita mejorar, que se pueda medir y, sobre todo, que esté fundamentado en proyectos concretos y con presupuestos concretos".

En especial lamentó "la falta de especificidad en la actualización de la administración para adaptarse a la sociedad digital, la falta de asociación de iniciativas con proyectos específicos y la presentación de un plan más como un ejercicio de justificación política que como una estrategia bien definida".

De la nueva Estrategia de Transformación Digital de Extremadura, en la que ya está trabajando su departamento, ha anticipado la activa participación de los agentes sociales y económicos de la región, tanto en su proceso de definición como de planificación estratégica.