Certificados, firmas, expedición de documentos con la máxima seguridad en cuanto a la privacidad de intervinientes... El universo digital aplicado a la burocracia goza de una buena salud aunque aún queda bastante camino por recorrer. Las administraciones y empresas españolas han acelerado en la aplicación de los estándares tecnológicos que permiten una relación fiable entre los diferentes actores económicos sin necesidad de usar papel pero los datos aún no permiten sacar conclusiones contundentes.

El Estudio SERES de Implantación de la Factura Electrónica en España, y cuyos últimos datos se corresponden al año 2019, certifican la consolidación de este tipo de trámites pero todavía transmiten una sensación preocupante: la brecha entre territorios parece estar creciendo, sobre todo, en lo que se refiere al apartado de emisión de este tipo de facturas.

Quedémonos, de momento, con lo positivo. Y lo positivo tiene que ver con que el número de facturas electrónicas procesadas en 2019 en España ascendió a 206.464.053 documentos, un 13,51% más que en 2018. Del total, 171.773.817 documentos -un 6,1% más que en 2018- corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 12.397.345 a ventas de empresas a particulares (B2C).

El informe remarca, además, que gracias al uso de la factura electrónica, en 2019 se ahorraron más de 1.600 millones de euros en la gestión de facturas emitidas y recibidas, y el equivalente en horas de trabajo de más de 442 años laborales.

Además, se generó un impacto medioambiental positivo cercano a la superficie forestal del Parque del Retiro al eliminar el papel de facturas, sobres, etc. Según el estudio, el coste medio de recepción de una factura es de 7,22 euros en papel y 2,27 euros en digital y en emisión de 4,45 euros en papel y 1,64 euros en digital.

La brecha en cuanto a facturas electrónicas emitidas

Como viene siendo habitual en los últimos años, las comunidades más pobladas (en habitantes y empresas) son las que más volumen de facturación electrónica tienen con respecto al total. Así, Madrid aglutina el 36,69% de las facturas electrónicas emitidas en toda España, seguida de Cataluña (28,93%), Andalucía (9,17%) y Valencia (4,94%). Y aquí es donde empiezan a intuirse las brechas, ya que de todas las regiones, solo la madrileña y la catalana han conseguido aumentar ese impacto sobre el total. El resto, cada vez tienen menos peso específico con respecto al total del que tenían en 2018. Asturias, Navarra, La Rioja, Extremadura y Baleares están a la cola.

Paradójicamente, el fenómeno contrario se da si lo que analizamos es el número de empresas que emiten facturas electrónicas sobre el total. En este caso, la brecha se acorta, ya que las regiones que lideran el ranking presentan peores datos que el año anterior, lo que supone que cada vez son más las empresas que emiten facturas electrónicas en todas las Comunidades. 

Madrid (que aglutina al 24,99% de empresas que emiten facturas electrónicas), Comunidad Valenciana (11,48%), Cataluña (8,58%), Andalucía (8,26%) y Castilla y León (7,04%) encabezan el ranking de Comunidades Autónomas con mayor número de empresas emisoras de factura electrónica. En este caso, las tres primeras pierden cuota respecto al año pasado, una cuota que ganan, pues, el resto de comunidades. 

Igualdad en cuanto a facturas electrónicas recibidas

También Madrid lidera los ránkings de facturas recibidas y número de empresas que reciben facturas electrónicas. La región madrileña registró el 29,22% de facturas recibidas respecto al total nacional, seguida de Cataluña (24%), Andalucía (8,13%), Galicia (7,16%) y Comunidad Valenciana (5,81%), manteniendo el ranking del año pasado y con variaciones más ajustadas. 

En cuanto al número de empresas receptoras, Madrid (18,62%), Cataluña (16,65%), Andalucía (9,02%), Castilla y León (8,26%) y Comunidad Valenciana (8,19%) ocupan las cinco primeras posiciones sin apenas variación respecto al 2018.

Facturación con respecto al sector

Por actividad, el sector servicios es donde la factura electrónica tiene un mayor grado de implantación, tanto en emisión (64,06%) como en recepción (61,80%), con un aumento del 8,14% y el 3,35% respectivamente respecto a 2018. Le sigue Industria, con un 27,81% de empresas emisoras y un 28,07% de receptoras, pero con una reducción del 13,99% y del 8,61% respectivamente sobre 2018. Por su parte, en el sector primario, la implantación de la factura electrónica es del 3,66% en emisión y un 3,64% en recepción, con una variación positiva en torno al medio punto en ambos casos.

Según el estudio, la mayor implantación de la factura electrónica se encuentra en la mediana empresa, con el 41,96% en emisión y el 35,70% en recepción. Le sigue la pequeña empresa, con el 27,49% en emisión y el 25,70% en recepción. En tercera posición aparecen las grandes empresas, donde el 19,98% emiten facturas electrónicas y el 29,54% las reciben. Finalmente, el 10,57% de las microempresas emiten facturas electrónicas y el 9,06% las reciben.

En sus conclusiones, SERES destaca que 2019 ha sido un año clave para el uso de la factura electrónica en las contrataciones públicas europeas. El pasado 18 de abril de 2019 marcó un nuevo avance hacia la administración electrónica. La entrada en vigor de la Directiva 2014/55/UE establecía la obligación para las administraciones públicas de los países de la UE de poder recibir y procesar sus facturas electrónicas según el estándar europeo.

El hecho de que los proveedores de las administraciones públicas comiencen a facturar de manera electrónica conlleva que el resto de empresas con las que mantienen relaciones comerciales también adopten la e-factura. Con la finalidad de facilitar al máximo este proceso, en España se puso en marcha la plataforma FACeB2B, a través de la cual los operadores económicos y particulares pueden remitir facturas a los subcontratistas de los contratos del sector público.