Tribunal Supremo
El TS condena a UGT a devolver 18 M a la Junta de Andalucía por irregularidades en cursos de formación
La Justicia detectó “infracciones de notable gravedad”.
En otra causa penal se reclaman al sindicato 40 millones.
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El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de UGT-A contra una sentencia del TSJA que condenó al sindicato a devolver a la Junta de Andalucía 18,3 millones de euros por irregularidades en cursos de formación.
El alto tribunal confirma ahora en casación esa sentencia de 2023, que afecta a 13,1 millones vinculados a una subvención para 240 cursos no justificados debidamente anteriores a 2009, y otros 5,2 millones en concepto de intereses.
Dinero para la formación de parados andaluces, pero que se manejó al margen de los procedimientos previstos para las subvenciones públicas y con "infracciones de notable gravedad", según la Justicia.
El procedimiento judicial nace de un expediente administrativo abierto por la Junta de Andalucía cuando aún gobernada por el PSOE, de 16 de septiembre de 2015, por el que se acordaba el reintegro de los 18 millones.
Ese expediente, junto a otros por importe total de alrededor de 40 millones, se abrió después de incesantes noticias en prensa sobre fraudes en la formación a cargo de UGT, que salpicaron incluso al marido de Susana Díaz, entonces presidenta.
Un escándalo que provocó un serio divorcio del PSOE andaluz con el sindicato, una herida que costó años reparar.
En un cajón
Pero el expediente de los 18 millones (con la referencia 98/2001/J/0249 para la Junta y Forman XX para UGT-A), dormía el sueño de los justos en un cajón en 2019, cuando cambió el Gobierno y Juanma Moreno llegó a la presidencia.
El nuevo ejecutivo detectó el expediente cuando estaba ya próxima la fecha de prescripción de las actuaciones, y lo resolvió en vía administrativa el 14 de octubre de 2019 desestimando recursos del sindicato y reclamando el dinero.
UGT-A se fue a los tribunales contra esta resolución administrativa, y consiguió en la jurisdicción contencioso administrativa que se le estimasen algunos detalles técnicos. Pero la Justicia confirmó que debía devolver los 18 millones.
En esa sentencia de 2023, el TSJA determinó que los cursos se habían impartido, pero que UGT-A no había actuado de acuerdo al procedimiento establecido.
"Notable gravedad"
“Las infracciones observadas en la actividad desarrollada por UGT-A son de notable gravedad (...) y las meritadas infracciones iban de la mano de la ejecución de la actividad para la cual se concedió a UGT-A la subvención objeto de las presentes actuaciones”, dijo el TSJA.
Entre las irregularidades estaban la subcontratación con sociedades instrumentales de UGT-A sin autorización, y discrecionalidad a la hora de fijar salarios de docentes al margen de los baremos, entre otras.
UGT-A recurrió esa sentencia en casación ante el Tribunal Supremo en 2024, que ha fallado ahora en su contra a través de la Sección Tercera de la Sala de Contencioso Administrativo, y confirma la condena a devolver a la Junta los 18 millones en litigio.
Otros 40 millones
El sindicato en Andalucía lleva a la espera de que precisamente el Tribunal Supremo estime un recurso contra otra sentencia de 2024, esta vez de la Audiencia de Sevilla y por lo Penal, que declaraba al sindicato responsable civil subsidiario de un fraude en formación de 40 millones de euros.
Varios miembros de anteriores directivas regionales de UGT fueron condenados por delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documentos mercantiles en esa causa penal.
Si los condenados como responsables del fraude no pueden devolver los 40 millones defraudados según la sentencia de la Audiencia, el sindicato deberá abonarlos por ellos como responsable civil subsidiario.
Tanto la causa contencioso-administrativa fallada ahora por el TS como el otro procedimiento penal que espera solución definitiva son anteriores a la actual dirección del sindicato en Andalucía, e incluso al equipo inmediatamente anterior.
Todo lo contrario, han sido estos equipos directivos lo que han tenido que afrontar una situación comprometida para el sindicato por la entidad de las cuantías que se les reclaman desde los tribunales de Justicia.
