España quiere modernizar su red eléctrica, pero su modelo no convence al capital privado

España tiene un plan: invertir 53.000 millones de euros en redes eléctricas hasta 2030 para modernizar su sistema eléctrico y cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). No obstante, puede que sea un proyecto algo arriesgado, ya que, el sistema que propone la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en lugar de impulsar la transformación, pone condiciones que ahuyentan la inversión, aumentan el riesgo financiero y pueden hacer que España se quede atrás frente a otros países europeos.

La Unión Europea plantea la necesidad de movilizar hasta 584.000 millones de euros en infraestructuras eléctricas de aquí a 2030 y países como Alemania, Italia y Francia ya están preparando marcos regulatorios estables y competitivos. Sin embargo, con su estrategia, España corre el peligro de ser menos atractiva para los inversores, justo cuando puede que más lo necesite.

Qué pasa con las reglas nuevas

El nuevo modelo que plantea la CNMC fija una tasa de retribución financiera (TRF) de 6,46%, que a pesar de ser superior a la del periodo anterior, sigue siendo más baja que en otros países europeos. Italia, por ejemplo, aplica un 8,1%, Reino Unido un 7,6%, Suecia un 7,3% y Dinamarca un 7,2%. Incluso en España, sectores como los aeropuertos (8,03%) o las telecomunicaciones (6,98%) ofrecen mejores condiciones.

En un contexto donde todos los estados luchan por atraer inversiones, esta rentabilidad resulta poco atractiva. Además, el modelo añade incertidumbres que aumentan el riesgo para los inversores. Para que España pueda invertir esos 53.000 millones de euros realmente, las reglas financieras deben ser claras, estables y adaptadas al coste real del capital, algo que, según muchos expertos, la propuesta actual no garantiza.

Uno de los puntos más controvertidos del nuevo marco es la manera en la que se retribuyen las inversiones. Con este nuevo modelo, las eléctricas sólo cobrarán por las nuevas infraestructuras cuando los clientes estén conectados, algo que puede tardar entre cinco y ocho años. Castigando así las inversiones anticipadas, que son precisamente las necesarias para atender los más de 60 GW de proyectos eléctricos que hoy están parados por falta de capacidad en la red.

Si no se construyen líneas nuevas de forma proactiva, la electrificación de sectores clave como el transporte, la industria o la vivienda no podrá avanzar. Las empresas eléctricas no pueden asumir el riesgo de invertir millones de euros sin certidumbre de retorno ni de plazo.

La Comisión Europea ha advertido de forma reiterada de que el éxito de la transición energética pasa por modernizar y expandir las redes eléctricas. Asimismo, ha instado a los Estados miembro a diseñar marcos regulatorios que permitan movilizar inversiones. Otros países como Alemania, Francia e Italia, ya están dando mejores condiciones para atraer capital privado. Si España no cambia su modelo, se quedará rezagada tanto en electrificación como en competitividad.

Si no se invierte a tiempo, no se podrán conectar nuevas industrias ni proyectos porque la red no crecerá lo suficiente. Además, se frenará la llegada de renovables y la electrificación del transporte, la industria y las viviendas y aumentará el coste de la electricidad para los ciudadanos y las empresas. España perdería de esta manera oportunidades de inversión extranjera y puestos clave en Europa. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que una red débil también es más vulnerable ante fenómenos extremos como olas de calor, las DANAs o las crisis energéticas externas.

El sector eléctrico asegura que España tiene la capacidad técnica, las empresas y el apoyo político para liderar la electrificación, pero necesita un sistema de retribución adecuado. La regulación debe estar en línea con los objetivos del PNIEC y con la estrategia de la Unión Europea.