Primero fue el alcalde, José Miguel Luengo, el que anunció que solicitará al Tribunal Superior de Justicia "proceder a la firma" del contrato de adjudicación del servicio de agua potable y alcantarillado de la localidad. Y ahora ha sido la propia adjudicataria, la empresa Aqualia, la que ha pedido al TSJ que "declare la validez del expediente de adjudicación" del citado servicio municipal, por un importe de 247 millones de euros, durante un periodo de tiempo de veinte años.

De modo que no paran de sucederse las reacciones a la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia del grupo político Pleamar, contra el Ayuntamiento de San Javier, alegando un delito de prevaricación porque la consultora Ingeagua favoreció a la mercantil ganadora del concurso: Aqualia.

La empresa adjudicataria subraya en un comunicado que no se ha cometido ningún delito: "Cabe destacar que la decisión de la Fiscalía desmonta el falso argumento de que la consultora Ingeagua actuaba para favorecer los intereses de Aqualia. Este argumento ha sido repetido constantemente por los medios digitales que han participado en la campaña de desprestigio contra Aqualia". De hecho, el fiscal dice que "no se puede determinar que la consultora (Ingeagua) haya adjudicado contratos con preferencia y de manera habitual sobre otras licitadoras en los concursos en los que ambas han concurrido como consultora y como licitadora".

En el comunicado de la empresa también lamentan "la elaborada trama de intoxicación informativa que en los últimos meses han venido desarrollando determinados medios digitales". Aqualia critica que "estos medios difundieron acusaciones graves contra el Ayuntamiento de San Javier, su alcalde, José Miguel Luengo, los técnicos municipales, la consultora Ingeagua y la propia Aqualia, a partir de informaciones sin fuentes identificadas y sin el más mínimo rigor ético".

"Estas publicaciones, entrelazadas entre sí, han pretendido crear un relato ficticio, con apariencia de veracidad, que posteriormente fue presentado por el partido político Pleamar a la Fiscalía para sembrar dudas sobre la transparencia del proceso de licitación y poder llegar a detenerlo o revertirlo", según prosigue exponiendo Aqualia en su comunicado.

Campaña de desprestigio

Desde la empresa consideran que ese "relato ficticio" ha podido "influir" en la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, a la hora de anular el proceso de contratación. De modo que Aqualia, una vez que la Fiscalía ha archivado la denuncia de Pleamar, "prevé ejercer acciones legales contra las diferentes prácticas que se han puesto en marcha a lo largo del concurso y que han afectado a su reputación y a sus legítimos intereses empresariales".

"Aqualia trabaja para dar una respuesta legal ante el daño reputacional y material del que ha sido objeto en esta campaña de desprestigio, con el único fin de evitar que en el futuro este tipo de comportamientos antiéticos se repitan y dañen a cualquier persona física o jurídica", tal y como reflexiona la empresa.