El sector primario siempre silencioso, trabajador, denostado y olvidado decide hacerse oír. No es solo el campo español. Está pasando en toda Europa. Llevamos algún tiempo despertándonos con el noticiario informando de revueltas de agricultores, ganaderos y pescadores por todo el llamado viejo continente. El origen de todo ello está en el parlamento europeo y sus políticos.

En el año 2017 decidieron hacer una encuesta a nivel general sobre qué tipo de política agraria quería el “pueblo europeo” para el periodo 2020 al 2027. La respondieron menos de 500.000 personas. Casi todas ellas del ámbito urbano. Y con dudas razonables de que fuera intervenida por grupos de interés.

Parece que Europa quería una política más “medio ambiental”. Era tal el giro que no se pudo implementar en el 2020 como se pretendía. Tuvo que esperarse al 2023. Ya entonces hubo movilizaciones y algunas voces que leyendo los borradores de proyectos de ley alertaban de la debacle que suponía esta nueva política agrícola común, (PAC).

Ha sido al final del año 2023 y principios del 2024 cuando los agricultores han percibido el último pellizco de esta nueva política, con la reducción de los pagos compensatorios.

"Por el camino que llevamos desapareceremos por asfixia económica y, si desaparecemos, lo que comamos será de países terceros".

Cada estado miembro tiene cierta flexibilidad en implementar el mandato de Bruselas. Pero las bases las pone la Unión Europea. Las quejas de todos agricultores y ganaderos europeos se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Una mayor burocratización de la documentación. Haciendo necesario para cumplirla un consumo de tiempo, dinero y especialización muy alto. Sirvan algunos ejemplos: fotografías georreferenciadas para evitar sanciones; identificar polígono y parcela donde pasta el ganado a diario; aplicación de un cuaderno de campo digital en el que se apunta todo lo que se hace día a día.

- Una reducción del uso de materias necesarias para la producción como los fertilizantes y productos fitosanitarios, dejando muchas veces al agricultor y ganadero sin la posibilidad ni de tener buenas cosechas ni de defenderse de plagas o enfermedades que merman su ganado o sus cultivos.

- Aplicar un porcentaje de la superficie productiva por la obligatoriedad de cumplir los ecoesquemas, ampliando los costes de producción para cumplir los requisitos medioambientales, reduciendo la superficie de producción de alimentos.

- Una competencia desleal de terceros países que no sufren esas reducciones, restricciones, ni obligaciones. No cumplen las llamadas cláusulas espejo. Entran en la Unión productos sin todos estos requisitos y más baratos.

Todo esto y mucho más, en nombre de, primero, comer productos libres de materias activas nocivas. Lo que Europa lleva ya mucho tiempo haciendo sin la necesidad de todas estas novedades.

En segundo lugar, con el karma de preservar el medioambiente, mientras que los productos que vienen de fuera no sabemos hasta que punto preservan el medio ambiente.

El sector primario europeo ya tiene este punto no solo como prioritario, sino que es la razón de su existencia y sostenibilidad por siglos. No sabemos si los países de fuera de la Unión cumplen el precepto de estar libre de agentes contaminantes.

"Sacar los tractores a la calle es una medida desesperada que se entiende por sí misma".

Tampoco sabemos cuánto les importa nuestro planeta. Lo que sí sabemos es lo que nos dice el sector primario: por el camino que llevamos desapareceremos por asfixia económica y, si desaparecemos, lo que comamos será de países terceros (adiós a la seguridad alimentaria).

Estaremos a su voluntad en todo. Precio, salubridad, respeto al medioambiente y mucho más. Aquellos que votaron ese modelo de política agrícola deberían plantearse si esto es lo que querían. Sacar los tractores a la calle es una medida desesperada que se entiende por sí misma.

***Iván de Arteaga es presidente de la Comisión de Agroindustria de Cesur.