La inflación y el paulatino envejecimiento de la población son dos factores que están teniendo una incidencia muy acusada en la rentabilidad y la eficiencia del modelo de prestaciones sociales de los funcionarios que gestiona Muface, al menos desde el punto de vista financiero. En un contexto en el que el riesgo de colapso del sistema es una posibilidad real, según denuncian desde el propio organismo y desde las aseguradoras que colaboran con él, hay una llamada conjunta a reflexionar en torno a las carencias del modelo y a la urgencia de incrementar la financiación que permita seguir ofreciendo una asistencia de calidad a los mutualistas.

Actualmente, son tres las grandes aseguradoras que se mantienen dentro del concierto de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado): DKV, Adeslas y Asisa. Todas ellas han venido denunciando esta situación en la que las primas de cobertura a estos funcionarios comenzaban a estancarse en relación a los costes reales de estos servicios, cada vez mayores a medida que subían los precios en todos los ámbitos. Es por ello que la polémica envolvió la última renovación del convenio que regula estas prestaciones, un documento que cubre el período 2022-2024 y que incluía una inversión de 3.521,7 millones de euros por parte de Hacienda.

En la formalización de esa partida también quedaron estipulados incrementos progresivos anuales de las tasas: del 8% en 2022, del 0,75% en 2023 y del 1,25% en 2024. Son alzas que el sector ve insuficientes porque no consideran que palíen las pérdidas acumuladas por el incremento de los precios que hemos visto en nuestra economía en los últimos meses. En opinión de las aseguradoras, estas subidas previstas en el acuerdo se quedan cortas porque se basan en unas premisas generales de inflación contenida que están muy lejos de los datos de inflación más recientes, que incluso llegaron a alcanzar los dos dígitos el pasado año.

La consecuencia directa de esta diferencia entre las previsiones del documento y la economía real es la imposibilidad de prestar servicios médicos y sanitarios con la calidad de siempre. Se trata de un problema cuyas consecuencias van en una doble dirección, dado que redunda en la asistencia a las personas que lo necesitan, por un lado, y afecta negativamente a las cuentas de las empresas implicadas, por otro. Solo en los dos últimos años DKV, Adeslas y Asisa, las tres principales aseguradoras, afirman haber registrado unas pérdidas conjuntas por este concepto por valor de 340 millones de euros.

Un modelo "infrafinanciado"

El sector aboga, por tanto, por adaptar las revisiones anuales a la coyuntura real, equilibrando un modelo que consideran “infrafinanciado” actualmente. Y no solo al compararlo con el gasto público medio en salud sino incluso tomando en consideración las coberturas más habituales dentro del sector privado. Las aseguradoras que permanecen en este concierto ponen sobre la mesa cálculos que indican que el coste asistencial en la sanidad pública supone, a día de hoy, un coste un 40% superior al del modelo Muface.

Y eso deriva hacia otro efecto colateral de aquella negociación de la que nació el convenio que rige actualmente: la posibilidad, apuntada entonces por Unidas Podemos, socio minoritario de aquel Gobierno, de integrar a todos los mutualistas de Muface (también los de Mugeju e Isfas) en el régimen general de la Seguridad Social. La propuesta generó numerosas reacciones ante un hecho que, lejos de ayudar a aplicar medidas excepcionales para aliviar las cuentas del sistema, amenazó con derivar a cerca de dos millones de funcionarios que actualmente son atendidos en la sanidad privada al sistema público, con el impacto que podría suponer para un sistema que actualmente ya se encuentra muy sobrecargado en costes, listas de espera y calidad de la atención.

Más allá de esa propuesta a futuro, el planteamiento de las aseguradoras hoy es el de apostar por un modelo que, independientemente de su estado financiero actual, ha demostrado su solvencia y constituye un éxito de colaboración público-privada que ayuda a aliviar la carga del sistema público y garantiza la cobertura de sus afiliados. Por ello es, precisamente, por lo que aseguradoras como DKV abogan por mejorar unas condiciones que se perciben como “insuficientes” y que han provocado la salida de otros actores del sector en el pasado por no considerar rentable su permanencia.

La edad como factor corrector

Y es que, además de las medidas que se piden para diluir el efecto de la elevada inflación, también se pide poner en valor otros factores que tienen una acusada incidencia en el ratio entre coste y eficiencia. Se trata de la asignación de recursos al colectivo de funcionarios, que las aseguradoras exigen que sea más equitativo, por ejemplo. También exigen que se tenga en cuenta la edad de este segmento de trabajadores, cada vez más elevada, lo que implica también una relación directa con sus necesidades asistenciales y el coste asociado.

Son cuestiones que tienen su influencia y en torno a las que colocar el foco en estos momentos revela una situación que lleva años en boga. Las aseguradoras resaltan el dato de que, en los últimos diez años, el gasto per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6% mientras que la prima ponderada de Muface solo ha crecido un 31,6%, lo que equivale a casi la mitad del incremento. Y otro dato: en los últimos años el gasto total de las comunidades autónomas se ha incrementado en un 42,0%, mientras que el gasto de Muface ha aumentado un 10,9%. Son números que retratan un contexto en el que es la atención a las personas, a los funcionarios en este caso, lo que está en juego.