El expresidente del BBVA Francisco González ha quedado exonerado de un supuesto delito de administración desleal por el que el instructor del caso Tándem-Villarejo decidió investigarle a petición de la Fiscalía Anticorrupción el pasado julio.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez García-Castellón, estimando el recurso interpuesto por el defensor de González, Jesús Santos.

El pasado abril el instructor, a sugerencia de los fiscales, amplió la investigación a Francisco González por "haber utilizado recursos de la entidad para su uso exclusivamente personal", en concreto "para valorar la adquisición de una finca a título privado".

Era una información que figuraba desde hace años en el procedimiento y cuya fuente de conocimiento fue, además, el propio BBVA. El banco entregó al juez correos electrónicos cruzados entre Joaquín Gortari (entonces jefe del gabinete del presidente) y el director de riesgos, Antonio Béjar, sobre la localización, valoración, información registral y condiciones de adquisición de fincas en cuya compra estaba interesado Francisco González.

Gortari explicó al juez que no se trataba de un encargo a Cenyt, la empresa de Villarejo, al servicio privado del entonces presidente sino que la finalidad era que el banco no se expusiera a "riesgos reputacionales" si, por falta de información, González se metía una transacción millonaria inconveniente, motivo por el que era no sólo bueno sino incluso "obligado" saber a quién y qué iba a comprar el máximo directivo de la entidad.

Pese a ello, el instructor acogió la propuesta de la Fiscalía de ampliar la investigación al expresidente por una presunta administración desleal de los recursos del banco.

Hecho "nimio"

La Sala contradice ahora esa decisión y la deja sin efecto. En una resolución conocida este jueves, el tribunal da la razón a la defensa en el sentido de que para poder perseguir ese delito hubiera sido necesaria la denuncia del agraviado, en este caso el banco, tal como exige el Código Penal. 

La posibilidad legal de soslayar la exigencia de esa denuncia en los casos en que la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas no es de aplicación en este caso, argumenta la Sala. 

"El hecho de que BBVA, la sociedad eventualmente perjudicada, sea una de las principales entidades bancaria de nuestro país y tenga muchos accionistas no implica que exista una afectación de los intereses generales o de una pluralidad de personas, como requiere el Código Penal para excluir la necesidad de denuncia de la persona agraviada", explica.

"De resultar acreditada, la conducta que se pretende investigar tendría, dada su escasa entidad, una repercusión nimia en el patrimonio de la sociedad y sería moderado el riesgo reputacional. Menos aún cabría concebir un perjuicio
apreciable para los accionistas o para la economía en general. Por lo tanto, la
investigación del delito societario requeriría ineludiblemente la denuncia [del BBVA] y su omisión impide la investigación".

Respecto a la tesis de las acusaciones de que no es descartable que, en vez de administración desleal, se trate de una apropiación indebida, el tribunal indica, que si este delito resultase acreditado, "se habría cometido al margen de la organización criminal investigada [en el caso Tándem] y por personas ajenas a esta". Por ello, no habría conexidad con el procedimiento que tramita la Audiencia Nacional y esa eventual apropiación indebida debería ser investigada, en su caso, en el Juzgado competente.

Registro a Corrochano

De otro lado, la defensa de Julio Corrochano, exjefe de seguridad de BBVA y firmante de los contratos con el comisario Villarejo que se investigan en el caso Tándem, ha denunciado la decisión judicial de autorizar una entrada y registro en su vivienda en la tarde del miércoles a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

La letrada María Mormeneo ha dirigido un escrito al juez instructor en el que subraya que el único documento incautado a Corrochano fue una fotocopia de la oferta de Cenyt para el contrato firmado en junio de 2016, referido al análisis de los riesgos de seguridad existentes en los países donde operaba el BBVA (terrorismo internacional, yihadismo, conflictos de otra índole)

Esa fotocopia la llevaba Corrochano en su carpeta para la declaración que prestó el pasado martes, durante la que hizo referencia al contenido de ese contrato.

"La referida fotocopia lo es de un documento obrante en el procedimiento, en concreto de la documentación entregada por BBVA al procedimiento, y así se hizo constar en el acta de registro, pese a lo cual, y pese a que el policía que la intervino llamó en ese momento al fiscal para consultar si debía o no internarla, siguiendo instrucciones del fiscal, así lo hizo", señala la defensa.

"No podemos dejar de manifestar que la diligencia de entrada y registro solo se puede calificar de desproporcionada y sin que se soportase con necesidad o utilidad de ningún tipo", critica.