En este contexto y teniendo en cuenta el volumen de fondos, la complejidad de la situación actual y la necesidad de hacer un uso realmente eficiente de los recursos, cabe preguntarse qué deben hacer las Administraciones Públicas para contribuir al éxito del Plan en su conjunto.

El Plan, cuyo objetivo se enmarca en impulsar la recuperación sanitaria, social y económica del conjunto del país, pivota en gran medida en la capacidad de las Administraciones Públicas para poner en marcha los principales instrumentos existentes para desplegar políticas públicas, como las licitaciones públicas o las ayudas y subvenciones.

Para lograr el éxito en la canalización de estas inversiones es imprescindible que las Administraciones Públicas lleven a cabo con agilidad, precisión y transparencia una serie de procedimientos de gestión pública que aseguren el interés general, la libre concurrencia y el control de los fondos públicos.

Por ello, y con objeto de eliminar obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa que regula dichos instrumentos, el Gobierno de España publicó, a finales del año pasado, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, así como para la correcta ejecución del PRTR.

En esta normativa se introducen una serie de medidas de modernización de las administraciones públicas diseñadas para consolidar una gestión más ágil y eficiente de los fondos. Se trata de afrontar un reto tan grande como la llegada masiva de fondos y su eficiente gestión, sin menoscabo de las máximas garantías en términos de transparencia y rendición de cuentas y, por supuesto, con la mayor eficiencia y eficacia. Es evidente que el tiempo apremia y que la cantidad de fondos que llegarán en los próximos meses exigen contar con mecanismos garantistas pero ágiles, así como con herramientas que permitan la máxima capilaridad para que las ayudas lleguen a todo aquel que las necesita.

Por ello y para asegurar que se aprovechan todas las oportunidades, es preciso agilizar el despliegue en tiempo y forma del Plan, pero también resulta necesario potenciar la denominada A administración digital, impulsando los procesos de modernización de las administraciones públicas y estableciendo una verdadera transformación de la relación digital con la ciudadanía y las empresas.

Para ello, las administraciones cuentan con el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, incluido dentro del componente 11 del PRTR, donde se incluyen una serie de medidas para democratizar el uso de las tecnologías emergentes en todos los niveles administrativos territoriales de la Administración, con especial interés en los territorios rurales y con menor población.

Con el fin de impulsar los servicios digitales y evitar que surja una España a dos velocidades, recientemente se ha lanzado una convocatoria de ayudas a Entidades Locales de más de 50.000 habitantes destinada a abordar proyectos de transformación digital alineados con los servicios comunes que se prestan desde la Administración General del Estado, garantizando la homogeneidad en la prestación de servicios. Se trata fundamentalmente de aprovechar las tecnologías emergentes y de alinear los proyectos con los intereses y necesidades de la ciudadanía.

Entre las tecnologías emergentes incluidas en el Plan de Digitalización, cabe destacar las denominadas tecnologías de automatización inteligente, tales como el “bajo código” o la robotización, que han permitido dar respuesta, en tiempo y forma, a las políticas públicas enfocadas a paliar los efectos económicos y sociales provocados por la crisis sanitaria de la COVID -19.

Estas tecnologías han permitido a las Administraciones desarrollar servicios digitales y automatizar diversas convocatorias de ayudas y subvenciones. En este sentido, cabe citar, a modo de ejemplo, a instituciones como la Junta de Andalucía, Administración pionera en el uso intensivo de estas tecnologías, a través de la puesta en marcha de una Unidad de Automatización Inteligente, que ha permitido agilizar la tramitación de las ayudas y subvenciones a los autónomos y, al mismo tiempo, reducir los tiempos de concesión y cobro de las mismas.

Esta decidida apuesta en la modernización de los servicios públicos ha demostrado que la combinación de unos servicios digitales de calidad y las tecnologías de automatización inteligente permiten conseguir una mejor relación entre la ciudadanía y la Administración Pública, así como un éxito en el despliegue ágil de las políticas públicas.

El reto, por tanto, está en acelerar la modernización de nuestras administraciones y dotarlas de los recursos necesarios como condición necesaria para poder tramitar las ayudas, desplegar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en definitiva, y alcanzar el futuro deseado para nuestro país.