A lo largo de los 23 folios del informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas sostienen que Galán "conoció" la contratación de Villarejo por Iberdrola entre los años 2004 y 2016, cuando el controvertido policía estaba aún en el servicio activo.

Ello constituiría un presunto cohecho, aunque los representantes del Ministerio Público no dan ningún argumento que permita saber en qué se basan para afirmar que el primer directivo de la energética habría conocido que Villarejo, contratado como director del grupo de empresas Cenyt por el departamento de seguridad de Iberdrola, era policía en activo. 

El informe desgrana los cuatro proyectos para los que Iberdrola, a través de su exdirector de Seguridad, Antonio Asenjo, fichó a Villarejo, que cobró un total de 1,1 millones de euros. En dos de ellos, denominados por el excomisario-empresario Arrow (2004) y Black Board (2004-2005), Sánchez Galán era vicepresidente y consejero delegado de la energética. En los dos últimos, llamados Gipsy-Posy (2009) y Wind (2011 y 2017), ya era presidente ejecutivo de la compañía.

Acusación de un exempleado

La implicación de Sánchez Galán en el caso Tándem -en el que se investigan numerosas actuaciones de Villarejo con instituciones, empresas y particulares- tiene como eje las declaraciones judiciales de un antiguo controller de Iberdrola, José Antonio Olmo, que asegura que el entonces director de Seguridad Asenjo le dijo que Galán habría ordenado realizar unos trabajos "especiales". Asenjo lo niega. 

El primero de esos trabajos fue Arrow, dedicado a neutralizar la resistencia que existía en Arcos de la Frontera a la construcción de una central de ciclo combinado. Villarejo habría facilitado información sobre los opositores, incluido "el acceso a tráfico de llamadas telefónicas realizadas y recibidas", una información cuya posesión por Villarejo era ilegal.

Los trabajos sobre el proyecto Arrow "fueron indiciariamente ocultados, en la
medida en que las facturas correspondientes a los mismos no fueron emitidas por Grupo Cenyt, prestadora del servicio a Iberdrola, sino por otra compañía diferente, Castellana de Seguridad, S.A. (Casesa)", sostienen los fiscales.

José Antonio Olmo hizo entrega al Juzgado de varias de las facturas de Casesa y de un informe suyo, fechado el 1 de diciembre de 2004 y depositado por el controller en una notaría 20 días después. En ese documento, Olmo anotó que "Antonio Asenjo le reconoció que las facturas emitidas por Casesa por los trabajos de vigilancia especial vinculados al proyecto Arrow se correspondían, en realidad, a servicios prestados por otra compañía a la que Iberdrola no podía realizar pagos".

Olmo ha manifestado que, alertado por esa irregularidad, en 2004 entregó el informe a su superior, José Luis San Pedro, lo que éste niega. De hecho, el informe no tiene la firma del superior, en contra del protocolo habitual.

Pero el papel elaborado por Olmo fue guardado en una notaría por el controller, que lo rescató el  21 de enero de 2020 para dárselo al juez y denunciar a sus antiguos jefes. Iberdrola, por su parte, ha denunciado a su exempleado por llevarse facturas de la compañía y falsificar el informe.

Información sobre Pizarro y Florentino

El siguiente encargo, llamado Black Board, "tenía por objeto fundamental conocer información de naturaleza sensible referida a actividades de Manuel Pizarro, a la sazón presidente de Endesa, tanto presentes como anteriores, que pudieran incidir en sus actuaciones futuras", señalan los fiscales.

En ese momento Galán era vicepresidente y consejero delegado, Fernando Becker era director de recursos humanos y servicios; Francisco Martínez Córcoles ocupaba el cargo de director de generación y Rafael Orbegozo era director del gabinete el presidente. Según Anticorrupción, todos ellos conocieron la contratación de Villarejo, motivo por el que pide que declaren como investigados.

"Numerosos informes y gestiones documentadas sobre este proyecto, incluyendo de nuevo tráficos de llamadas entrantes y salientes, fueron ocupados" a Villarejo al ser detenido en noviembre de 2017.

Los proyectos Gipsy y Posy se centraron en "investigar a Florentino Pérez, presidente de ACS, a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola", dicen los fiscales.

Entre los documentos intervenidos a Villarejo figuran datos personales de Pérez y su familia, como son los datos del censo. El empresario también es mencionado en las agendas de Villarejo y aparece en conversaciones del excomisario con Asenjo, grabadas subrepticiamente por el primero.

Facturas irregulares

Finalmente, el proyecto Wind tuvo por finalidad la averiguación del patrimonio del empresario rumano Christopher Kaap, deudor de Iberdrola.

Según los fiscales, la contratación de Villarejo fue irregular en todos los proyectos, ya que no había contrato, las facturas se pagaron sin pedido y en ellas figuraban conceptos elegidos por Asenjo que no respondían a la realidad, tales como "coordinación operativa de seguridad de los desplazamientos de ejecutivos nacionales". Asenjo explicó al juez que se hacía así para mantener la confidencialidad de los trabajos, y ha negado el encargo de una investigación sobre Florentino Pérez.

Para los fiscales, sin embargo, "se trataría de facturas emitidas por servicios prestados por el investigado José Manuel Villarejo Pérez cuando se encontraba en situación de servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, ocultados mediante la manipulación de los conceptos que se hicieron figurar en las mismas y conocidos exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán, desde 2006 presidente de la compañía, y, cuando menos en alguno de los proyectos, también por Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo, aparte de Antonio Asenjo".