Por lo que respecta a los fondos se prevé que el ECOFIN del 13 de julio debata la propuesta de la Comisión y, si no hay sorpresas, apruebe definitivamente el Plan. Esto permitirá a la Comisión Europea liberar el 13% de los fondos asignados, 9.036 millones de euros en concepto de adelanto, y otros 11.494 millones de euros en diciembre de este año como primer tramo, correspondiente a las reformas e inversiones en forma de hitos y objetivos comprometidas por España que ya han sido implementados desde el comienzo de la pandemia. Se prevé que el resto de los pagos se vayan liberando semestralmente en función del cumplimiento de los 416 objetivos e hitos comprometidos, antes del 31 de agosto de 2026.

La liberación de los pagos por parte de la Comisión Europea debería servir para incentivar a las administraciones públicas españolas a seguir con la planificación e inicio de la ejecución de las actuaciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para lo que disponen, desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, de más de 24.000 millones de euros adelantados por el Gobierno de España, cuya ejecución, según la IGAE, ha sido prácticamente nula hasta el pasado mes de abril.

España podrá recibir en este periodo de programación de fondos europeos hasta cuatro veces más de fondos que en el anterior, del que aún hemos consumido sólo la mitad. El Banco Central Europeo ha avisado recientemente de que si los gestionamos como lo hemos hecho hasta ahora, al final de los seis años de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia podríamos tener aún pendiente de ejecutar el 55% de los fondos. Por tanto, urge pasar de las palabras a la acción y convertir estos créditos presupuestarios– disponibles hace ya casi seis meses por parte de los Ministerios – en inversiones, en proyectos, en empleos, en definitiva, en realidades que materialicen la ilusión en oportunidades reales que den un verdadero impulso a la transformación de nuestro país. No hay tiempo que perder para que las administraciones competentes inicien la tramitación de convocatorias de ayudas, licitaciones de contratos y el resto de figuras de colaboración público privada necesarias para absorber los recursos disponibles.

Pero si es importante avanzar urgentemente con las inversiones, no lo es menos reactivar una agenda reformista que impulse la transformación económica y social de nuestro país. De acuerdo con BBVA Research, el impacto de las reformas en el crecimiento a medio y largo plazo del PIB en nuestro país podría ser cinco veces mayor que el derivado de las inversiones.

El Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en vigor desde el pasado mes de febrero, mandata a los Estados miembros a realizar reformas que deben ir orientadas a cumplir con las Recomendaciones Específicas encomendadas a cada país por el Consejo en el marco del semestre europeo en 2019 y 2020. De acuerdo con el informe técnico de la Comisión sobre España en el marco del Semestre Europeo de febrero de 2020, nuestro país no había superado antes del virus completamente algunas de las deficiencias estructurales y las consecuencias heredadas de la crisis precedente.

De hecho, la eficiencia económica, medida por la productividad total de los factores, seguía siendo moderada debido a la escasa innovación en muchas empresas y Comunidades Autónomas. Además, seguían sin resolver problemas especialmente relevantes, como la fragmentación de la reglamentación, las barreras de mercado, la segmentación del mercado laboral y las carencias en materia de capacidades profesionales.

Por todo ello, la Comisión propuso al Consejo, y éste acordó recomendar a España en el marco del Semestre Europeo, reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, aprobar reformas en el ámbito laboral para el impulso de la contratación indefinida y la simplificación del sistema de incentivos a la contratación, corregir la fragmentación en las ayudas nacionales al desempleo, luchar contra el abandono escolar prematuro y las disparidades educativas autonómicas, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aplicar la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, entre otras reformas.

En términos generales, la Comisión Europea considera que las inversiones y reformas previstas en el Plan de España contribuyen a abordar de forma eficaz los retos identificados en el contexto del Semestre Europeo. Pero, sin embargo, muestra limitados avances en el cumplimiento de buena parte de las recomendaciones anteriormente mencionadas, descuenta importantes retrasos en la ejecución de las reformas de mayor impacto y alberga la posibilidad de que incluso demos algún paso atrás.

Así, al tiempo que reconoce que las medidas previstas en materia de pensiones no contribuyen a compensar la derogación prevista de los principales elementos aprobados en la reforma de 2013 para impulsar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, algo que obligaría a tomar medidas adicionales en el futuro, la Comisión se limita a advertir que la contrarreforma de la negociación colectiva de 2012 “no debería resultar en desproporcionados obstáculos para que las empresas se ajusten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad”.

Regar con fondos europeos hoy sin acompañar de un ambicioso, coherente y robusto plan de reformas que mejoren nuestra capacidad de competir, generar riqueza y financiar nuestro modelo de bienestar, es como llenar de agua unas cañerías repletas de agujeros, que podrían incluso crecer. La próxima generación de europeos bien merece que impulsemos desde hoy la transformación de nuestra economía, sobre la base tanto de reformas como de inversiones que impulsen nuestra productividad, facilitando así devolver los ingentes recursos que nos habrán adelantado.

Adelantar fondos y retrasar reformas, aparte de marcar un poco afortunado inicio del histórico paso en la integración europea que supone el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, podría suponer un agravio más para la próxima generación.

La Comisión ha avalado nuestro plan, lo que asegura financiación suficiente para inversiones que hace años no podríamos siquiera soñar. Estamos a tiempo de diseñar, consensuar y ejecutar de manera urgente un conjunto de reformas estructurales que las acompañe y que constituya un verdadero y responsable “Plan de País”. No hay tiempo que perder ni esfuerzo que ahorrar para construir un futuro mejor a la próxima generación.