La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha denunciado ante la Comisión Europea al Reino de España y, en concreto, al Tribunal Supremo por lo que considera una "reiterada y sistemática vulneración de la Directiva Europea 93/13/CEE", que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos.

Asufin, creada en 2009 para defender al consumidor de productos financieros y que asegura tener más de 20.000 socios, solicita a las instituciones comunitarias que abran a España un procedimiento de infracción "a fin de garantizar que en nuestro país se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión y, en concreto, el principio de transparencia en la contratación con los consumidores".

En particular, la asociación solicita "condenar al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con los consumidores"; "suprimir de manera definitiva el índice de referencia IRPH, tanto de cajas como de entidades, dejando estos préstamos sin interés conforme admite el sistema legal español" y "eliminar los obstáculos y limitaciones existen en materia de acciones colectivas".

Se trata de la segunda denuncia que se registra ante la Comisión Europea por la actuación del Tribunal Supremo, aunque la presentada el pasado noviembre por el despacho de abogados Arriaga se centra en las hipotecas con IRPH.

Asufin se queja, de manera más amplia, de que el Tribunal Supremo "ha venido menoscabando en los últimos 10 años el principio de transparencia".

Aunque la entidad admite que el resultado de los procedimientos judiciales ha sido mayoritariamente favorable a los consumidores, "sin embargo el camino está siendo largo y complicado por varias razones".

"En primer lugar", afirma, "porque el Tribunal Supremo español no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que respetara la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ofreciera seguridad jurídica. Esto ha supuesto numerosas discrepancias en las distintas sedes judiciales que han mantenido criterios totalmente contrarios a la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Esa "inseguridad jurídica" ha provocado, añade, que los jueces de primera instancia o las Audiencias provinciales "se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019", cuestiones que, según Afinsa, han dado lugar a que se haya corregido "en numerosas ocasiones" el criterio del Tribunal Supremo.

De esta forma, "muchos de los consumidores que habían recibido una sentencia desestimatoria firme, en aplicación de esos incorrectos postulados interpretativos del Tribunal Supremo, han perdido la oportunidad de recuperar el dinero abonado de más por una interpretación incorrecta de las directivas europeas".

"Aplicamos la doctrina del TJUE"

En el Tribunal Supremo se reciben con "tranquilidad" estas denuncias. "Basta con leer nuestras sentencias para comprobar que se aplica la jurisprudencia del TJUE. Otra cosa es que no siempre demos la razón a los consumidores o, cuando se la damos, que no se haga al 100% de lo que pretenden", señalan.

Las fuentes judiciales consultadas desmienten la supuesta inseguridad jurídica creada, según la queja de Asufin, por la discrepancia entre el criterio de las Audiencias provinciales y el del Supremo. La Sala Civil del alto tribunal ha elaborado un estudio que pone de manifiesto que la gran mayoría de las Audiencias -entre ellas, las secciones especializadas de Madrid y Barcelona- coinciden con las posturas del TS.

Además, en contra de lo que se afirma, el TJUE "ha dado la razón al Supremo" en las cuestiones prejudiciales que este tribunal ha planteado. Y cuando han sido los órganos judiciales inferiores los que se han dirigido al Tribunal de Luxemburgo, la Sala Civil ha suspendido la tramitación de los recursos pendientes para garantizar la aplicación del criterio que saliera del TJUE.

"La jurisprudencia de defensa de los consumidores -en cláusulas suelo, en venta anticipada, etc.- se ha hecho desde el Tribunal Supremo, por mucho que haya empeño en presentar una realidad diferente", concluyen.

El negocio de las costas

Magistrados conocedores de la problemática en las Audiencias consideran, por su parte, que los tribunales están siendo instrumentalizados so pretexto del Derecho de la UE para impedir que se acabe "lo que para algunos es un gran negocio".

Explican que en algunas secciones de Audiencias Provinciales se ha intentado articular un sistema de mediación para los litigios que afectan a los consumidores, lo que no ha prosperado porque algunos de los despachos que les representan no quieren renunciar al cobro de las costas, que es donde han centrado su negocio.

"Hay bufetes que dedican una ingente inversión publicitaria a prometer lo que no pueden obtener de los tribunales", aseguran.