El borrador del decreto antidesahucios que maneja el Gobierno contempla la opción de solicitar una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasen tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad, según han informado fuentes gubernamentales.

El texto ya se ha remitido a la comisión general de subsecretarios, paso previo para que se aborde en Consejo de Ministros, y se aprobará próximo martes tras lograrse consenso, pero con dudas sobre si se podrá incluir también el corte de suministros, pues esa negociación está menos avanzada.

La iniciativa corresponde sobre todo a los Ministerios de Transportes y Agenda Urbana y Vicepresidencia Segunda del Gobierno, pero también han estado involucrados Justicia y Economía.

El decreto pautará la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma. Concretamente, no se realizarán lanzamientos de este segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para el realojo.

Hasta ahora, la paralización se limita hasta enero del año que viene y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del Covid-19. Ahora se incluyen todos los casos, también los anteriores a los originados por la pandemia.

El nuevo acuerdo establece que la condición de vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.

En este caso, se establece que estas compensaciones se abonen únicamente en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico, quedando excluidos así los propietarios que tuvieran viviendas vacías.

Por su parte, fuentes de Unidad Podemos han señalado a Europa Press que se el texto normativo fija la prohibición de todos los desahucios a familias vulnerables durante el estado de alarma tras semanas de negociación, garantizando que esta alternativa habitacional sea "digna". Por ejemplo, no podrán ser realojados en un albergue.

También han reconocido que el acuerdo también incluye la compensación a grandes tenedores propuesta por el PSOE, un extremo que "no ha agradado a la formación morada", pero que ha sido aceptado "para lograr que la medida saliese adelante y nadie se quede sin techo" durante el estado de alarma.

En cualquier caso, se ha conseguido desde la formación que estas compensaciones se abonen solo en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico. "En ningún caso los propietarios que tuvieran viviendas vacías recibirán compensación económica alguna por parte del Estado", han precisado en Unidad Podemos.

Por otro lado, las mismas fuentes han trasladado que no contemplan que el decreto antidesahucios no incluya también la prohibición del corte de todos los suministros, pues asegurar una vivienda digna en estos momentos supone que ésta cuente con electricidad, gas y agua. En ese sentido, desde Unidad Podemos se espera que Transición Ecológica traslade una propuesta en estos términos "cuanto antes".