En el marco del Foro Iberoamericano de la Hispanidad, acogido por el Senado de España, EL ESPAÑOL ha organizado este lunes unas jornadas de reflexión en las que representantes institucionales, juristas, académicos y expertos han conversado sobre la vigencia del legado de la Tradición Jurídica Hispánica, concebida como una herramienta viva para afrontar los retos éticos, sociales y jurídicos del presente y del futuro.
Una cuestión ha sobrevolado de forma inevitable todo el acto: la disolución de las Cortes y el adelanto electoral anunciado horas antes por el presidente del Gobierno.
En su presentación inicial, la maestra de ceremonias, Ana Núñez-Milara, se refirió al contexto imprevisto de la convocatoria. Aunque esta circunstancia no opacó los fecundos diálogos, sí brindó un telón de fondo pertinente para una interrogación conjunta sobre el sustrato de nuestra democracia.
Tal como apuntó Pedro J. Ramírez, encargado de abrir plaza, se trataba de una jornada excepcionalmente oportuna para abordar la tradición jurídica hispánica.
Y ello porque quedaba actualizada la preocupación central de Francisco de Vitoria, uno de nuestros pensadores más ilustres: con qué título gobierna quien manda y cuáles son sus límites.
El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL sintetizó la "intuición que hoy nos convoca": la existencia de un derecho anterior y superior al poder que este último debe acatar; la exigencia de que el poder dé cuenta de sí mismo; y la idea de que el fin de la comunidad política debe ser el bienestar de los ciudadanos, no el de quien gobierna.
Frente a la noción del "muro" sobre la que se cimenta la "autocracia electoral" a la que nos asomamos, Pedro J. ha ensalzado los "muros de la casa común": las garantías jurídicas y principios de impronta hispana, tales como la imposibilidad de aplicar tributos sin el debido consentimiento.
"El poder no perdona a quien le recuerda cuáles son sus límites", sentenció.
Pedro J Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, durante la apertura de la Jornada "Tradición Jurídica Hispánica", este lunes en el Senado.
Miguel Ángel García Martín y Marimar Blanco fueron los encargados de la apertura institucional.
La secretaria segunda de la Mesa del Senado se ocupó oportunamente de recordar la dignidad del recinto que albergaba el evento, "kilómetro cero" del parlamentarismo español contemporáneo.
Fue precisamente en las Cortes de Cádiz, reunidas por primera vez en este edificio a su llegada a Madrid, donde germinó la semilla plantada por la Escuela de Salamanca.
Escoltados por imponentes cuadros que evocan algunos de los momentos señeros de nuestra historia, los asistentes congregados en el Salón de Pasos Perdidos pudieron reflexionar sobre el largo y arduo camino hacia la libertad que ha sido menester recorrer para alcanzar los derechos actuales.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, por su parte, reivindicó la cultura común de la comunidad internacional hispana como matriz de nuestras instituciones, cuya fortaleza resulta fundamental para salvaguardar los principios democráticos que bosquejó por primera vez aquella corriente de pensamiento.
Concluyó su intervención enumerando varios episodios recientes que evidencian el progresivo desgaste de los contrapoderes, tales como la ley de amnistía, la denominada ley Begoña, la condena al fiscal general del Estado o las arremetidas del Ejecutivo contra el Poder Judicial.
Mariano de Paco, consejero de Cultura de la CAM, Miguel Ángel García, consejero de Justicia, y Marimar Blanco, secretaria segunda del Senado, este lunes durante el Foro de EL ESPAÑOL.
La Escuela de Salamanca
Sobre los atropellos jurídicos actuales se pronunció también José Varela Ortega, catedrático de Historia y cofundador de la Fundación Ortega-Marañón, en la conversación a dos "Los cimientos de la Escuela de Salamanca". Una primera mesa para honrar en su quinto centenario al auténtico siglo de oro de nuestra ciencia política y jurídica.
El rasgo distintivo de esta escuela, que formó a los dirigentes del Imperio, es, a juicio de Ortega, la obsesión con el control del poder, posibilitado por el presupuesto escolástico de que la soberanía no va de Dios al rey, sino de Dios al pueblo, quien a su vez la transfiere al monarca.
Recordó Varela Ortega que las Cortes nacieron para aprobar los impuestos, lamentando que esta fiscalización se haya perdido en nuestros días. Pues se da la circunstancia inaudita de una legislatura, la última, que se ha sostenido sobre "unos presupuestos prorrogados de unas Cortes que ya no existen".
Con carácter previo, el CEO de Fortius y secretario general de la Escuela Hispánica, Juan Ángel Soto, había esbozado una sucinta panorámica de las principales aportaciones de dicho grupo de frailes eruditos y polímatas en el campo de la filosofía del derecho, la política y la economía. Nombres como Francisco de Vitoria, Juan de Mariana o Domingo de Soto.
Las universidades ibéricas, explicó Soto, asumieron la tarea de dar respuestas eminentemente prácticas a los incipientes desafíos de la modernidad, abordando cuestiones tan variopintas como la inflación, el derecho de gentes (embrión del derecho internacional) en el contexto de la conquista del nuevo mundo, y el ius ad bellum o la justificación de la guerra justa.
La influencia de estos precursores del liberalismo —quienes sometieron al soberano a los dictados de la justicia y a las obligaciones de la virtud— trascendió los confines hispánicos, estableciendo, según Soto, un flujo entre la tradición hispánica y la tradición angloamericana personificada en autores como John Locke, Adam Smith o Thomas Jefferson.
El ponente contrastó la conducta del hegemón hispano del siglo XVI, que sometió su conducta a un autoexamen moral, con la actitud depredadora del imperio actual, ejemplificada en la afirmación de Trump de que el derecho internacional se reduce a la voluntad del presidente de los Estados Unidos.
José Varela Ortega y Juan Ángel Soto en la primera mesa de las jornadas sobre la Tradición Jurídica Hispánica en el Senado.
El verbo y la ley
Sin tiempo que perder, dio comienzo el segundo coloquio, "El verbo y la ley", en el cual, a colación de engendros normativos como el nonato "decreto Maricarmen", los ponentes departieron sobre la degradación de la técnica legislativa atribuible al deterioro del lenguaje jurídico.
En consonancia con el espíritu de la mesa, Ignacio Ruiz Rodríguez, director de la Cátedra para la Promoción Internacional de la Cultura Hispánica de la Universidad Rey Juan Carlos, acometió una clarificación terminológica preliminar: no existió un "imperio español" stricto sensu, sino una Monarquía Hispánica; y las indias no fueron colonias, sino parte integrante de la Corona de Castilla.
Citó Ruiz Rodríguez otros personajes eximios de la época, que sentaron las bases de la configuración del Estado moderno: los Reyes Católicos, el cardenal Cisneros o el gramático Antonio de Nebrija.
E invocó como ilustración más clara del paso de la palabra a la norma el fundacional sermón de Antonio Montesinos, que a través de su traducción en la Junta de Teólogos de Burgos prefiguró la organización de la presencia española en América.
La cual, subrayó, a diferencia de otras potencias presentes en el continente americano, quiso construir en piedra, como "síntoma de permanencia y no de esquilmación".
Tomó a continuación la palabra Andrés Ollero Tassara, magistrado emérito del del Tribunal Constitucional, para referirse a las amenazas al lenguaje jurídico que plantea la automatización introducida por la inteligencia artificial en la redacción de las leyes y las sentencias.
El también catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos defendió que si queremos que la inteligencia artificial no produzca un empobrecimiento del lenguaje con la IA, estamos obligados a madurar nuestra inteligencia natural.
A juicio de Ollero, "las máquinas pueden hacer las cosas más rápido que nosotros, pero no mejor".
Desde su dilatada experiencia en la magistratura, remarcó la función esencial de los jueces, insustituible por los algoritmos: impartir justicia. Esto es, una labor de ponderación para alcanzar el máximo de libertad sin que esto ocasiones demasiada desigualdad.
De este modo, matizó la célebre máxima de Montesquieu, afirmando que el juez no es la mera boca que pronuncia las palabras de la ley, sino el encargado de realizar un ejercicio de discernimiento ante cada caso concreto para dar a cada cual lo que le corresponde.
Andrés Ollero e Ignacio Ruiz Rodríguez este lunes en el Senado.
Ética, humanismo y el desafío de las ideas en la Hispanidad
Acto seguido llegó el turno del debate estructurado en torno a la tercera mesa, cuyo propósito era indagar en las respuestas que la herencia del humanismo hispánico puede ofrecer frente a las crisis contemporáneas.
Beatriz Paredes Camuñas, presidenta de la Fundación Unidos por la Historia y directora del pódcast Osos y Flamencos, resumió el sentido de su exposición adelantando que "España tiene un manual de instrucciones": El Quijote.
En esta obra cumbre cristaliza una concepción del ser humano que venía circulando por nuestra tradición, en una línea continua que abarca desde Séneca hasta Machado, pasando por figuras como Isidoro de Sevilla, Baltasar Gracián o Calderón de la Barca.
Esta idea universal del hombre, claro reflejo de una idiosincrasia hispana en la forma de estar el mundo, consolidó una tradición de libertad política trenzada a lo largo de los siglos y sustentada en algunas nociones esenciales: la igualdad natural de todos los hombres, o la premisa de que el valor y la virtud no derivan del linaje sino de las obras.
Según Paredes, este espíritu fraguó en una vigorosa conciencia crítica frente a la autoridad, fundamentada en la convicción de que por encima de esta prevalecen la razón, la conciencia y la justicia.
Manuel Lucena Giraldo, doctor en Historia de América e investigador del CSIC, profundizó en la cuestión orientando su discurso hacia un llamamiento a la reconciliación con nuestra historia.
Para ello, instó a sobreponerse a los estereotipos de la leyenda negra antiespañola, tales como "la fracasología, el victimismo y la pornomiseria".
El académico invitó a acometer esta tarea proyectando la mirada hacia el porvenir, en lugar de permanecer atrapados en el "bucle melancólico" al que pudiera abocar el triunfo de la razón de Estado sobre el hispano cuestionamiento moral de los límites del poder.
En esta línea, animó a los asistentes a recuperar la visión que la Generación del 98 tuvo de la Hispanidad, entendiéndola como un "elemento de potencialidad de futuro", meditando para ello el valor de dos aportaciones culturales clave, el mestizaje y el barroco. Dos instituciones culturales que configuran una percepción del mundo orientada a "dejar atrás el conflicto y entrar en la convivencia".
El objetivo debería ser pues potenciar lo mejor de nosotros mismos, conscientes de que el español es el segundo idioma global y que el siglo XXI es un siglo hispano.
Beatriz Paredes y Manuel Lucena intervienen en el Foro de la Hispanidad de EL ESPAÑOL.
La vigencia del Derecho
Si volvemos sobre los temas que abordó nuestro linaje de tratadistas es porque, a la luz del contexto presente, lo que formularon ha dejado de ser únicamente historia.
Puesto que la tradición jurídica hispánica no es una pieza de museo, urge desempolvarla para hacer de ella, como rezaba el lema de las jornadas, una herramienta viva para afrontar los retos éticos, jurídicos y sociales del siglo XXI.
En su intervención, José Ramón Couso, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, se preguntó por la utilidad de esta herencia para interpretar nuestra realidad actual.
Vivimos de los polvos del siglo XVI, arguyó Couso. Y es que la vigencia fundamental de los planteamientos de la Escuela de Salamanca estriba, a su juicio, no tanto en sus respuestas, que deben ser actualizadas al contexto contemporáneo, como en las preguntas que formuló sobre la legitimidad del poder.
Llevándolo al terreno de su labor profesional, reivindicó la concreción y la materialización del derecho de gentes teorizado por nuestros escolásticos, situando a la abogacía como la profesión encargada de hacer valer esos límites morales a los gobernantes.
Completó el diagnóstico de las patologías de nuestro Estado de derecho Rodrigo Tena Arregui, notario y miembro de la Fundación Hay Derecho, preguntándose qué puede ofrecer la segunda escolástica española para resolver estos males.
La tercera mesa de la jornada, con José Ramón Couso y Rodrigo Tena.
Y ello teniendo en cuenta la patente ineficacia de la ley para resolver problemas sociales en la actualidad, con una legislación "absolutamente reactiva", "basada en eslóganes" ideológicos y muy retórica. Una normativa "hiperintrusiva y moralizante" donde "se confunde completamente la moral y el derecho" con un olvido total de los principios elementales de la regulación.
Invocó como más clara ilustración de ello la actual polémica en torno al arrendamiento, lamentando los intentos de utilizar los instrumentos de derecho civil para resolver problemas sociales, y señalando el disparate que supone que una de las partes del contrato cargue con las consecuencias de los errores políticos.
Perfiló el notario el deterioro del imperio de la ley en España, afectada por una "hipertrofia" del Poder Ejecutivo que ha reducido a las Cortes Generales a una función meramente ornamental.
Las reflexiones de los escolásticos ofrecen guías útiles para la actualidad porque postularon la lealtad a las reglas de juego: la limitación de todo ejercicio discrecional de la autoridad mediante el respeto al bien común.
Es decir, como ha enfatizado Tena, lo contrario a casos recientes como la interpretación fraudulenta a través de una instrucción administrativa de la 'ley de nietos'. O el subterfugio irregular al que ha recurrido Pedro Sánchez para, con las Cortes disueltas, aprobar en la Diputación Permanente del Congreso los decretos de vivienda rechazados la semana pasada.
La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, clausura el Foro de la Hispanidad de EL ESPAÑOL en el Senado.
Clausura
El broche a las jornadas lo puso Cruz Sánchez de Lara, subrayando la genealogía hispánica de determinadas aplicaciones de la ley en sistemas provenientes de otras tradiciones jurídicas.
La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL invitó al auditorio a considerar que la herencia española sigue siendo el espejo en el que se miran no solo los países de habla hispana, sino también algunos Estados americanos, buena parte de los cuales fueron una provincia española.
Y lamentó la ausencia institucional de nuestro país en la celebración del 250 aniversario de la independencia americana, a la que tanto contribuyó.
Por último, clausuró el evento Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, defendiendo que los fundamentos de nuestro acervo tendrían que resonar constantemente en nuestras cabezas para enderezar el rumbo torcido actual, elogiando la que es "una de las expresiones más enraizadas de nuestro patrimonio común".
La hispanidad, sostuvo, se expresa en la lengua que compartimos y en las obras que hemos creado a ambos lados del Atlántico, concretándose en una forma de abordar la justicia compartida por los pueblos hispánicos.
"La cultura es un derecho y el derecho es cultura", resumió como idea fuerza de una jornada memorable.