El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha denegado la petición de Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama en el sector de los hidrocarburos, de declarar voluntariamente en la semana en la que se celebrarán las elecciones generales.
En lugar de ello, Pedraz ha citado a Rivas para el próximo 3 de diciembre (cuatro días después, por tanto, de los comicios del 29-N).
Así consta en una resolución firmada por el juez el pasado 19 de octubre y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En un escrito anterior, del día 15, el abogado de Rivas solicitó a Pedraz que su cliente pudiese declarar, expresamente, en "la última semana de noviembre, siempre que sea posible".
Es decir, la misma en la que, el día 29, se celebrarán las elecciones generales, una vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomase la decisión de adelantarlas, ya que estaban previstas para 2027.
Ahora bien, el letrado de Rivas, Francisco Miguel Galiana, indicó al juez que "el motivo de que la declaración se difiera hasta esa semana obedece a motivos de salud" propios.
En todo caso, Pedraz ha optado por citar a declarar al empresario una vez se hayan celebrado las elecciones generales.
Esta causa tiene cierto perfil político. Aunque no es la base del objeto de investigación —Pedraz indaga en un supuesto fraude de IVA, de más de 200 millones de euros, a través de compañías de hidrocarburos—, el nombre de ciertos dirigentes sí sobrevuela la instrucción.
La llamada trama del fuel, nombre con el que se conoce a la supuesta red criminal capitaneada por Rivas, destinó un millón de euros a sobornos y "contraprestaciones" para el exministro José Luis Ábalos y otros cargos políticos.
Todo ello, con la intención de que éstos intermediaran a favor de la empresa Villafuel SL, que trataba, por entonces, en 2021, de obtener una licencia para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos.
Así lo concluyó un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y enviado el pasado diciembre al juez Pedraz.
Villafuel SL está administrada por una hermana de Claudio Rivas, pero la UCO considera que era él quien, realmente, manejaba la compañía.
Además, por mediación de Aldama, Rivas acudió a una reunión al Ministerio de Industria para tratar de conseguir una licencia de operador de hidrocarburos para dicha empresa.
A dicho encuentro también asistió Ignacio Díaz Bidart, quien era jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, y Carmen Pano, la mujer que acabaría declarando después ante la Justicia que entregó 90.000 euros en la sede central del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
Aldama, socio de Rivas, ya fue condenado por el Tribunal Supremo en la misma causa judicial en la que lo fue José Luis Ábalos y su principal asesor, Koldo García.