El juez Santiago Pedraz, instructor del llamado caso Leire, ha rechazado citar como investigado, por el momento, al PSOE en dicha causa judicial.
El magistrado considera que faltan varias diligencias que realizar antes de plantearse tal decisión, como el análisis de la documentación incautada en la sede del Partido Socialista y en el domicilio de su antiguo secretario de Organización, Santos Cerdán, quien, además, deberá declarar en un futuro.
Por otro lado, Pedraz señala que aún debe comprobarse si los pagos efectuados por el PSOE a la también investigada Leire Díez, la conocida como fontanera de Ferraz, fueron abonados por Cerdán desde cuentas bancarias de la formación.
En ese sentido, Pedraz se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que, este jueves, ya se pronunció del mismo modo en respuesta a la petición del PP (que ejerce la acusación popular en esta causa) de sumar al PSOE a la lista de investigados.
En un informe, Anticorrupción comunicó al juez que sí existen indicios que apuntan a la responsabilidad del partido.
Ahora bien, la Fiscalía sugirió que, antes de dar al Partido Socialista la condición formal de imputado, deben completarse diligencias documentales ya pedidas y otras como la declaración del exsecretario de Organización del PSOE.
El juez Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, investiga en esta causa las supuestas maniobras de Leire Díez para tratar de boicotear las causas judiciales incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez y para el PSOE.
Díez habría sido pagada por Cerdán con fondos del partido, un extremo que aún se investiga.
De hecho, el PP, en su escrito, solicitó al juez que investigase al PSOE por un total de cinco delitos; entre ellos, el de financiación irregular.
En respuesta, Pedraz subraya que aún falta "establecer una conexión objetiva entre la actuación de [Santos Cerdán] y la estructura patrimonial del PSOE".
Asimismo, indica que "no basta" con que altos cargos del partido hayan cometido delitos, sino que hay que constatar un "defecto estructural de organización, control y supervisión" en su seno.
A su vez, es necesario demostrar que la supuesta actividad ilícita generó un "beneficio directo o indirecto" para el PSOE antes de imputar a la formación política.
Por ello, aún faltan por investigar, señala Pedraz, ciertas cuestiones, como quién ordenó los pagos a Leire Díez.
Ahora bien, ya se está indagando en ese extremo, después de que otra de las investigadas, Ana María Fuentes, la gerente del PSOE, declarase que Cerdán era quien ordenaba los pagos de la Secretaría de Organización a su antojo.
El magistrado también expresa este viernes que falta por analizar qué "controles internos" existían en el PSOE y si alguno de ellos falló.
Como publicó EL ESPAÑOL, Fuentes, en su declaración en la Audiencia Nacional admitió que el partido, en 2025, siguió pagando viajes a Leire Díez, por orden de Cerdán, cuando ya había trascendido públicamente su rol como fontanera y sus maniobras.
Es por ello que Pedraz ve necesario "concretar" si los pagos que recibió Diez del partido fueron ordenados por el entonces secretario de Organización del mismo "conociendo la finalidad de su actuación" y desde qué cuentas fueron abonados y cómo fueron contabilizados y validados internamente.
A su vez, antes de plantear una eventual imputación del PSOE, habrá que constatar determinados detalles. ¿Cómo cuáles? Si el departamento financiero del PSOE intervino en los pagos a la fontanera, si algunas transferencias requerían de doble firma, si los órganos administrativos conocieron de esos pagos, si hubo alertas internas, si el sistema de control hizo comprobaciones...
En definitiva, como resume el juez, "una vez practicadas [las diligencias mencionadas] se podrá, pues, decidir".
Ahora bien, Pedraz ya avanza que, tras el análisis de cierta documentación, sí llamará a declarar a Santos Cerdán.
Este último ya declaró ante el juez por el caso Leire. Sin embargo, lo hizo como testigo y ante otro magistrado, el primer instructor de esta causa, Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.
Zamarriego, no obstante, acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional, ya que Pedraz investigaba hechos similares y de mayor amplitud, por lo que, actualmente, es el Juzgado Central de Instrucción 5 el único que la instruye.