El Partido Popular ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso Leire, que cite al PSOE como investigado en dicha causa judicial.
Así consta en un escrito, firmado por el abogado del PP y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
En él se indica que la instrucción de este procedimiento, que aún sigue su curso, "ha venido a confirmar que el PSOE sufragó efectivamente los gastos de la organización criminal" conocida como trama Leire.
Esta red, de la que formaba parte Leire Díez, la conocida como fontanera de Ferraz, se habría dedicado a tratar de boicotear las causas judiciales incómodas para el Gobierno de Pedro Sánchez, como el caso Begoña o el caso David Sánchez.
El PP atribuye al PSOE los supuestos delitos de financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y malversación. Por el momento, Pedraz ya ha pedido opinión a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá pronunciarse en un informe.
Una resolución del pasado mayo firmada por Pedraz ya señalaba que el antiguo secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, pagó ciertos gastos de la trama Leire, como viajes de Leire Díez, quien se jactaba de ser la mano derecha en la sombra del anterior.
Asimismo, Pedraz subrayó que Cerdán puso la infraestructura del partido al servicio de esta operativa presuntamente criminal.
La gerente, investigada
La actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ya consta en la larga lista de investigados del caso Leire, al igual que la propia fontanera, que el secretario de Organización socialista o que el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías.
En su escrito de este martes, el PP destaca que las testificales de diversos cargos del PSOE —desde su presidenta, Cristina Narbona, a las secretarias de Cerdán— "han puesto de manifiesto (...) que el Partido Socialista no contaba al tiempo de los hechos con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir las comisión de delitos en su seno".
Al menos, "en materia de aprobación y abono de gastos y de utilización de sus instalaciones por terceros".
"Dichas decisiones dependían de los designios de la alta dirección del PSOE, sin que existiera ningún órgano que fiscalizara su actuación ni medida alguna que la restringiera", reza el escrito del PP, que ejerce la acusación popular en esta causa judicial.
El Partido Popular menciona también el "punto de inflexión" que dio lugar a los hechos investigados.
¿Y cuál fue? En abril de 2024, cuando se inició el caso Begoña —la investigación contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez—, el presidente del Gobierno se tomó un "periodo de reflexión" de cinco días.
En esos días, señala el PP, "comenzaron a perfilarse las distintas líneas delictivas de actuación que la organización criminal investigada se disponía a emprender".
Por ejemplo, se celebraron dos reuniones en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, a la que acudieron altos cargos del partido.
Allí, Leire Díez entregó a Cerdán dos audios del caso Villarejo que, en los días posteriores, el propio Sánchez utilizó para victimizarse y presentarse, pública y judicialmente, como víctima de un complot policial por parte de las llamadas cloacas del Estado y debido a su condición de líder de izquierdas.
Después de aquellas reuniones, según relata el PP, "la organización criminal investigada, bajo el liderazgo de Santos Cerdán, realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo influir en su desempeño profesional".
En efecto, Leire Díez se reunió, entre otros, con el fiscal Ignacio Stampa, quien, al sospechar de los extraños propósitos de la mujer, grabó la conversación. En ese audio, se escucha a la fontanera presentarse como mano derecha en la sombra del entonces secretario de Organización del PSOE.
Asimismo, la trama Leire se dedicó a tratar de "destruir" el caso David Sánchez, el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano de Pedro Sánchez, "así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE".
La palabra destruir, subrayada por el PP en su escrito, no es una elección baladí. Como publicó EL ESPAÑOL, en las agendas de Leire Díez consta un plan para "destruir" el caso David Sánchez y atacar a la juez que lo instruyó, Beatriz Biedma.
Por último, el Partido Popular sostiene que la red corrupta "intentó influir sobre testigos relevantes" de los procedimientos que resultaban incómodos para el Gobierno.
Por ejemplo, en Carmen Pano, la empresaria que aseguró que entregó 90.000 euros en efectivo en la segunda planta de Ferraz. "Llegaron a ofrecerle 50.000 euros a cambio de alterar el sentido de su declaración".
Todo ello, sumado a otro de los asuntos investigados por Pedraz: los intentos de la trama de "desacreditar, neutralizar y condicionar" la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
Por otro lado, además de sufragar gastos de transporte de Leire Díez, el PSOE, en la campaña de las europeas de 2024, abonó aproximadamente 20.000 euros a Crónica Libre, el pequeño medio de comunicación que tenía en nómina a la fontanera, pese a su audiencia residual y a su incapacidad para absorber tanta publicidad electoral.
"Todas estas actuaciones delictivas", subraya el PP en su escrito, "respondían a un mismo objetivo: proteger los intereses del PSOE (...) y del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia de Pedro Sánchez".
"Las actuaciones, indiciariamente delictivas y anteriormente relatadas, fueron promovidas desde la dirección de dicha formación política", expresa el abogado del PP, Henry Feltenstein.
A renglón seguido, el letrado señala que Cerdán "puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba, manteniendo numerosas reuniones en la sede de Ferraz con el resto de sus miembros, sufragando sus gastos logísticos e incluso abonando un sueldo Leire Díez a través de sociedades interpuestas".
Esto último, señala el PP, "como contraprestación por los valiosos y delictivos servicios prestados". "La organización criminal trabajaba por y para el PSOE", subraya la acusación popular.
"No es sólo que las actuaciones delictivas desarrolladas por la organización criminal se dirigieran a proteger los intereses del PSOE, sino que indiciariamente se promovieron, impulsaron, coordinaron y ejecutaron por quienes desempeñaban altas responsabilidades dentro de ese partido; nada menos, que el secretario de Organización, con la presunta colaboración de la gerente de la formación política", señala Feltenstein.
"No puede alcanzarse, en consecuencia, un entendimiento completo de los hechos investigados sin examinar las responsabilidades de la formación política desde la que se impulsaba y financiaba la actuación de la organización criminal: el PSOE", finaliza.
El Partido Popular ha presentado su escrito este martes, sólo 24 horas después de que Pedro Sánchez convocase elecciones generales adelantadas. Los comicios, según lo previsto, se celebrarán el próximo 29 de noviembre.
Para justificar su petición, el PP cita en su escrito el artículo 31 bis a) del Código Penal.
Este precepto regula que una empresa —o, en este caso, un partido— responde jurídicamente cuando el delito investigado es cometido por sus representantes legales, por las personas autorizadas para tomar decisiones en su nombre o por quienes ostenten poderes de gestión o vigilancia.
"Dos de los delitos indiciariamente atribuidos a Santos Cerdán y Ana María Fuentes —cohecho y tráfico de influencias— son susceptibles de generar responsabilidad penal para las personas jurídicas [en este caso, el PSOE]", reza el escrito del PP.
"A dichos delitos, se suman ahora tres adicionales —blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos—; todos ellos, relacionados con los fondos transferidos al medio de comunicación Crónica Libre, que fueron indiciariamente sufragados con cargo a subvenciones electorales públicas, y que también son susceptibles de generar responsabilidad penal para las personas jurídicas", señala Feltenstein.
Por otro lado, el PP recuerda que la organización criminal investigada "también se habría valido de la relación personal" que mantenía Leire Díez con la actual directora de Guardia Civil, Mercedes González, "para perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO".
González también está investigada en este procedimiento y, pese a ello, mantiene su cargo como jefa política de la Benemérita.
Los abogados del PSOE
Por otro lado, este mismo martes, Pedraz ha reclamado al PSOE "la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría" que hayan sido contratados por dicha formación política, a través de cualquiera de sus órganos, tanto centrales como territoriales, entre 2021 a 2025.
El magistrado también pide una copia de los contratos o notas de encargo que constaten los servicios solicitados por el partido a estos profesionales y/o la documentación que acredite los servicios prestados.
Así lo ha hecho Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y después de haber interrogado, el pasado 9 de septiembre, a la gerente Ana María Fuentes.
Como publicó EL ESPAÑOL, esta investigada admitió que el PSOE, en 2025, financió viajes a Leire Díez cuando ya era público, porque así lo había desvelado la prensa en 2024, que se dedicaba a recopilar información sobre magistrados, fiscales y agentes de la Guardia Civil para intentar montar campañas para desacreditarlos.
Además, Pedraz ha citado a declarar como investigado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
¿Por qué? Villalobos obtuvo la nacionalidad española a través de la conocida como Ley de Nietos, que la concede a los descendientes de exiliados españoles represaliados por el franquismo.
Leire Díez anotó en sus agendas diversas gestiones en favor de que Villalobos lograse la nacionalidad española.
Villalobos deberá declarar en la Audiencia Nacional el 28 de octubre. Pedraz también le requiere para que aporte, cuando acuda, la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad. Entre otros papeles, el certificado de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española.
Asimismo, el instructor del caso Leire acuerda tomar declaración como testigos el mismo día a José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, subdirector general de nacionalidad y estado civil en el Ministerio de Justicia desde marzo de 2025 y a María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de nacionalidad y estado civil en el Ministerio de Justicia hasta marzo de 2025.