Pidió un total de 114 años de prisión y 200 años de inhabilitación para los acusados por el fraude de los ERE, entre ellos los históricos socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y reclamó la prisión inmediata para los que fueron condenados a las penas más graves. Pero ahora el Partido Popular no ha atendido los plazos que le ha dado el Tribunal Supremo y no ha contestado a los recursos interpuestos contra el fallo que dictó la Audiencia de Sevilla, los cuales ha dejado pasar sin impugnarlos.
La Sala Penal del Supremo tiene pendiente de revisión la sentencia que en noviembre de 2019 condenó a 19 de los 21 acusados por el mayor fraude conocido de fondos públicos destinados a trabajadores y a las empresas en crisis. Fueron 679,4 millones de euros habilitados entre 2000 y 2009 y que, debido a un "absoluto descontrol", acabaron en manos de empleados y sociedades que no tenían derecho a percibirlos. Si el fallo fuera confirmado, Griñán iría a prisión y Chaves quedaría inhabilitado para toda función pública durante diez años.
El Supremo tiene delante 19 recursos, que la Fiscalía ha contestado. No lo ha hecho el PP, personado como acusación popular, pese a la intensidad con la que intervino en la instrucción y el enjuiciamiento y al interés del partido en establecer un paralelismo entre el caso ERE y el caso Gürtel. Cuando se conoció la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla se viralizó la pregunta que Mariano Rajoy hizo durante el debate de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa: "Cuando llegue la sentencia de los ERE, ¿se van a poner una moción de censura a sí mismos?"
A lo largo del proceso el PP recusó con éxito a un magistrado del tribunal; denunció ante el Consejo General del Poder Judicial a la jueza María Núñez, sucesora de Mercedes Alaya en la instrucción de la causa y trató de que Susana Díaz hiciera el paseíllo para declarar como testigo "por tener un amplio conocimiento de los hechos", lo que fue rechazado por la Audiencia. Incluso fue más allá que la Fiscalía Anticorrupción al acusar a los socialistas sentados en el banquillo de constituir una banda criminal. Esta acusación fue anulada por la Sala por haber sido incluida en el auto de apertura de juicio oral de forma sorpresiva.
Fase determinante
Sin embargo, cuando ha llegado la fase procesal decisiva, la del examen de la sentencia condenatoria por el Tribunal Supremo, el PP no ha impugnado los recursos, que le fueron trasladados mediante una diligencia de 15 de julio del pasado año, con un plazo de 10 días para que se pronunciara.
El 29 de julio de 2020, el PP presentó un escrito en el que indicó que "dado el número de recursos, el volumen y extensión de los mismos (alguno de más de 400 folios) y la complejidad de los motivos de impugnación, a esta acusación le resulta del todo imposible evacuar el traslado conferido en tan breve plazo, por lo que interesamos se nos conceda una ampliación".
De forma subsidiaria, el PP pidió que "se nos tenga por instruidos [y] por impugnados los recursos de casación" de forma global.
El 14 de diciembre, es decir, cuatro meses después, una nueva diligencia de ordenación del Tribunal Supremo señaló que "habida cuenta del tiempo transcurrido" el PP disponía de dos días para contestar a los recursos.
El 16 de diciembre, un nuevo escrito de la representación letrada del PP manifestaba que "no ha tenido, en el tiempo transcurrido, la oportunidad de proceder a la detenida lectura y análisis de los recursos ni de construir los motivos de inadmisión y de impugnación que procedan" debido a la "acumulación de trabajo".
El PP ha decidido por ello sumarse 'a ciegas' a la postura del fiscal, indicando al tribunal que "se adhiere plenamente a los motivos de inadmisión e impugnación que se hayan articulado, en su caso, por el Ministerio Público".