Una sentencia de 1.821 folios que pone punto final -en primera instancia- al caso de los ERE, el mayor fraude de fondos públicos teóricamente destinados a ayudar a los trabajadores y a las empresas en crisis, ha condenado este martes a 19 de los 21 acusados a penas de cárcel y/o inhabilitación prácticamente iguales a las pedidas por la Fiscalía Anticorrupción. A diez de los condenados se les ha impuesto un mínimo de 6 años de prisión -destacadamente, el expresidente andaluz José Antonio Griñán- y otros nueve sólo son sancionados a inhabilitación, entre ellos, el expresidente Manuel Chaves.

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla declara probado el "absoluto descontrol" de esas ayudas, que entre 2000 y 2009 alcanzaron un importe total de 679,4 millones de euros.

Las ocho hojas del fallo, que los acusados conocieron al abrir un sobre blanco en el que se les entregó, no incluye ninguna condena a reintegrar los fondos, pese a que declara probada la malversación.

En su escrito de acusación provisional, presentado en septiembre de 2016, los fiscales -que elevaban la defraudación a 741,5 millones- instaban que se condenase a los acusados a responder de forma solidaria de la devolución al erario andaluz del total de los fondos.

No obstante, la Fiscalía tuvo que retirar esa petición ya que un mes después la Junta de Andalucía, entonces presidida por la socialista Susana Díaz, se apartó del ejercicio de la acusación particular. En aplicación de la doctrina Botín, desde ese momento ninguna otra acusación podía exigir a los encausados la responsabilidad civil derivada del delito de malversación.

La Junta de Andalucía, sin embargo, se reservó expresamente la posibilidad de ejercer acciones civiles futuras en función del resultado de la sentencia.

El Gobierno andaluz ha cambiado ahora de manos, por lo que -en el supuesto de que el Tribunal Supremo confirme el fallo de la Audiencia de Sevilla- serán PP y Ciudadanos los que tendrán que decidir si exigen a los condenados el reintegro de los fondos. De hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, ha confirmado este miércoles que se pondrá en marcha el mecanismo para recuperar los 741,5 millones de euros defraudados. "Buscamos recuperar el dinero a los contribuyentes andaluces el dinero que es suyo", ha dicho en la Ser, donde ha matizado que es un procedimiento complicado. 

Consecuencias "muy gravosas"

Los jueces sevillanos resaltan en la sentencia la gravedad de los hechos y el perjuicio causado al patrimonio público. 

"Hubo infracción del deber de lealtad hacia la Administración, cometida por los cargos que ostentaban las mayores responsabilidades en el Gobierno autonómico y, por consiguiente, eran depositarios de la mayor confianza", dice la sentencia, que añade que "la arbitrariedad de su actuación resulta manifiesta y supuso la adopción de resoluciones muy gravosas para el erario de la Junta de Andalucía".

Los magistrados Juan Antonio Calle (ponente de la resolución), Pilar Llorente y Encarnación Gómez afirman que Chaves, Griñán y el resto de los condenados eran "plenamente conscientes de la ilegalidad" del procedimiento que articularon en 2000 para entregar ayudas a empresas en crisis y a sus trabajadores.

El sistema, consistente en la concesión de las subvenciones por la Dirección General de Trabajo (que no tenía competencias legales para ello) y su transferencia al Instituto de Fomento de Andalucía para que éste las entregara a los beneficiarios, se articuló de esa manera para suprimir la necesidad de una fiscalización previa por parte de la Intervención.

De esta manera, no era necesario que el director general de Trabajo confeccionara un expediente de gasto singularizado para cada una de las ayudas que iba a conceder, puesto que tenía garantizado que iba a lograr el pago de todos modos gracias al previo traspaso de los fondos IFA "mediante el uso inadecuado de la transferencia de financiación". Así, no fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas entre 2000 y 2010. 

La concesión de las ayudas se hizo "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

"Al no haberse publicado unas bases reguladoras de estas ayudas que garantizase su publicidad y conocimiento general por los potenciales beneficiarios de las mismas, al no publicarse su concesión y no registrarse, como era obligado, en la base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y
situaciones de crisis empresarial", afirma la sentencia.

"Al no establecerse el más mínimo mecanismo de comprobación" de los beneficiarios, han percibido subvenciones personas que no tenían derecho y, además, "la no exigencia de justificación alguna, ni de seguimiento de la situación laboral de los beneficiarios, permitió que un número de ellos siguiese percibiendo las rentas, aun habiéndose incorporado al mercado laboral".