El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto la fase de preparación del juicio oral contra Javier López Madrid, consejero de OHL, por presuntos delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho en relación con el pago de una presunta comisión ilegal que habría ordenado abonar por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero, contrato valorado inicialmente en 363,2 millones de euros.

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El instructor del caso Lezo atribuye esos mismos delitos al expresidente del Gobierno  de Madrid Ignacio González, Ildefonso de Miguel (exdirectro de Canal de Isabel II),  Rafael Martín de Nicolás (exconsejero director general de construcción nacional de OH), Felicísimo Ramos (director de control de gestión de OHL) y al empresario Adrián de la Joya.

El juez ve motivos para que los seis vayan a juicio, por lo que da a un plazo de 10 días a la Fiscalía Anticorrupción para que presente escrito de acusación.

Es el tercer proceso penal que sentará en el banquillo a López Madrid, condenado en el caso de las tarjetas black de Bankia a seis meses de prisión (conmutables por una multa de 7.120 euros), por gastarse 33.000 euros de gastos personales cargados a la tarjeta que le proporcionó Cajamadrid tras nombrarle consejero.

En pleno escándalo de las tarjetas black, en el otoño de 2014, López Madrid, antiguo amigo del rey Felipe, recibió un mensaje de apoyo de la reina Letizia: "Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)".

Además, la doctora Elisa Pinto presentó el pasado octubre un escrito de acusacion en el que pide 22 años de prisión para López Madrid y el excomisario Villarejo por delitos de acoso, amenazas y lesiones, entre otros. 

Comisión de 2,5 millones

En el caso del tren de Navalcarnero, el juez considera indiciariamente acreditado que López Madrid y Martín de Nicolás idearon un plan para asegurarse la adjudicación inicial del proyecto "y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos" que suponía la oferta económico- financiera presentada por OHL, la más ventajosa en comparación a las de sus competidores.

Para ello "destinaron 2,5 millones de dólares ‒aproximadamente 1,8 millones de euros‒ al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban los investigados Ildefonso de Miguel e Ignacio González, a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada", entonces consejero delegado de Madrid Infraesfructuras del Transporte (MINTRA), organismo encargado de la contratación.

Según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, para ejecutar ese plan "contaron con la colaboración esencial" de Ramos y Adrián de la Joya.

El primero, "siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico en OHL, Martín de Nicolás, ordenó que de las cuentas que OHL tenía abiertas en España se transfirieran 2,5 millones de dólares a cuentas bancarias abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo OHL".

Con el fin de dar cobertura a esta salida de fondos, Ramos, por orden de López Madrid y Martín de Nicolás, habría elaborado dos facturas a cargo de las sociedades mexicanas por prestación de servicios ficticios que hizo aparecer formalmente emitidas por la panameña Lauryn Group, propiedad de Adrián de la Joya.

La utilización de Lauryn "obedeció a que De la Joya había acordado con López Madrid que los fondos transferidos por OHL a México serían finalmente abonados en una cuenta que la sociedad del primero tenía  abierta en Suiza, a fin de hacérselos llegar al investigado Ildefonso de Miguel, para lo cual recibiría una comisión por importe de un tercio de los fondos".

La transferencia fue realizada, añade el juez, que añade que "en fecha anterior al mes de julio de 2008 De la Joya hizo llegar a De Miguel fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros con los que debía hacer frente al pago de las comisiones ilícitas".

El instructor admite, no obstante, que "al día de la fecha no ha sido posible llegar a
conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre De Miguel e Ignacio González".

Villar Mir, exonerado

García-Castellón ha acordado el archivo del proceso para Juan Miguel Villar Mir, defendido por el bufete Business&Law, tras cuatro años de investigación.

Han sido igualmente exonerados Tomás García Madrid, exconsejero delegado de OHL, y Jesús Trabada, que fue consejero delegado de la empresa pública Mintra entre 2003 y 2011.