La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la conclusión de la pieza del caso Lezo referida a la adjudicación por la Comunidad de Madrid del tren de Móstoles a Navalcarnero a OHL, contrato valorado inicialmente en 363,2 millones de euros.

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Tras cuatro años de investigación, Anticorrupción no ha encontrado motivos para llevar a juicio a Juan Miguel Villar Mir, presidente y fundador del Grupo Villar Mir, matriz del OHL. Villar Mir ha estado imputado desde el comienzo de las diligencias en 2016, tras ser implicado por fuentes anónimas a las que la UCO dio crédito.

En cambio, Anticorrupción sí aprecia indicios para continuar el procedimiento penal y llevar a juicio al yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, consejero de OHL, al que se acumulan los asuntos penales al estar también implicado en el caso Púnica y en el acoso a la doctora Pinto.

En un escrito dirigido al juez García-Castellón, la Fiscalía considera que deben acompañar a López Madrid en el banquillo el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González; Rafael Martín de Nicolás, exresponsable del área de construcción nacional de OHL; Ildefonso de Miguel, exdirector gerente de Canal de Isabel II; Felicísimo Ramos, exdirector de control de gestión de OHL, y el empresario Adrián de la Joya. Este último también está implicado en el caso Tándem por su relación con el excomisario Villarejo.

Anticorrupción pretender dirigir la acusación por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

Según la Fiscalía, la adjudicación del contrato del tren a Navalcarnero obedeció presuntamente a un plan ideado por López Madrid y Martín de Nicolás consistente en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual.

Ambos investigados habrían destinado 2,5 millones de dólares al abono de una comisión ilegal entre cuyos beneficiarios se encontrarían Ignacio González e Ildefonso de Miguel.

Para ejecutar ese plan habrían contado con la "colaboración esencial" de Ramos y De la Joya.

Además de exonerar a Villar Mir, Anticorrupción también pide el sobreseimiento respecto a Tomás García Madrid, exconsejero delegado de OHL, y Jesús Trabada, que fue consejero delegado de la empresa pública Mintra entre 2003 y 2011. La Fiscalía ha llegado a la conclusión de que no existen indicios suficientes para poder formular acusación contra ellos.