La Inspección Fiscal tramita una diligencias informativas contra la fiscal de Sala Consuelo Madrigal, exfiscal general entre 2015 y 2016, a la que pedirá un informe en relación con un artículo de opinión en el que se mostraba muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de la Covid-19.

La petición de informe es consecuencia de una denuncia presentada contra Madrigal y se produce en medio del enfrentamiento interno desatado por la toma de posición de la Fiscalía sobre las querellas y denuncias interpuestas contra el Gobierno por su actuación ante la pandemia.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, aseguró el pasado lunes en una entrevista concedida a Carlos Alsina en Onda Cero que dos fiscales -uno de ellos, Madrigal- fueron a su despacho para "intentar influenciarle" sobre el sentido que debía tener el informe del Ministerio Público sobre esas querellas.

Según Navajas, encargado de elaborar ese informe, la decisión de no convocar a la Junta de Fiscales de Sala para conformar el criterio de la Fiscalía sobre ese asunto pese a las presiones recibidas se debió a que habría tenido que excluir de la reunión a esos dos fiscales "contaminados políticamente" y "esclavos de su ideología". "Con esta tropa yo no puedo ir a la guerra", añadió.

Malestar

Tanto el contenido como la forma de expresión del número dos de la Fiscalía General han causado malestar en algunos sectores de la Fiscalía General, que consideran que Navajas ha hecho unas manifestaciones impropias de su posición institucional, ha dado una versión tergiversada de la visita de Madrigal y del otro fiscal -Fidel Cadena, según distintas fuentes- y con sus descalificaciones ha dañado la imagen del Ministerio Público, contribuyendo a generar la división.

En otros sectores, por el contrario, se entiende que Navajas haya querido defenderse de las "presiones" que ha recibido para que convocara a la Junta de Fiscales de Sala y, tras no hacerlo, de los ataques de que ha sido objeto por el sentido de su informe, favorable a la inadmisión de las querellas. "Navajas no empezó el conflicto y ha estado aguantando callado hasta que se ha puesto en duda su profesionalidad y rectitud en el despacho de ese asunto", señalan.

Fuentes de la Fiscalía aseguran que Navajas informó a la fiscal general, Dolores Delgado, de que iba a conceder la entrevista a Onda Cero. Delgado respalda al número dos de la institución y considera que ha hecho uso de su derecho a la libertad de expresión para explicar, con transparencia, cuál ha sido su actuación en relación con el informe sobre las querellas.

Denuncia

El conflicto ha coincidido con la tramitación por la Inspección de una denuncia interpuesta por el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda contra Consuelo Madrigal por un artículo publicado en el diario El Mundo el pasado 3 de mayo.

"El control de la acumulación de poder es el gran problema de la política", comenzaba la fiscal de Sala, según la cual "por el confinamiento, muchos, demasiados, han perdido, tal vez irremediablemente, trabajo, negocios y oportunidades. Algunos aún deben tributar por actividades no realizadas y ganancias no recibidas. Todos nos hemos empobrecido. Y, como siempre, unos pocos han hecho negocio. Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita de poder; la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad".

Madrigal aludía al "tardío abordaje de una crisis sanitaria -que no de orden público- mediante la privación de libertad bajo una coerción policial, innecesaria sobre una ciudadanía mayoritariamente responsable".

También sostenía que "constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma".

Afirmaba además que se estaban dictando órdenes ministeriales y decretos leyes "frecuentemente oportunistas", aludia a "las cifras manipuladas" y señalaba que "en su cautiverio, la sociedad ha asistido al cierre del portal de transparencia del Gobierno, la imposición de filtros a las preguntas de la prensa, la financiación pública oportunista de medios de comunicación vasallos, la restricción en la difusión de mensajes y la evaluación de la verdad o falsedad de las noticias y los enunciados".

"Siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. Algunos creen que esto solo es necesario cuando lo hace la derecha", añadía.

Criticar al Gobierno

Para los denunciantes, Madrigal habría incurrido en una falta disciplinaria grave por no haber respetado la prohibición legal de "dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos".

La Inspección ha decidido dar trámite a esta denuncia y pedir a Madrigal que, si lo desea, se pronuncie sobre ella a través de un informe.

Dos días después de la publicación del artículo de Madrigal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo pública una sentencia por la que condenó a Rumanía por vulnerar la libertad de expresión de Laura Kövesi, a la que el Gobierno de Bucarest cesó como fiscal anticorrupción por sus críticas a una iniciativa legislativa que ella consideraba que podría socavar la lucha contra la corrupción.

El cese de Kövesi provocó que la Comisión Europea emitiera una advertencia al Ejecutivo de Bucarest por la destitución. Kövesi fue nombrada el pasado octubre por el Parlamento Europeo jefa de la Fiscalía Europea contra el Fraude.

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