Los fiscales del procés han pedido este lunes al instructor del Supremo, Pablo Llarena que envíe al Parlamento Europeo "con la mayor urgencia posible" los suplicatorios para el levantamiento de la inmunidad que ha sido reconocida a los prófugos Carles Puigdemont y Antoni Comin por la sentencia dictada el pasado jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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En un contundente escrito, los fiscales Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno piden el mantenimiento de las medidas cautelares dictadas contra ambos tras su procesamiento, en particular las órdenes nacionales e internacionales de detención para su ingreso en prisión, así como las euroórdenes cursadas a Bélgica, donde se encuentran.

El escrito explica que el expresidente catalán y el exconsejero "se encuentran en situación de rebeldía, habiéndose acordado la prisión provisional así como su busca y captura (nacional e internacional) a consecuencia de haber sido procesados por  delitos muy graves con bastante antelación al inicio del proceso electoral" al Parlamento Europeo del pasado mayo, en el que fueron elegidos eurodiputados.

Los fiscales subrayan que esas medidas cautelares acordadas "ante el hecho de haberse sustraído a la acción de la Justicia" están "absolutamente legitimadas y justificadas". A su parecer, solo podrán ser dejadas sin efecto “cuando comparezcan voluntariamente o sean entregados para responder de los cargos que se les atribuyen“.

Los representantes de la acusación pública entienden que la sentencia del TJUE permite mantener esas medidas cautelares mientras se tramita el suplicatorio. Destacan, en este sentido, que Puigdemont y Comin concurrieron a las elecciones cuando ya estaban procesados y fugados, por lo que eran "plenamente conscientes de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos, de lo que cabe inferir que lo que pretendían en realidad era acogerse al paraguas de la inmunidad". Por ello, piden a Llarena que comunique a la Eurocámara el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas "para salvaguardar los fines del proceso penal".

También interpretan que, de acuerdo con la normativa que regula las euroórdenes, los privilegios e inmunidades de las que puede disfrutar un reclamado tiene "el único efecto" de suspender los plazos para decidir sobre la entrega (que, de otro lado, Bélgica suele superar ampliamente). Dichos plazos volverían a contar una vez que las autoridades belgas sean informadas sobre la decisión del Parlamento Europeo sobre la retirada de la inmunidad.

Por ello, los fiscales solicitan al juez Llarena que informe a Bélgica de que se va a solicitar el levantamiento de la inmunidad, en caso de que el instructor acepte este planteamiento.

La comunicación debería incluir, a su juicio, una mención al precepto de la normativa sobre la euroorden en el que se establece que "el Estado miembro de ejecución [Bélgica] garantizará que se sigan dando las condiciones materiales necesarias para una entrega efectiva cuando la persona haya dejado de disfrutar de un privilegio o inmunidad".