El juez instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, emitió ayer lunes órdenes europeas de detención y entrega de los exconsejeros catalanes Clara Ponsatí, Antoni Comín y Lluis Puig. La primera se encontraría en Reino Unido y los segundos en Bélgica, y se unen, de esta forma, a la OEDE ya emitida contra el expresidente Carles Puigdemont tras la sentencia condenatoria dictada contra otros exmiembros de su gobierno.
La decisión de Llarena es la respuesta a la petición realizada el pasado 31 de octubre por los fiscales del Supremo Javier Zaragoza y Fidel Cadena, que atribuyen a Ponsatí y Comín, exconsejeros de Educación y Sanidad, respectivamente, presuntos delitos de sedición y malversación de fondos públicos. A Lluis Puig, exconsejero de Cultura, le imputan malversación y desobediencia a los tribunales.
El instructor ha aceptado la petición de la Fiscalía salvo en el caso de Ponsatí, a la que reclama sólo por sedición. Llarena ha excluido el cargo de malversación en el caso de esta procesada porque lo que se desprende de la investigación es que la exconsejera cedió locales del departamento de Educación para la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O, pero la cesión de inmuebles públicos para esa finalidad no ha sido considerada malversación en el caso de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, ya juzgada.
Los fiscales pidieron la reactivación de las euroórdenes al considerar que la sentencia del pasado 14 de octubre aporta "un elemento de seguridad jurídica sin duda mayor al que ha venido representado por el auto de procesamiento y de prisión en el que se han fundado las órdenes anteriores que fueron rechazadas por los países requeridos".