El juez considera "evidente" que la "minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia" de Cataluña permite considerar que los

"principales responsables" -los 13 procesados por rebelión- "siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza.

"Quienes realizaron aportaciones principales con posterioridad al 20 de septiembre [fecha del asedio a la comisión judicial que registraba la Consejería de Economía], desde luego se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores

había de desatarse".

"Y la persistencia en su determinación criminal con ese conocimiento", añade, "es muestra de su voluntad de incorporar la utilización de la fuerza al mecanismo para conseguir una secesión a la que no quería renunciarse".

Según Llarena, los procesados por rebelión decidieron utilizar "el poderío de la masa para, con él, hacer frente a una actuación policial que sabían orientada a imposibilitar el referéndum, de manera que la votación pudiera desarrollarse, posibilitando y favoreciendo, no sólo que los resultados del referéndum permitieran la proclamación de la independencia, sino que el Estado de Derecho se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población que amenazaba con expandirse".

El instructor también afirma que "la estrategia secesionista puede continuar latente, aunque se encuentre puntualmente larvada y trate de servirse de un relevo de sus protagonistas".

Sostiene que la causa que ha instruido “hace frente a un ataque al Estado

constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país”.

El juez procesa a 13 personas por rebelión, incluidos Puigdemont y Turull