Bruselas

La justicia belga ha decidido este viernes dejar al ex presidente catalán, Carles Puigdemont, en libertad sin fianza mientras se tramita la euroorden contra él activada esta semana por Pablo Llarena por considerar que "no hay un gran riesgo de fuga". El juez del Tribunal Supremo decidió enviar a Bélgica una tercera orden europea de detención y entrega nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, que condena a los líderes independentistas encarcelados en España a penas de entre 13 y nueve años de prisión por sedición y malversación.

El juez de instrucción belga se ha limitado a decretar una serie de medidas cautelares para garantizar que el ex presidente catalán no huya. Puigdemont no puede salir de Bélgica sin permiso judicial, deberá informarle de todos sus movimientos y presentarse ante la justicia o la policía belga cada vez que sea requerido. La primera vista sobre la ejecución de la euroorden ante el Tribunal de Primera Instancia neerlandófono de Bruselas (denominado 'Cámara del Consejo') se ha fijado para el martes 29 de octubre.

El juez de instrucción ha estimado que la euroorden era "válida" y que "el procedimiento puede continuar", ha puesto a Puigdemont "en libertad con condiciones estimando que no hay un gran riesgo de fuga" y "ahora es la Cámara del Consejo la que debe pronunciarse", ha explicado el portavoz de la fiscalía de Bruselas, Denis Goeman, en rueda de prensa. 

El ex presidente catalán ha pasado alrededor de 24 horas detenido en la sede de la fiscalía de Bruselas (desde el jueves por la mañana hasta el viernes a las 11:00 horas) a la espera de que el juez adoptase su decisión sobre las cautelares. "El 17 de octubre por la mañana, Carles Puigdemont se ha presentado voluntariamente ante la policía judicial federal de Bruselas y ha sido privado de libertad", ha relatado el portavoz. La policía lo trasladó entonces a la fiscalía y lo puso a disposición judicial.

En presencia de sus abogados, a Puigdemont se le ha notificado oficialmente la euroorden emitida por España contra él. "El ex presidente catalán no ha aceptado su entrega a las autoridades españolas", ha señalado la fiscalía. 

Durante el periodo de detención, la defensa de Puigdemont ha alegado que su defendido era eurodiputado y tenía inmunidad parlamentaria, un argumento que ha sido desestimado por el juez de instrucción.

"Tras las verificaciones realizadas por el juez para estar seguro, ha constatado que no tenía el privilegio de la inmunidad parlamentaria y por tanto el procedimiento ha continuado", ha asegurado el portavoz. De haber concluido que Puigdemont tenía inmunidad, la euroorden hubiera sido rechazada de inmediato.

Finalmente, el ex presidente catalán ha sido puesto en libertad con condiciones a las 11:00 horas del viernes. A su salida de la fiscalía, Puigdemont confesaba que no había podido seguir los incidentes de las últimas horas en Cataluña por haber estado incomunicado durante 24 horas. "Desde ayer por la mañana no he estado conectado, como puede imaginar, y acabo de salir", ha dicho a la prensa.

Puigdemont y la violencia en Cataluña

Puigdemont ha querido desmarcarse de la plataforma Tsunami Democràtic, que ha organizado algunas de las protestas de los últimos días que han derivado en actos violentos. "No los conozco. No tengo ninguna relación, ni directa ni indirecta, no sé quienes son. Conozco la iniciativa porque yo mismo la apoyé en un tuit, pero desconozco completamente quién o quiénes la están organizando y están detrás", ha asegurado tras su puesta en libertad.

Puigdemont ha expresado su rechazo a la violencia en términos generales pero se ha negado a condenar en concreto los actos violentos de los independentistas las últimas noches en Barcelona, pese a las múltiples preguntas de los periodistas. "Mi experiencia es que en estos 10 años de grandes movilizaciones en todo el país no ha habido jamás ningún incidente. Conozco a la gente que se comprometió con las urnas, que organizó las manifestaciones y para nada nunca los he visto haciendo uso de ningún tipo de violencia", ha dicho.

La detención del aludido (o entrega pactada como en este caso) es el primer paso en la tramitación de la euroorden. El juez de instrucción debía informar a Puigdemont de que tiene la posibilidad de volver a España voluntariamente. En ese caso, el proceso hubiera durado apenas 10 días. Pero su abogado en Bélgica, Paul Bekaert, ya anunció que se negaría por considerar que las penas contra Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas en prisión son "desproporcionadas" y no se ha respetado su derecho a la defensa.

Un plazo máximo de 90 días para resolver

La nueva euroorden de Llarena llegó a la fiscalía de Bruselas el mismo lunes por la noche. Pero la justicia belga rechazó tramitarla alegando que sólo estaba en castellano y debía traducirse al inglés o a una de las lenguas oficiales en Bélgica (francés, neerlandés o alemán). El trámite se ha acelerado porque el Supremo ha enviado la traducción mucho antes de lo previsto.

En todo caso, la justicia belga ha dejado claro que piensa tomarse el procedimiento con calma. "Vista la complejidad del expediente y de las dos euroórdenes que ya se han emitido previamente contra Carles Puigdemont, el dossier exige un análisis jurídico en profundidad", subrayó la fiscalía en su primer comunicado sobre el caso emitido el martes.

En teoría, a partir de este momento, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas debe pronunciarse en un plazo de 15 días sobre la entrega. Podría ser el mismo 29 de octubre, pero los plazos pueden alargarse si los jueces requieren información adicional. Tanto la fiscalía como el propio Puigdemont pueden presentar recurso contra este fallo ante la Sala de Acusación, la segunda instancia judicial para la euroorden en Bélgica. Ésta dispondrá de otros 15 días para emitir su dictamen. 

Contra este fallo todavía cabe recurso de casación, que puede alargar aún más los plazos. La norma sobre la euroorden prevé que la decisión sobre la entrega debe adoptarse en un plazo máximo de 60 días, extensible a 90 días en casos excepcionales.

El ex presidente catalán ha asegurado esta semana que no tiene ninguna intención de huir de Bélgica y que tiene una "confianza plena" en sus instancias judiciales.

La tercera euroorden contra Puigdemont

La actual es ya la tercera euroorden contra Puigdemont desde que se fugó a Bélgica el 30 de octubre de 2017, tras la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán. La primera fue cursada el 3 de noviembre de 2017 por la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero Llarena la retiró en diciembre, poco después de asumir la instrucción de la causa, por el temor de que Bélgica cercenara los cargos y no entregara al encausado por rebelión.

La segunda euroorden fue emitida por Llarena el 23 de marzo de 2018 y llevó a la detención de Carles Puigdemont en Alemania cuando regresaba en coche a Bélgica. El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) aceptó el 12 de julio de 2018 entregar a Puigdemont para que fuera juzgado por una presunta malversación de fondos públicos, pero no por rebelión o sedición.

Por su parte, la justicia belga rechazó en primera instancia la euroorden contra los ex consellers que seguían en Bruselas por motivos de forma. Llarena se negó a aceptar la entrega de Puigdemont por uno solo de los cargos y retiró también las euroórdenes en Bélgica contra Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig y en Escocia contra Clara Ponsatí.

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