Tribunales

España se persona en defensa de Llarena frente a Puigdemont y la vista se aplaza al 25 de septiembre

Los abogados del expresidente de la Generalitat notifican lo que consideran un "error de traducción" de las palabras del juez.

Bruselas

La primera vista de la demanda civil en Bélgica del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el juez Pablo Llarena apenas ha durado cinco minutos. El abogado de Llarena, Hakim Bourlabah, ha pedido un aplazamiento de 15 días para que el Estado español se persone en el caso en defensa de Llarena y de la soberanía y la inmunidad de jurisdicción de España. Su principal argumento es que la justicia belga no es competente para dirimir este caso.

El abogado de Llarena cuestiona jurisdicción y pide diriman caso 3 jueces

La juez que lleva el expediente, Anne Dessy, del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, ha decidido fijar una nueva audiencia para el próximo 25 de septiembre. El abogado de Llarena ha solicitado además que la demanda sea examinada por una cámara de tres jueces -en lugar de un juez como es habitual, dada la complejidad del caso.

"El Reino de España y el juez Llarena contestan la jurisdicción de las cortes y tribunales belgas. He solicitado que se pospusiera el caso a una audiencia del 25 de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su órgano, el juez Llarena", ha explicado Bourlabah al término de la vista.

Los abogados de Llarena, Hakim Bourlabah, y de Puigdemont, Gonzalo Boye

Los abogados de Llarena, Hakim Bourlabah, y de Puigdemont, Gonzalo Boye EFE

Una vez que España -que también estará representada por el propio Bourlabah- se haya personado oficialmente en la demanda, en la vista del 25 de septiembre se fijará el calendario para que las partes presenten sus argumentos por escrito sobre el fondo del caso y también sobre la competencia de la justicia belga. Más tarde se convocará una vista oral para argumentar el caso. "Esto va a ser largo", ha asegurado el abogado de Puigdemont y los exconsellers, Gonzalo Boye.

El problema de la traducción

El abogado de Llarena ha sido el único en intervenir en la breve vista de este martes, abierta al público. Los representantes de Puigdemont y de los exconsellers huidos a Bélgica -Boye y Christophe Marchand- no han tomado la palabra y se han limitado a aceptar las peticiones de Bourlabah. En ningún momento han mencionado el "error de traducción" en las palabras de Llarena que constituyen la base de la demanda. Esta cuestión se abordará cuando empiecen a discutirse los argumentos del caso, según fuentes jurídicas.

En declaraciones posteriores a la prensa, Marchand ha restado importancia a la cuestión de la traducción. Sostiene que cuando se dieron cuenta del error, "inmediatamente hemos hecho una nueva traducción mediante traductor jurado que hemos enviado directamente al abogado del juez Llarena". 

"Para nosotros este tema no tiene importancia porque no cambia nada del fondo del asunto, que sigue siendo la falta que nosotros consideramos muy grave que ha sido cometida por el jueza Llarena en sus declaraciones en Oviedo, en las que declaró que él consideraba que nuestros clientes no eran presos políticos, no habían cometido delitos políticos. Nuestros clientes dicen desde el principio que es un caso político y los jueces no pueden prejuzgar, dar su opinión sobre esta cuestión que es el centro del caso", ha dicho Marchand.

Puigdemont dice que Bélgica sí es compentente

En contra de lo que defiende el abogado de Llarena y pronto del Estado español, los representantes legales de Puigdemont alegan que Bélgica sí es competente para dirimir este caso. "Nosotros llevamos meses sosteniéndolo y estudiándolo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE nos da la razón", sostiene Boye. 

"Aquí afortunadamente hemos podido ejercer el derecho de defensa con plena libertad sin las amenazas, las coacciones, los insultos y las vejaciones que estamos sufriendo en España, no sólo yo sino también los abogados belgas", se ha quejado el abogado de Puigdemont.

A la vista no ha asistido el expresidente de la Generalitat, pero sí los exconsellers fugados Toni Comín y Lluís Puig. Puigdemont ha celebrado los resultados después, tras la reunión que ha celebrado en Waterloo con su antecesor, Artur Mas. "No deja de sorprender que una demanda que cuando la interpusimos fue objeto de toda clase de ridiculizaciones, de menosprecios, ahora haya movilizado a los mejores abogados y haya exigido la movilización de más de medio millón del erario público para defender a un particular. Esto simplemente significa que hay base para esta demanda", ha dicho.

En la agenda del tribunal, que se encarga de repartir las demandas civiles a los jueces competentes, había medio centenar de asuntos. El de Puigdemont ha sido uno de los primeros. La sala de audiencias estaba casi llena sobre todo de periodistas españoles.

Un operario del Palacio de Justicia ha retirado varios lazos amarillos anudados en la valla que rodea las instalaciones. A la salida, mientras los abogados de Puigdemont hablaban a la prensa, cinco personas han desplegado una pancarta amarilla que decía: "Catalunya: Justicia=Llibertat, Justice=Freedom".

En su demanda civil en Bélgica, Puigdemont acusa a Llarena de vulnerar su derecho a un juicio justo. Se basa en unas declaraciones que hizo en octubre del año pasado durante una conferencia en Oviedo en las que afirmaba que Oriol Junqueras y el resto de exconsellers que están en prisión provisional "no son presos políticos". Se trata, según confesaron sus abogados, de una estrategia de defensa para conseguir su recusación. Le piden una indemnización simbólica de 1 euro.

El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick, en el que trabaja Bourlabah, la representación del Estado español y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a esta demada civil. El valor del contrato asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros.