Daniel Montero Carmen Lucas-Torres

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha presentado un recurso de casación contra la sentencia del pasado 1 de diciembre en la que se decretó una pena de dos años de prisión para él por aprovechamiento de revelación de secreto revelado en el caso del 'Chivatazo', la primera pieza de la 'Operación Púnica' que ha llegado a juicio.

El Tribunal, con un voto particular discordante, consideró probado que el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino avisó a Granados de que su socio, David Marjaliza, estaba siendo investigado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). El Guardia Civil también fue condenado a dos años de prisión por la filtración.

Motivos del recurso

El abogado de Granados, Javier Vasallo, sostiene en el recurso de casación que con la sentencia se ha vulnerado el derecho de Granados a la presunción de inocencia y no ve fundado que se haya dejado de lado la imputación del testigo David Marjaliza en esta pieza, pues está siendo investigado en otras. En este sentido, cree que el exsocio de Granados "disfruta de una posición de privilegios y beneficios no amparados en norma penal o procesal alguna".

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, pudieron escucharse unas grabaciones telefónicas que según el abogado dejan a la vista otros delitos graves. Vasallo defiende que la condición de testigo de Marjaliza le ha dado la posibilidad de "autoexculparse" y apuntar a otros investigados.

La defensa del exconsejero madrileño alude a motivos espurios en las declaraciones del empresario de Valdemoro que privan de credibilidad sus declaraciones, como la existencia de razones de "enemistad, enfrentamiento, odio y venganza". 

El abogado expone como segundo motivo de su recurso de casación la nulidad de las intervenciones telefónicas que han servido de base para la investigación al entender que son prospectivas.

El exsocio de Granados declaró en el juicio que éste le habría pedido quemar documentación sobre pagos irregulares a políticos que los dos acordaron en la sede de sus empresas en Pinto. Según Marjaliza, los habrían ido apuntando en un cuaderno escolar que fue "quemado en un día de niebla". Un extremo que no vio claro Nicolás Poveda Peñas, uno de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que emitió un voto discordante contra la sentencia condenatoria.

En ese voto particular, el juez expuso que "no existe dato alguno que acredite la preexistencia de tal documentación, ni de la general ni por supuesto del citado cuaderno escolar, ni sobre su contenido exacto" y "sus testimonios (los de Marjaliza)no pueden ser tenidos en cuenta a efectos incriminatorios de ningún otro acusado al no existir correspondiente corroboración". 

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