La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al exconsejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, y a un año y 6 meses al agente de este Cuerpo en excedencia, José Luis Caro Vinagre, que trabajó como jefe de Seguridad de Granados por la filtración de la investigación de la 'Operación Púnica', lo que produjo un "intenso" daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero.
La Guardia Civil tuvo que cambiar de lugar los dispositivos de grabación, pero los investigados evitaron las llamadas telefónicas a partir de ese momento y comenzaron a hablar en código entre ellos.
En una sentencia, con voto particular concurrente del magistrado Nicolás Poveda, los magistrados de la Sección Primera condenan a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino por uno de violación de secreto agravado. Además, a este último se le impone una pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Es la primera sentencia de la 'Operación Púnica', que responde al 'chivatazo' que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino sobre la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba llevando a cabo en la sede de las empresas de David Marjaliza, socio y amigo de Granados.
DIFICULTARON LA INVESTIGACIÓN
El juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional comenzó a investigar a Francisco Granados y al empresario David Marjaliza para esclarecer su relación con la titularidad de una cuenta bancaria en Suiza y un patrimonio que se había nutrido de dinero procedente de contratos públicos de obras y servicios adjudicados, aparentemente, de manera irregular.
El juez acordó intervenir los teléfonos de ambos y colocar una cámara de vídeo en la sede de las empresas de David Marjaliza, el edificio Éboli de Pinto (Madrid) donde los investigadores sospechan que se pagaron las comisiones a empresarios. El guardia civil Rodríguez Talamino fue el encargado de ir al edificio para elegir el tipo de cámara de vídeo que se tenía que poner.
Talamino vivía en Valdemoro y conocía a Francisco Granados. Una madrugada, durante las fiestas del municipio, se encontró con el exconsejero madrileño y le puso en aviso sobre la investigación. También puso en conocimiento de los hechos al amigo personal de Granados, el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre, que trabajó en el equipo de seguridad del político cuando fue Consejero de Interior.
Cuando Granados supo que estaba siendo investigado, pidió a Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios. Éste ordenó a un subalterno que destruyera los documentos, como facturas de regalos y el organigrama de sus sociedades y testaferros, y trasladó la información sobre sus cuentas en Suiza y Singapur al domicilio de su secretaria. Granados, por su parte, escondió el dinero que tenía en su domilicio en casa de sus suegros.
Todos estos movimientos provocaron que los guardias civiles tuvieran que desmontar los dispositivos de grabación en la sede de las empresas de Marjaliza. Aún así, los investigados comenzaron a hablar en código y a evitar las conversaciones telefónicas a partir de ese momento.
NO EXISTE EL "IMPRESCINDIBLE DATO CORROBORADOR"
El único juez del Tribunal que ha emitido un voto particular discordante se muestra conforme con la sentencia pero no con su fundamentación. Según el magistrado Nicolás Poveda Peñas, la sentencia sostiene que Marjaliza ordenó que se destruyeran documentos relevantes sobre licitaciones que había ido apuntando en un "cuaderno escolar" y que se quemaron "en el Álamo en un día de niebla".
Sin embargo, según el juez "no existe dato alguno que acredite la preexistencia de tal documentación, ni de la general ni por supuesto del citado cuaderno escolar, ni sobre su contenido exacto" y "sus testimonios no pueden ser tenidos en cuenta a efectos incriminatorios de ningún otro acusado al no existir correspondiente corroboración".
Poveda alude a las contradicciones en las que incurrió David Marjaliza y su secretaria, Ana Ramírez, durante sus declaraciones en sede judicial y pone el foco en que es significativo "que aquellas que les pudieran afectar de cara al proceso principal son negadas o desvirtuadas y las que afectan a otros acusados confirmadas pero por lo visto no acordes con la realidad".
Entre las contradicciones citadas están que "el día de la supuesta quema de documentos no había niebla en el Álamo según se pudo comprobar a través de la AEMET" o que dijeron que habían metido todos los documentos en un carrito de Carrefour para quemarlos y ni siquiera conocían el nombre correcto de la cadena de supermercados.