Las claves
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El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) acredita que Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, se implicó personalmente en los pagos a la trama Koldo.
El entonces presidente de Canarias, forzó el pago de las actuaciones de emergencia a Soluciones de Gestión SL, la empresa de Víctor de Aldama por indicación de Koldo García, para la compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Torres, según los mensajes y audios intervenidos, obligó a hacer "los abonos sin las comprobaciones de las validaciones" obligatorias que exigía Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS).
Audio | Ángel Víctor Torres prometió a Koldo García vencer "la resistencia" de su equipo a pagar mascarillas "sin comprobaciones" en julio de 2020
De hecho, Torres llegó a decirle a Koldo, sobre Pérez, en términos tan zafios como "déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire".
Antonio Olivera, entonces viceconsejero y hombre fuerte de Torres (al que se llevó después como jefe de Gabinete al Ministerio), recibió el 30 de abril de 2020 una carta de Mercedes Cueto, directora gerente del Hospital Universitario de Canarias, donde desaconsejaba el uso de las mascarillas recibidas, porque no cumplían con las especificaciones FFP2 de uso médico.
A pesar de las advertencias sobre su idoneidad, Olivera no sólo no frenó el proceso, sino que, según el informe de la UCO, ese mismo día comunicó a Koldo que ya se había iniciado el pago del 50% a Soluciones de Gestión.
El pedido original ascendía a 6,8 millones de euros, pero las órdenes se incrementaron hasta que, a mediados de agosto, la trama ya había cobrado casi 10 millones, de los 12,2 que terminarían cobrando en diciembre.
El flujo de transferencias se mantuvo gracias a la presión de Torres, quien aseguró a Koldo en julio haber dado "el golpe preciso sobre la mesa para acabar con todo esto", sin que se hubiese validado aún buena parte de la primera adjudicación.
Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, específicamente en su artículo 120.1.d, cuando una Administración actúa por emergencia, "se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación".
Es decir, la actuación excepcional no exime del control. Ni al hoy ministro de una responsabilidad política evidente, al haber contratado, saltándose todos los controles, con una empresa instrumental de una trama presuntamente corrupta.
Según la ley, se puede contratar "de hecho" para responder a una crisis, pero los pagos siguen sujetos a comprobación y fiscalización, tal como reitera el Tribunal de Cuentas: "La contratación de emergencias no es una contratación sin control".
Y es que el artículo 210 y siguientes de la citada norma, establecen que antes de realizar un pago se debe comprobar que la prestación (obra, servicio o suministro) se ha ejecutado correctamente.
Es necesario emitir el acta de conformidad por el órgano técnico competente y tramitarse el reconocimiento de la obligación (fase contable) una vez validadas las comprobaciones.
Pero "las comprobaciones se hicieron a posteriori", confirma un alto cargo del actual Gobierno de las islas.
La omisión de estas obligaciones, según la norma, implica responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas, o responsabilidades disciplinarias del funcionario que hubiera autorizado el pago sin la cobertura legal adecuada.
Incluso, se prevén responsabilidades penales (malversación y/o prevaricación) del político o alto cargo que hubiera presionado para saltarse los controles.
"Abre el vino"
Y es que, de hecho, las actas de conformidad nunca se pudieron emitir, dado que al menos 837.800 mascarillas de las 2,75 millones compradas resultaron ser defectuosas.
Según fuentes del actual Ejecutivo insular, "las mascarillas no cumplían los requisitos contratados". Y advierten de que "el asunto está ahora en manos de la Fiscalía Europea".
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias lo verificó así el 27 de abril de 2020: las mascarillas modelo KN95 FDA, KN95 KSA, KN95 202003 y KN95 EN1492001 "no se consideran aptas para su uso sanitario como FFP2".
Pero en lugar de rescindir el contrato o reclamar una devolución completa, el Gobierno canario de Torres rehizo el acuerdo con Soluciones de Gestión ya en noviembre de 2020.
La empresa propuso "valorar las mascarillas entregadas [...] como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril", con lo que se completó el pago, de 707.518,50 euros por este material defectuoso, en diciembre.
El entonces presidente de Canarias comunicó a Koldo el 3 de noviembre de 2020: "Solucionado por ambas partes. Abre el vino", refiriéndose al acuerdo alcanzado.
Torres, en su condición de presidente del Gobierno de Canarias, se implicó personalmente en las transacciones de estos contratos de emergencia, según el documento de la UCO.
El barón regional socialista se ganaba así el favor de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro con la mayor capacidad inversora, desde Fomento.
Las contrataciones, incluso, fueron cerradas y pagadas pese a que existían dudas serias sobre el cumplimiento de los requisitos sanitarios de las mascarillas.
Según fuentes del actual Gobierno canario consultadas, esta actuación es claramente ilegal. Presionar para efectuar pagos sin haber realizado las comprobaciones y validaciones exigidas vulnera frontalmente la Ley de Contratos.
Los mensajes
Las fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por este medio subrayan que "no sólo es que sea ilegal lo que hizo el entonces presidente canario, sino que si el PP quiere se puede incorporar al 'caso de mascarillas' que está abierto ahora en los juzgados", tanto en los insulares como en la Audiencia Nacional.
Un audio remitido por WhatsApp el 21 de julio de 2020 captura el momento exacto en que Torres promete a Koldo vencer la resistencia interna. Torres asegura: "Hay resistencia de Ana no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades".
Torres continúa garantizando que él solucionaría todo rápidamente: "Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura. Durante el día de hoy espero tener la respuesta".
El ministro era consciente de que la responsable económica del SCS exigía documentación necesaria antes de autorizar los pagos. Y ése precisamente era el problema.
Torres promete al asesor de Ábalos: "Estoy encima de ella". Luego amenaza directamente a la responsable económica: "Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire".
El audio confirma también que Torres mantenía contacto directo con Víctor de Aldama. En la misma grabación asegura: "Hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante", en referencia a Aldama y a una cena que mantuvieron en el Jai Alai de Madrid.
Torres había negado públicamente conocer al empresario investigado, en sus comparecencias en la comisión Koldo de investigación en el Senado.
Olivera, 'hombre fuerte'
Antes de llegar a esos audios de julio, la documentación interceptada por la UCO revela que Olivera, el jefe de Gabinete de Torres, también director del Servicio Canario de Salud durante la pandemia, había negociado directamente con la trama.
El 21 de abril de 2020, el hombre fuerte de Torres envió un mensaje al administrador de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche: "Íñigo, prepárame una oferta con 2 millones, ¿vale? Negocié con Koldo esa cantidad".
El mismo día, Olivera escribió a Ana María Pérez presentándole la oferta de mascarillas elaborada por Rotaeche. Le indicaba textualmente: "Aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido".
La documentación interceptada muestra que Pérez y sus colaboradores tenían dudas sobre la calidad de las mascarillas y el precio. Una trabajadora escribía: "¿Estamos seguros? ¿Hay dinero suficiente? Son 12 millones de euros".
La "influencia" de Koldo
Los antecedentes de esta investigación se remontan un año atrás, cuando Aldama presentó ante el Tribunal Supremo presuntas pruebas sobre un piso alquilado en la calle de Atocha a través de Airbnb.
Torres refutó estas acusaciones 24 horas después con certificados de compañías aéreas, e incluso este martes anunció que se querellará contra el comisionista. Pero este informe de la UCO sólo incluye mensajes y audios sobre los negocios de mascarillas de la época de la pandemia.
Y la clave está en que Koldo ejercía presión constante sobre Torres para que cobrara la empresa de Aldama.
Quedaba así acreditada la influencia de Koldo en la Administración canaria, según subraya la UCO, "consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes".
Torres llegó a participar en al menos cuatro contratos con Soluciones de Gestión por un montante total de 12 millones de euros.
En agosto de 2020, cuando finalmente los pagos se habían realizado, Koldo agradece a Torres su intervención personal con estas palabras: "Agradezco muchísimo todo lo que has hecho, eres el único que lo ha movido. (...) Me vas a tener para lo que te salga de los cojones".
