El Gobierno propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna e "impedir" que se "coaccione" a las mujeres tras la polémica moción de Vox, apoyada por el PP del Ayuntamiento de Madrid, que obliga a informarles sobre un supuesto síndrome postaborto que no tiene ningún tipo de base científica.
Por ello, y ante el riesgo de que el PP y Vox cuestionen este derecho, reconocido por el Tribunal Constitucional en 2023, el Ejecutivo quiere incluirlo en la Constitución "en un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos" y para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas".
En este contexto, uno de los objetivos es impedir que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo "reciban información falsa o sin evidencia científica" para frenar cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres.
El PP no apoyará la reforma
Así, el Gobierno impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación.
Para ello, necesitan el voto del PP, que ya ha dejado claro que no apoyará esta reforma porque ya hay una ley que lo regula y "es suficiente". "Que se olvide de nosotros", afirman en un comunicado.
Por otra parte, el Ejecutivo quiere impedir la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran abortar.
La reforma que se plantea establecerá la "obligación" de que toda la información que se brinde en materia de la interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por los estándares marcados por instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).
Teorías sin base científica como el supuesto síndrome postaborto no tendrían cabida en estas clasificaciones.
Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.
El propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.
Almeida, Vox y el aborto
Este paso al frente del Gobierno llega sólo unos días después de que este martes el pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobara una propuesta de Vox para que sea obligatorio informar a las mujeres que quieren abortar de las supuestas consecuencias del síndrome postaborto.
Tras la polémica, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, admitió este mismo jueves que el síndrome postaborto "no es una categoría científica reconocida".
Además, añadió que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".
Otras comunidades del PP, como Andalucía y Castilla y León, se han desmarcado públicamente de esta polémica propuesta que pone en peligro el derecho al aborto a través de la coacción de las mujeres.
Precisamente, en este marco, el Ministerio de Sanidad ha pedido explicaciones por esta medida y cómo se podría aplicar.
"Desde el Ministerio de Sanidad solicitamos formalmente a Almeida que explique cómo pretende informar a las mujeres que decidan abortar sobre el falso 'síndrome postaborto'," indica Mónica García en su cuenta de Twitter.
"Queremos saber cómo garantiza que esa información sea científica y no un burdo intento del PP y VOX para coartar la libertad de las mujeres y coaccionarlas a la hora de ejercer sus derechos", añade la ministra de Sanidad.
El 'no' del PP
El Partido Popular ha afirmado este viernes que la ley actual que regula el aborto es "suficiente" y que por ello no ve necesario blindarlo en la Constitución, por lo que no apoyará la reforma propuesta por Sánchez.
La formación de Feijóo recuerda que para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo de su partido y que Sánchez tiene que olvidarse de contar con ellos para reformar un texto que "está incumpliendo" por no presentar Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo.
Según el PP, la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional. "El debate termina aquí", afirman desde Génova.
Según el PP, Sánchez pretende ahora, "acabado el señuelo de la Flotilla", buscar otro tema con el que "distraer" y "tapar" la falta de gestión, la "corrupción" y los problemas que tiene en su entorno, como los cinco delitos por los que podría ser juzgada su mujer, el procesamiento de su hermano y de su fiscal general del Estado o el encarcelamiento de su número dos en el PSOE.
En esta línea se ha manifestado el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quien en una entrevista en RNE ha dicho este viernes que Sánchez con el tema del aborto "lo único que busca es confrontar" y crear una "nueva cortina de humo" con "temas delicados" para "tapar sus problemas de corrupción".
El aborto, ha agregado, "no es un derecho" pero hoy "está regulado legalmente" e ir más allá sólo busca dividir.
"Aquí tenemos un régimen en el que ya está establecido una norma, una ley que lo regula y yo creo que en ese sentido es suficiente", ha insistido Bravo.
40 años de la despenalización
Este año se conmemora el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España (Ley 5/1985), que lo reconocía de forma restringida.
La Ley Orgánica 2/2010 reguló por primera vez este derecho de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación. En 2014, la lucha de las mujeres impidió la aprobación de una ley aún más restrictiva que la de 1985.
En 2023, la LO 1/2023 amplió los mecanismos para garantizar el acceso a este derecho. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la IVE.