"No tengo fecha de caducidad". El deseo de Pedro Sánchez de agotar la legislatura y convocar a las urnas en 2027, vuelto a confirmar este domingo, tropieza en realidad con varios obstáculos políticos. Por un lado, sus propios intereses electorales; y por otro, los de Junts y de Podemos.
El presidente intervino este domingo en la Fiesta de la Rosa del PSC junto a Salvador Illa, en Gavà (Barcelona).
Allí aseguró que le "queda mucha faena por delante, hasta 2027 y más allá" y defendió que piensa seguir, pese a que la "derecha se ponga muy nerviosa", porque "el permiso para gobernar este país no me lo dan las clases altas, me lo da la gente con su voto".
Esta semana se confirmó que Alfonso Fernández Mañueco agotará hasta el 15 de marzo en Castilla y León, "salvo que Sánchez adelante las generales antes". En ese caso, fuentes de su entorno admiten que el barón popular adelantaría la disolución de las Cortes autonómicas "para enfrentarse al sanchismo".
Pero el presidente no está en ésas. Sánchez sopesa, ahora mismo, la opción de ser el candidato en Andalucía.
Y es que en el PSOE, crece la convicción de que Sánchez adelantará los comicios a la primera parte de 2026. Lograría con ello que Juanma Moreno también adelantase en Andalucía, según confirman fuentes del PP de Andalucía.
Ese movimiento le interesa a Sánchez, que jugaría así la carta de que él también es candidato en Andalucía, haciendo tándem con su vicepresidenta, María Jesús Montero.
También el entorno de Moreno cree que esa opción le daría una ventaja al actual presidente autonómico: "No es sólo la vicepresidenta del 'cupo catalán' la que es tóxica como candidata, Sánchez también lo es para los votantes andaluces".
Por otro lado, muchos cargos locales socialistas están presionando para que las municipales no sean antes que las generales. No quieren pagar los platos rotos de una legislatura marcada por la corrupción y en la que todas las encuestas, excepto las del CIS de Tezanos, pronostican una sonora derrota al partido.
Mariano Rajoy en 2015 y el propio Sánchez en 2023 ya recurrieron a la estrategia de poner por delante las locales para que los cargos locales hicieran de cabeza de turco y amortiguar el castigo de los ciudadanos en posteriores convocatorias.
Ante este panorama, en el Gobierno están convencidos de que Montero, sola, no tiene ninguna opción hoy por hoy frente al popular Moreno, tal y como vienen indicando también los sondeos de intención de voto.
Aunque en el PP andaluz también estarían encantados: "Fíjate en todos los mensajes de Juanma, confronta con Sánchez porque en esta tierra no tiene nada que hacer".
Por otro lado, los socialistas confían en que los próximos meses dure aún la polémica de la ofensiva de Israel en Gaza, donde creen que, después de mucho tiempo, le han ganado el discurso al PP.
Pero, sobre todo, consideran que en esas fechas la Justicia aún no habrá tenido tiempo de avanzar de forma decisiva en algunas de las causas judiciales que acorralan al entorno de Sánchez y al propio partido.
Así pues, en el PSOE ya empiezan a ser conscientes de que la sentencia de Montero en el último pleno del Congreso, fue más un desahogo que un análisis realista de la situación. "Miedo es el que tiene el Partido Popular y especialmente el señor Feijóo a no llegar vivo al final de la legislatura", dijo.
La 'pinza' Junts-Podemos
Pero es que, además, los dos partidos más díscolos de la llamada mayoría de la investidura, Junts y Podemos, están armando una pinza que, por distintos motivos, busca objetivos similares. Ninguno de los dos está dispuesto a permitir que se celebren las elecciones generales después de las municipales, donde las expectativas no son buenas para ellos.
Tal y como señalan fuentes de ambas formaciones, agotar la legislatura sería como tirar piedras contra su propio tejado: quieren que las elecciones sean en 2026. De ahí los mensajes claros de fin de ciclo que han empezado a lanzar.
Junts observa con preocupación el avance de Aliança Catalana. El partido de Sílvia Orriols crece en todas las encuestas, particularmente en el ámbito rural y en los municipios de la Cataluña interior, feudo tradicional de Junts.
Este domingo se comprobaba un trasvase directo de votos del partido de Carles Puigdemont al de la ultra independentista, alcaldesa de Ripoll. Un sondeo publicado por La Vanguardia le quita ocho puntos a Junts, respecto a las últimas elecciones autonómicas, que van directos a AC.
Con una Aliança Catalana fuerte a nivel local, Junts sabe que un superdomingo de generales y municipales en 2027 arrastraría las preferencias.
Mientras que, si se celebren antes las generales, no competirá con la formación de Orriols, que presume orgullosa de que ella "nunca" querrá saber nada del Congreso de Madrid, porque "no es" el de su país.
Por eso, Junts pretende abocar a Sánchez a convocar en 2026.
La preocupación en Junts es que el crecimiento de Orriols acabe convirtiéndolos en un actor secundario en la política catalana. Y aunque hoy está "absolutamente descartada" la opción de apoyar una moción de censura impulsada por el PP y que apoyaría Vox, esa opción se guarda como última opción.
Maximalismo
Por su parte, el partido morado es consciente de que sus expectativas son también mucho mejores en las elecciones generales que en las municipales. Las de mayo de 2023 supusieron un duro revés para ellos.
Podemos perdió peso institucional en la mayoría de las grandes ciudades, como Madrid y Valencia, y quedaron fuera de muchos ayuntamientos. En Barcelona y Sevilla fue relegado a posiciones muy secundarias.
Precisamente esos malos resultados urgieron a la formación ya entonces liderada por Ione Belarra a tratar de consolidar un proyecto más amplio y, en un movimiento "puramente táctico", acabó agrupándose en Sumar, bajo el liderazgo de Yolanda Díaz.
Ahora, tanto a Junts como a Podemos se les ve soltando amarras del Gobierno un día sí y otro también. Y de algún modo, peleando por que el otro aparezca como responsable del colapso: ambos se muestran maximalistas, los independentistas por los "incumplimientos" del PSOE y los morados, exigiendo más "pureza" izquierdista.
Los de Puigdemont acaban de rechazar el ofrecimiento de José Luis Rodríguez Zapatero para que apoyen los Presupuestos Generales del Estado. Y en apenas diez días han contribuido a sonadas derrotas del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Junto a PP y Vox tumbaron la ley de reducción de la jornada laboral en el estreno del curso político. Una semana después, volvían a dar un revolcón al Gobierno abortando la creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción.
Además, Junts unió también sus votos a los de PP y Vox para instar al Gobierno a que derogue su Ley de Vivienda porque genera "inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y más okupación".
A estas alturas ya ha quedado claro que al Gobierno ya no le funcionan sus guiños a Junts.
Ni la recepción que le ofreció Salvador Illa a Puigdemont en Bruselas, ni la decisión se suspender por primera vez la actividad del Congreso con motivo de la Diada, ni la reciente visita de José Luis Rodríguez Zapatero al "presidente en el exilio", le han funcionado.
La última iniciativa de Junts ha sido la de colar la votación de la cesión de la inmigración a Cataluña para el próximo martes. La propuesta está condenada al fracaso, porque con la anunciada negativa de Podemos, no hay mayoría para sacarla adelante.
Es la forma que Junts tiene de retar a Sánchez y demostrarle que no puede satisfacer sus compromisos, como no ha podido hacerlo antes con la concesión real de la amnistía a Puigdemont o la oficialidad del catalán en la UE.
"No negociaremos"
En cuanto a Podemos, Belarra ha roto todos los puentes con el Gobierno desde la vuelta de las vacaciones. Sus discursos son de enmienda a la totalidad en asuntos como el de Gaza o el de la vivienda, algo que ha hecho saltar las alarmas en la bancada socialista.
Tan es así que, para el Gobierno, el problema sigue siendo Podemos por delante de Junts, porque están convencidos de que la posición de los morados es una decisión estratégica para forzar el adelanto electoral.
"No nos sentaremos a negociar nada con este Gobierno", confiesa un alto cargo cercano a Belarra. "Somos oposición, si presentan algo que nos convence, lo votaremos; pero para los Presupuestos ya saben nuestras condiciones".
Es decir, bajar los alquileres "por ley" un 40%, romper relaciones diplomáticas con Israel, y ni un euro más para gasto en Defensa.