Crece la percepción entre los españoles de que el rápido aumento de la inmigración registrado durante los últimos años puede convertirse en un problema para la convivencia.
El 73,4% de los españoles considera "excesivo" el número de inmigrantes que hay en estos momentos en España, según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, coincidiendo con el fin del curso político.
Esto supone un incremento de más de cinco puntos respecto al macrosondeo publicado por este diario el pasado 5 de enero: entonces el 68% consideraba "excesiva" la inmigración que hay en España.
El nuevo estudio demoscópico elaborado por SocioMétrica incluye datos aún más relevantes, que ayudan a explicar los pasos que han dado algunos partidos políticos en los últimos meses.
El 81% de los españoles dice que hay que endurecer las políticas contra la inmigración ilegal.
Y un porcentaje mayor, el 93% (incluyendo el 85,6% de los votantes socialistas) es partidario de expulsar a los inmigrantes que cometan delitos.
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la actualidad residen en España casi 9'4 millones de personas nacidas en el extranjero. De ellas, 2,6 millones cuentan con la nacionalidad española. Marroquíes, colombianos y venezolanos son los tres colectivos que más han crecido en el último año.
Son demasiados, según el 73,4% de los encuestados por SocioMétrica. En cambio, el 21% considera "adecuada" la cantidad de inmigrantes que hay en España, mientras un 3,5% la ve "insuficiente".
El 88% de los votantes del PP y el 96,3% de los de Vox considera que en España hay demasiados inmigrantes.
Pero también el 49,2% de los votantes del PSOE, el 47,3% de los de Podemos y el 46% de quienes votaron a partidos nacionalistas o independentistas.
Sólo entre los votantes de Sumar son mayoría (59,8%) quienes consideran que la inmigración que hay en España es adecuada, frente al 19,6% que la juzga excesiva.
Por grupos de población, las mujeres y los jóvenes son los que se muestran más preocupados por este problema: el 75,5% de las mujeres (frente al 71,5% de los hombres) y el 76,7% de los jóvenes de hasta 35 años creen que en España hay demasiados inmigrantes.
Aunque el problema que más se ha agravado en los últimos años es el de la inmigración ilegal.
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2024 llegaron a España 63.970 inmigrantes irregulares, lo que supone un incremento del 12,5% respecto al año anterior.
De esta cifra, la gran mayoría llegaron en patera: 46.843 arribaron a Canarias (lo que supone un aumento del 17,4% respecto al año anterior) y otros 14.431 a la Península o Baleares.
El 81% de los españoles es partidario de endurecer las políticas contra la inmigración ilegal, frente al 15% que rechaza esta opción.
Más de la mitad de los votantes del PSOE (59,8%) y de Podemos (50,8%) piden endurecer las políticas contra la inmigración ilegal. Al igual que el 96,8% de los votantes del PP y el 98,4% de los Vox.
Sólo los votantes de Sumar reman en dirección contraria: el 29,7% cree que hay que endurecer estas políticas, pero el 58% no lo ve necesario.
De nuevo, las mujeres se muestran más inquietas al respecto: el 81,7% (frente al 80,4% de los hombres) afirma que hay que endurecer la lucha contra la inmigración ilegal. Este criterio alcanza el 83,2% entre los mayores de 60 años.
La avalancha registrada en los últimos años ha provocado un drama humanitario en Canarias. Su gobierno regional ha intentado propiciar un acuerdo político para trasladar a la Península a los más de 4.000 menores inmigrantes no acompañados que se encuentran hacinados en los centros de las Islas.
Finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado el acuerdo con sus socios nacionalistas, de modo que no enviará ni uno de estos menas a Cataluña, País Vasco y Navarra. Tampoco a Baleares, cuyos centros están completamente saturados.
En cambio, trasladará 845 menores inmigrantes a Andalucía, 695 a Madrid, 596 a la Comunidad Valenciana, 234 a Castilla y León, 207 a Castilla-La Mancha, 155 a Murcia, 132 a Aragón y 103 a Extremadura.
Una aplastante mayoría del 93,1% de los españoles afirma que hay que expulsar a los inmigrantes que cometan delitos.
Y esta tesis predomina, de forma abrumadora, en todo el espectro político.
Así lo sostiene el 97,4% de los votantes del PP y hasta el 100% de los de Vox. Pero también el 85,6% de los votantes del PSOE, el 68,6% de los de Sumar, el 85,7% de los de Podemos y el 90% de los votantes de partidos nacionalistas e independentistas.
En su Congreso Nacional celebrado el pasado 4 y 5 de julio, el PP endureció su posición sobre este asunto: planteó la necesidad de reforzar el control de fronteras, reclamó una política migratoria "firme, legal y segura" en la lucha contra el tráfico de personas y propuso prohibir el uso del burka o el niqab en determinados espacios, por considerar que supone una negación de la libertad de la mujer.
Tras el Pacto de Inmigración y Asilo suscrito en 2024 por los 27, la posición de la UE es que los inmigrantes ilegales deben ser devueltos a sus países de origen.
Vox es el partido que más ha intentado explotar el discurso contra la inmigración ilegal.
En la presentación de su programa económico, José María Figaredo anunció tres de las medidas estrella de su partido: impulsar deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, revertir las regularizaciones que han llevado a cabo anteriores gobiernos y auditar todas las concesiones de nacionalidad a extranjeros que se han aprobado en los últimos años.
Vox también propone que los inmigrantes irregulares no pueden alquilar casas en España, así como imponer una mayor fiscalidad a la venta de viviendas a extranjeros.
Entre los partidos nacionalistas, Junts intenta competir con el discurso xenófobo de Aliança Catalana, el partido independentista de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.
El partido de Puigdemont ha logrado arrancar a Pedro Sánchez el compromiso de transferir a la Generalitat la competencia "integral" sobre inmigración y extranjería: de este modo, los Mossos vigilarían los puertos, aeropuertos y fronteras, y asumirían la tramitación de los expedientes de expulsión (algo que hoy compete a la Policía Nacional).
De todas formas, aún no está claro que el Gobierno logre reunir la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante esta reforma legal.
Ficha técnica:
Se han realizado 1.100 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 21 a 24 de julio de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23 y otras variables mediadoras. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.