El Gobierno ya tiene calculado el número de plazas, según las "capacidades ordinarias" que ha asignado a cada autonomía, para la reubicación de menores extranjeros no acompañados (menas).
Este periódico ha podido acceder al reparto que impondrá Moncloa a los gobiernos regionales que, supuestamente, dará comienzo "el 28 de agosto", según la ministra Sira Rego... y "no antes de septiembre", según lamenta el Ejecutivo canario.
El documento, en poder de EL ESPAÑOL, detalla la "capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía". Y es un anexo a uno de los decretos que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo 26 de agosto.
El pliego asigna a cada Comunidad y ciudad autónoma el resultado de un cálculo que, según fuentes oficiales del Ejecutivo, "pondera la población de cada territorio y el volumen total de menores migrantes gestionados" por el sistema de protección español, a cierre de 2024.
En él destaca el detalle de que sólo a Navarra (donde gobierna el PSOE), País Vasco (PNV-PSOE) y Cataluña (PSOE... y tierra de origen de Junts, cuyos votos eran clave para sacar adelante la medida) se le asignan menos plazas mínimas obligatorias de las que aseguran tener actualmente en funcionamiento.
Además, claro está, de Canarias, Baleares y Ceuta (los territorios más presionados por la crisis migratoria).
Los criterios
El reparto, según el Gobierno, se basa en "una fórmula objetiva concreta": se divide la población total de cada autonomía a 31 de diciembre de 2024 "entre el cociente de la población total de España y el máximo de menores extranjeros no acompañados atendidos en el conjunto del sistema".
Según este criterio, el Gobierno determina "la carga mínima" que cada territorio debe asumir en función de su peso demográfico y de la capacidad de acogida nacional.
Así, con este método de cálculo, a la mayoría de CCAA se le asignan unas "capacidades objetivas" muy por encima de las plazas que comunicaron al Gobierno en febrero. Y que, en casi todos los casos, estaban ya "más que sobreocupadas".
Únicamente Canarias (737 plazas y 5.790 menas alojados), Baleares (406 asignadas y 643 ocupadas), Navarra (223 y 297), País Vasco (731 y 862) y Cataluña (2.650, pero 3.643 menores declarados bajo tutela) quedarían fuera del nuevo reparto.
Andalucía (2.827 plazas asignadas y 1.467 menores alojados), Madrid (2.325 y 1.200) y Comunidad Valenciana (1.767, pero sólo 475 menas bajo su tutela), sin embargo, salen muy perjudicadas con el nuevo criterio. Todas ellas, regiones clave electoralmente y hoy gobernadas por el Partido Popular.
De Canarias no saldrán, finalmente, más que 3.355 chicos y chicas que, sumados a los alrededor de 400 de Ceuta, eleva la reubicación hasta algo menos de 3.800... exactamente la suma de las plazas que les quedarían por cubrir a los gobiernos andaluz, madrileño y valenciano.
De este modo, y teniendo en cuenta que ni a Cataluña, País Vasco, Navarra y Baleares llegarían nuevos menores, y que de donde saldrían es de Canarias, Ceuta y Melilla, el reparto quedaría como sigue:
- Andalucía: 845 menas reubicados (25,20%)
- Aragón: 132 menas reubicados (3,93%)
- Asturias: 84 menas reubicados (2,95%)
- Cantabria: 58 menas reubicados (1,72%)
- Castilla y León: 234 menas reubicados (6,98%)
- Castilla-La Mancha: 207 menas reubicados (6,17%)
- Comunidad Valenciana: 596 menas reubicados (17,75%)
- Extremadura: 103 menas reubicados (3,06%)
- Galicia: 265 menas reubicados (7,90%)
- Comunidad de Madrid: 695 menas reubicados (20,73%)
- Región de Murcia: 155 menas reubicados (4,61%)
- La Rioja: 32 menas reubicados (0,95%)
Aun así, todo dependerá de las gestiones administrativas, que ya se anticipan conflictivas, porque, aunque la ley obligue, cada territorio deberá poner de su parte, activando a sus servicios jurídicos y sociales para tramitar "caso a caso" cada expediente.
La fórmula ha suscitado una oleada de recursos judiciales y ante el Constitucional. Aragón se negó a remitir los datos solicitados alegando que el decreto es "injusto" y lo impugnó ante los tribunales. Para esta región, el Gobierno aplicó de oficio los datos existentes en sus archivos.
Otras comunidades, incluidas Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page, presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional por considerar que el modelo de reparto vulnera competencias y discrimina territorialmente.
El proceso
Desde el inicio, la aprobación exprés del decreto generó suspicacias. El Consejo de Ministros lo avaló en febrero tras negociaciones directas entre PSOE y Junts, logrando el respaldo necesario para la convalidación parlamentaria.
Según fuentes autonómicas del PP, "el Ejecutivo central ha privilegiado a los territorios clave para su gobernabilidad, como País Vasco y Cataluña".
El Gobierno apenas concedió diez días a los ejecutivos regionales para remitir los datos exigidos, sin determinar si se referían a plazas ordinarias o específicas para menas.
Las tensiones estallaron este jueves cuando la ministra de Infancia confirmó que los textos legales se aprobarán entre el 22 y el 26 de agosto, para iniciar los traslados el 28, tras la cancelación de la Conferencia Sectorial de Infancia, suspendida por el plante de las autonomías presididas por el PP, que consideran el reparto "ilegal e injusto".
Canarias, por su parte, insiste en denunciar la "dilación adrede" de los trámites por parte del Estado, que "podría perfectamente haber aprobado hace meses el reglamento de desarrollo de la reforma y los decretos del reparto y de la financiación de las plazas".
Desde la consejería de Derechos Sociales, Candelaria Delgado lamentó el boicot de los gobiernos autonómicos, pero fuentes de su propio Gobierno autonómico dijeron "comprender perfectamente la actitud de estas regiones ante la inacción del Gobierno central".
Fuentes cercanas al presidente autonómico, Fernando Clavijo, son todavía más duras: acusan a Moncloa de "ganar tiempo para 'empaquetar' a todos los menores, los migrantes y los solicitantes de asilo, en el mismo envío, porque los tratan como fardos".
Así, según estas fuentes, Moncloa incumple la orden del Tribunal Supremo, "al trasladar menos de los que deberían hacer por ley, por orden de la Justicia y para aliviar verdaderamente la emergencia humanitaria en la que viven las Canarias".
El Gobierno canario prepara un escrito de queja para entregar al Tribunal Supremo, acusando al Gobierno central de "desobediencia" por no cumplir con los plazos impuestos judicialmente para asumir menores solicitantes de asilo.