La crisis migratoria que golpea a Canarias desde hace más de dos años vivió un nuevo episodio esperpéntico este jueves, con el plante de las CCAA del PP a la ministra Sira Rego, en la Conferencia Sectorial. Sin embargo, el Gobierno de las islas, presidido por Fernando Clavijo, aunque lamenta el "desplante" dice "comprender" a los gobiernos regionales peninsulares.
Fuentes internas del Ejecutivo de las islas acusan abiertamente al Gobierno central de "incumplir" sus obligaciones y de "trampear" tanto los plazos como el número real de menores extranjeros no acompañados (menas) que deben ser trasladados fuera del archipiélago.
Pese a los acuerdos iniciales, que comprendían 4.000 chicos y chicas (además de los 400 procedentes de Ceuta) y alrededor de 1.200 menores solicitantes de asilo, sólo saldrán 3.355 "y no antes de septiembre", según las previsiones oficiales.
Los datos son demoledores. A fecha de 13 de julio de 2025, Canarias tiene bajo tutela a 5.484 menas.
Todos viven "hacinados", según constató el Tribunal Supremo el pasado marzo, en los 86 centros de acogida repartidos por las islas. De ellos, 5.154 están al cuidado de entidades especializadas y otros 330, directamente bajo la responsabilidad de los cabildos insulares.
Los traslados a la península, y la consiguiente descongestión, siguen sin materializarse a pesar de las promesas y los compromisos gubernamentales.
El enfado del Gobierno canario trasciende el plano institucional. Denuncian una "emergencia humanitaria" que pone en jaque tanto el "sobresaturado" sistema de protección de menores como la capacidad financiera, sanitaria y educativa de las islas.
"La inacción es del Estado, que no ha asumido ninguna de sus obligaciones, ni políticas, ni constitucionales, ni humanitarias, ni económicas", subrayan desde el Ejecutivo insular.
La guerra política
El origen del actual desencuentro se sitúa hace un año. En la Conferencia Sectorial de Infancia de julio de 2024, los barones del PP acordaron con el Gobierno aceptar al menos 300 menores en las comunidades peninsulares gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo.
Esta decisión significó la ruptura, por parte de Vox, de las coaliciones autonómicas en las que compartía gobierno con el PP (Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Murcia), evidenciando ya la complejidad política del problema.
Sin embargo, a medida que el Gobierno central fue planteando un reparto mucho más ambicioso, la postura del PP se endureció. El Ejecutivo de Sánchez invocaba el "principio de solidaridad territorial" recogido en la Constitución para exigir a las autonomías un reparto forzoso de miles de menores.
Pero, según los gobiernos regionales, la Administración estatal omitía el "principio de subsidiariedad", según el cual el Gobierno debía financiar la tutela de estos menores más allá de su mayoría de edad. La falta de diálogo, el uso político de la crisis, la negativa a negociar otra política migratoria y, sobre todo, la negativa a una financiación adecuada están en el centro del conflicto.
Canarias, forzada por la asfixia de sus recursos, logró en diciembre un pacto a tres bandas con el PNV y Junts per Catalunya. El pacto favorecía a los territorios vascos y catalanes, muy beneficiados en el reparto. Por ejemplo, Andalucía y Madrid, ambas gobernadas por el PP, recibirían más de 700 y 600 menas respectivamente, mientras Cataluña acogería menos de 30.
Esto alimentó el malestar en las autonomías populares y acabó por romper las negociaciones. Paralelamente, Junts negociaba con el PSOE la transferencia de las "competencias integrales" de inmigración a la Generalitat, sumando votos para convalidar el decreto en marzo.
El Supremo y el asilo
En ese contexto, una resolución del Tribunal Supremo, fechada el 24 de marzo, amparó la exigencia de Canarias de que el Estado "cumpliera su obligación" de hacerse cargo, además, de los menores solicitantes de asilo llegados a las islas.
Sin embargo, el Ejecutivo alegó "carecer de recursos materiales y humanos", los mismos argumentos esgrimidos por las CCAA del PP para oponerse al reparto obligatorio.
Según los cálculos originales, los ya citados 4.400 migrantes (4.000 desde Canarias y 400 desde Ceuta), además de 1.200 solicitantes de asilo, debían ser trasladados a la península.
Es decir, en total, 5.200 menas menos en Canarias, lo que permitiría ajustar la presión sobre el sistema al límite de las "capacidades objetivas" que, según el Gobierno central, se cifran en 737 menores para el archipiélago.
Pero la realidad, denuncian desde Canarias, dista mucho ahora de esos compromisos.
Entrados ya en la segunda mitad de julio, la cifra de menas que finalmente saldrán de Canarias se limita a 3.355. De ellos, hasta 946 son solicitantes de asilo. El resto, 2.409 menores, serán reubicados en la península, pero siempre por debajo del cupo inicialmente pactado y en unos plazos que se han dilatado varios meses frente a lo dictado por el Supremo.
Pero la "contingencia migratoria" sólo se reconoce cuando la ocupación triplica la cifra de 737 menas en las islas y se supera, como es el caso, más de 2.200 menas acumulados. Desde la aprobación del decreto el 19 de marzo, "el plazo legal de tres meses para los traslados ha expirado", sin que apenas se hayan producido movimientos.
"Ahora, nos restan los solicitantes de asilo con los menores migrantes", denuncia el Ejecutivo de Clavijo. De hecho, muchos de los menores han cumplido ya la mayoría de edad, lo que reduce aún más el número que realmente será trasladado.
El juego político
Las quejas del Gobierno canario porque "no ha habido un solo traslado" hacia el Estado son explícitas y reiteradas: "Aquí siguen todos… y nos dicen que hasta septiembre no comenzarán los traslados, si empiezan", aseguran fuentes del Ejecutivo insular.
El retraso se debe a que desde marzo no se han activado los decretos de desarrollo del decreto original, que reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería. La ministra Sira Rego anunció este jueves que no se aprobarán hasta el Consejo de Ministros del 26 de agosto.
Mientras tanto, el Gobierno central ha ofrecido tan solo financiación para tres meses de acogida, alrededor de 145 euros por menor, una cifra insuficiente, a juicio de Canarias, para cubrir necesidades tan básicas como manutención, escolarización, atención sanitaria y psicosocial, ropa o incluso un techo digno.
"Es normal que las regiones peninsulares se rebelen, porque el Gobierno está usando a los menores como peones en su juego político contra el PP", insisten las fuentes de Clavijo.
La reunión de la Conferencia Sectorial de este jueves fue el último escenario de fricción. Las CCAA del PP plantaron a la ministra Rego, pero el Gobierno canario, aunque perjudicado, dice comprender perfectamente la negativa de sus homólogos.
"La inacción es del Estado", acusan desde el ejecutivo insular, convencido de que el origen del problema está en la ausencia de una política migratoria sólida y en el incumplimiento de las obligaciones legales y humanitarias adquiridas.